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Un diez en violencia institucional para Larreta

La Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer su nuevo informe sobre las denuncias recibidas y casos tratados en los últimos meses. Allí se advierte sobre el avance represivo, la criminalización de la protesta y la pobreza, y el control social en los barrios populares, llevados adelante por el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Red Eco Alternativo.


(Red Eco) Buenos Aires - El informe de la Comisión se sustenta en las denuncias recepcionadas de víctimas de la criminalización de la protesta social, de dirigentes y militantes perseguidos, de trabajadores y trabajadoras informales por parte de agentes de la Policía de la Ciudad. Específicamente se mencionan los casos de artesanos y artesanas, docentes, movimientos sociales y de trabajadores y trabajadoras desocupadas, vecinos del barrio Carlos Mugica (en el marco de las protestas por la aprobación de la venta de terrenos de la Villa 31 para destinarlos al negocio inmobiliario), estudiantes terciarios del Normal 1, entre otros.

Según el informe que todos los años realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, en los tres años de existencia de la Policía de la Ciudad, sus agentes mataron a 68 personas en 36 meses.

A su vez, se denuncia que 282 efectivos policiales que hoy cumplen funciones en la fuerza porteña también actuaron durante la última dictadura cívico – militar, siendo Carlos Kevorkian, ex jefe de Policía, uno de los principales nombres mencionados: “Consideramos un hecho muy grave que 282 policías que cumplieron funciones en la dictadura formen parte de la Policía local, considerando que las Comisarías de la Ciudad en aquella época fueron utilizadas como Centros de Detención ilegal de personas”, señala el informe.

En un apartado especial, se detallan los avances represivos sobre la legislación en la Ciudad, como el nuevo Código Contravencional, el Sistema de Reconocimiento Facial, el “Control Poblacional” de la Resolución del Ministerio de Seguridad 845/19, la Resolución 956/2018 del Protocolo de Uso de Armas de Fuego del Ministerio de Seguridad y la Resolución 395/2019 sobre el uso de Pistolas Taser.

Detallamos algunos de los casos tratados por la Comisión, presidida por Myriam Bregman y dirigida por la también diputada porteña por el PTS-FIT Alejandrina Barry, durante 2019:
El 15 de febrero la Policía de la Ciudad reprimió con gas pimienta y balazos de goma a integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que habían convocado un feriazo en Plaza Constitución y Plaza Miserere, impidiendo que instalen sus puestos. 5 días después fueron reprimidos trabajadores y trabajadoras de la cooperativa MadyGraf, cuando repartían gratuitamente cuadernos frente al Congreso como denuncia de las irregularidades en la licitación de materiales escolares del Ministerio de Educación.

Una semana después, fue el turno de los trabajadores de Coca-Cola y su Comisión de Mujeres, que fueron golpeados mientras se manifestaban en rechazo a un falso Preventivo de Crisis que la multinacional de las gaseosas había solicitado para avanzar con los despidos.

El 11 de marzo fueron reprimidos artesanos y artesanas quienes habitualmente colocaban sus puestos en la calle Defensa al 700 del barrio de San Telmo.

Unos días antes del aniversario del inicio del último golpe cívico militar, decenas de policías en patrulleros y moto amedrentaron a niños, niñas y maestras que realizaban una actividad por el Día de la Memoria.

Además, la Comisión presentó un Pedido de Informe en la Legislatura por el asesinato de Jorge Martín Gómez por parte de un efectivo de la Ciudad que le dio una patada en el pecho; pero hasta el momento de la difusión del informe no se había obtenido respuesta de las autoridades correspondientes.

En cuanto a los casos de violencia institucional contra comunidades extranjeras, la Defensoría General de la Ciudad había advertido que durante 2018 los senegaleses fueron víctimas del 57,5% de los casos. Al respecto, la Comisión señaló que esta práctica fue recurrente también durante todo el año 2019, y alertaron además sobre las detenciones arbitrarias que se produjeron contra quienes monitorean e intentan interceder ante situaciones violentas en la vía pública por parte de la policía de la Ciudad, siendo uno de los ejemplos recientes la detención del periodista Martín Rodríguez cuando quiso mediar en la detención violenta de un joven por parte de un grupo de ocho agentes, que lo acusaban de un hurto.

Legislación represiva

En su informe, la Comisión enumeró algunas de las leyes votadas por el parlamento porteño que implicaron un avance en el accionar represivo.

A fines de 2018, los legisladores votaron el nuevo Código Contravencional, que fue presentado por el oficialismo como una herramienta para combatir a las “mafias” y prevenir, especialmente, la violencia de género.

“Con la reforma se crearon nuevas contravenciones cometidas a través de medios electrónicos que contemplan especialmente a las víctimas mujeres (hostigamiento y cyber-acoso), y en contravenciones ya existentes incluyen agravantes en razón del género de la víctima. Además, de la posibilidad de realizar denuncias anónimas, bajo el argumento de preservar a las mujeres y evitar que sufran represalias si denuncian situaciones de violencia. La lógica detrás de esta reforma es clara. El gobierno utiliza una problemática grave y real como es la violencia de género para justificar un aumento del punitivismo en relación al espacio público y para otorgarle mayor discrecionalidad y facultades de control y represión a la Policía de la Ciudad. Lo paradójico del asunto es que en el marco de un año de enormes movilizaciones en reclamo de mayores derechos para las mujeres, mientras presentaba el proyecto de reforma, el gobierno se negó a discutir en la Legislatura medidas elementales para las miles de mujeres que sufren la violencia de género, tales como la construcción de refugios transitorios y planes de viviendas, regímenes de asignaciones económicas y cobertura social, planes de inserción laboral para mujeres desocupadas, licencias laborales en el ámbito público y privado, licencias y pases educativos para las víctimas y sus hijos, o la creación de equipos interdisciplinarios que acompañen integralmente a las víctimas de violencia. En definitiva, con este nuevo Código se alienta y endurece la persecución policial contra miles de mujeres y madres de bajos recursos que acuden a trabajos informales en la vía pública para garantizar el alimento de su familia”, expresaron desde la Comisión en su informe.

En este sentido, reiteraron que esta reforma del Código actúa en los hechos como un regreso a los edictos policiales: “Por un lado, aumenta considerablemente la cantidad de conductas que son consideradas contravención y, por ende, aumenta las posibilidades de la Policía de intervenir de oficio. Por otro lado, con las nuevas denuncias anónimas la Policía de la Ciudad puede justificar su intervención ante cualquier situación: al no ser necesario acreditar la existencia real de una denuncia, les alcanzará con labrar un acta donde solo conste el incomprobable anonimato de la denuncia”.

Desde la presidencia de la Comisión advirtieron que de esta manera se persigue no solo a artistas callejeros, sino también a quienes realizan actividades políticas en la vía pública: “Se persigue lo que cada día crece más: la venta ambulante de aquellos que intentan ganarse la vida como pueden tratando de ocultar que en la Ciudad de Buenos Aires cada día crece más la pobreza y la precariedad laboral”.

En abril de 2019, el gobierno porteño presentó además el Sistema de Reconocimiento Facial de la Policía de la Ciudad. Se trata de una tecnología que permitiría localizar y detener a personas prófugas mediante la detección de rostros a través de 300 cámaras de video-vigilancia ubicadas en distintas calles y estaciones de subte.

“A lo largo de estos meses, pudimos ver con esta ‘nueva tecnología’ la arbitrariedad en las detenciones. El nuevo sistema no anula la discrecionalidad del agente policial, que sigue cazando con su ojo vigilante. Lo complementa. El arresto por portación de rostro se combina ahora con la detención al voleo”, expresaron.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli fueron reelectos como jefe y viceje de gobierno porteños en las elecciones de octubre de 2019. Santilli además continuará a cargo del área de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente todo parece indicar que los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura tendrán tanto o más trabajo que en los años anteriores.

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