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1395 privados de su libertad denunciaron 5314 hechos de tortura durante 2018

El dato surge del octavo informe anual del Registro Nacional de Casos de Tortura que elaboran la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria Nacional y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina – “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, dice el artículo 18 de la Constitución Nacional

Sin embargo,  “La tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente, es constitutiva del poder de castigar en el encierro de prisión”, afirman las organizaciones que llevaron adelante en forma conjunta este Registro, el primero de Malos Tratos y Tortura de alcance nacional.

Según explican desde las organizaciones, en 2018 se identificó, una vez más, “la ocurrencia regular y sistemática de prácticas de torturas y malos tratos por parte de funcionarios penitenciarios contra las personas detenidas en cárceles federales. Estos malos tratos y torturas se expresan a través de una diversidad de prácticas que se inscriben en distintas y complejas estrategias de gobierno y disciplinamiento por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Estas prácticas penitenciarias violentas demuestran que la pena de prisión es y se despliega como pena corporal”.

El trabajo de campo se realizó en 13 unidades penales de la Provincia de Buenos Aires; en 7 unidades penales y 1 alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. También se relevaron víctimas en otras 10 cárceles federales y 9 unidades de servicios penitenciarios provinciales (de Misiones, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza); otras 23 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, y 3 centros cerrados del organismo de niñez y adolescencia de la Provincia de Buenos Aires.

De las 1395 víctimas, el 89,5% es varón (1249), el 9,1 mujer (127) y 1,3 trans (19). Poco más de la mitad, el 52,1% tiene entre 22 y 34 años (727). En cuanto a la cantidad de hechos según tipo de tortura y/o maltrato, encabeza la lista el Aislamiento (944), seguido por Malas condiciones materiales de detención (885), Agresiones Físicas (764), Falta o deficiente asistencia de la salud (633), Falta o deficiente alimentación (569), Impedimentos de vinculación familiar y social (401), Requisa personal vejatoria (355), Amenazas (273), Traslados gravosos (192), Robo y/o daño de pertenencias (188), Traslados constantes (110).

Para las organizaciones, el hecho de que el aislamiento sea el tipo de tortura relevado con mayor frecuencia, “cristaliza la diversificación y multiplicación de dicha práctica tanto en el ámbito federal-nacional como en el provincial”. El segundo lugar para las malas condiciones materiales “evidencia lo extendido del gobierno penitenciario a través de la degradación y la gestión de la falta y escasez”. En este sentido, son moneda corriente la falta de agua, de luz eléctrica, de vidrios en las ventanas, el deterioro de las instalaciones y en particular de sanitarios, la presencia de cucarachas y ratas, la falta de colchones y frazadas, la desprovisión de elementos de higiene y limpieza.

Respecto a las agresiones físicas, evidencian la persistencia de la violencia física sobre los cuerpos de los detenidos, a través de la reiteración de hechos que incluyen actos combinados de golpes de puño, patadas, palazos, y en ocasiones incluyen otras modalidades de agresión como el uso de gas pimienta o lacrimógeno, el “criqueo/motoneta” (acto de esposar violentamente a las personas detenidas, con los brazos atrás y levantados más allá de la cabeza), el “Plaf-plaf” (golpes simultáneos con las dos manos en ambos oídos).

La Comisión, la Procuración y el Grupo de Estudios sostienen que el aislamiento, las malas condiciones materiales y las agresiones físicas son tipos de tortura que han registrado las mayores frecuencias durante los ocho años que se viene elaborando este Registro, lo que marca la persistencia de la regularidad y sistematicidad de estos malos tratos en las cárceles.

En relación a las malas condiciones materiales de detención (pésimas condiciones de habitabilidad y alimentación deficitarias sumada a la falta de higiene y salubridad en la comida entregada), en promedio cada víctima padeció más de 14 de estas deficiencias, como no provisión y/o deficiente provisión de elementos de higiene personal y para la celda, falta o deficiente calefacción / refrigeración, no provisión y/o deficiente provisión de ropa de cama, falta o provisión irregular de agua caliente, instalación eléctrica riesgosa, deficiente estado de los sanitarios, colchón deteriorado / medio colchón, falta de luz natural, no provisión y/o deficiente provisión de elementos

para comer y beber, falta de almohada, celda / pabellón con insectos, falta de vidrios en las ventanas, humedad, malos olores, celda / pabellón inundado, falta o desprovisión de mobiliario, falta de luz artificial, falta de ropa, falta de agua en la celda, falta de calzado, falta de colchón ignífugo, irregular acceso a sanitarios, hacinamiento, falta de acceso a duchas, falta de colchón, falta de ventana, falta de instalación eléctrica, falta de acceso a sanitarios, falta de cama o camastro.

En cuanto a la falta o deficiente asistencia de la salud, el 35,7% de los hechos denunciados se vincularon a problemas de salud diagnosticados, es decir que han sido diagnosticados por un profesional de la salud, sea una enfermedad determinada, afección circunstancial o crónica que requiere de un tratamiento específico. Sobre este total, el 33,3% de las víctimas afirmaron que no fueron vistos por agentes sanitarios, llevando en promedio 195 días –más de 6 meses– padeciendo la afección sin asistencia alguna. El 66,7% de los hechos refieren a una atención deficiente del problema de salud diagnosticado, con un promedio de 135 días –más de 4 meses– padeciendo la afección en tales condiciones.

En general, las deficiencias en la atención más frecuentes en cuanto a los problemas de salud diagnosticados fueron: entrega de medicamentos en forma discontinua o de medicación no pertinente, realización deficiente de tratamientos, falta de controles y estudios, falta de atención especializada, falta de dieta a quienes la requieren.

En el informe se incluyen varios relatos de quienes padecen estas vejaciones, reproducimos tan solo uno a modo de ejemplo: “Tengo HIV y Hepatitis C. Desde que estoy en ‘buzones’ no me atienden. Nunca me vio un médico, no me hicieron análisis ni me dan medicación. El enfermero dice que están esperando mi legajo para ver qué tengo realmente. Juegan con mi vida”.

En tanto, el 31% de los hechos de falta y/o deficiente asistencia de la salud se vincularon a problemas de salud sin diagnóstico médico, referidas a dolencias o malestares que son persistentes y que ni siquiera tienen un diagnóstico preciso. Sobre este total, el 35,9% de los hechos las víctimas afirmaron que no fueron vistos por agentes sanitarios, llevando, en promedio 144 días –casi 5 meses– padeciendo la afección sin asistencia.

Durante 2018 también se registraron 245 víctimas de amenazas y la gran mayoría precisó el motivo. El 46,9% atribuyó como motivo de las amenazas impartidas por agentes del Servicio Penitenciario el “haber denunciado/ para que no denuncien”, mientras que el 31,4% lo asoció a “efectuar reclamos”, entre los que se destacan aquellos por pedidos de cambio de alojamiento, de asistencia médica, seguido de protestas contra el cuerpo de requisa, demandas por falta y/o deficiente alimentación y malas condiciones materiales.

El informe incluye además el Registro de Casos de Tortura y/o Malos Tratos por parte de las Policías y Otras Fuerzas de Seguridad en el Espacio Público y Centros de Detención No Penitenciarios. Como síntesis del trabajo realizado, las organizaciones señalan que existe “un ‘piso’ generalizado de malos tratos y torturas vinculado a la falta de capacidad de las dependencias policiales para alojar personas, en cuanto a espacio, personal y servicios. Así, cualquier persona sometida al encierro en comisarías padecería malas condiciones materiales en aislamiento, falta o deficiente asistencia de la salud y mala alimentación.

Un condicionamiento ambivalente para la vinculación familiar y la asistencia material que esta supone para las personas detenidas ante la desprovisión estatal. Mientras el encierro en comisarías emerge como ‘preferible’ al carcelario para la concreción de visitas (por la cercanía respecto de los lugares de residencia, la menor cantidad de personas que reciben visitas, la relativa labilidad de las reglas impuestas para el contacto) surgen una serie de malos tratos vinculados a la informalidad: la negación discrecional del ingreso, el maltrato selectivo a familiares y las pésimas condiciones materiales y de infraestructura para la visita.

Toda una serie de prácticas violentas (agresiones físicas, requisas vejatorias, robos, daños de pertenencias y amenazas) que inauguran la relación de asimetría entre personas detenidas y agentes del sistema penal. Entre ellas, la asignación de las tareas de requisa a personal externo a las comisarías (los ‘paleros’) aparece como el mecanismo más violento de bienvenida al encierro punitivo.

La participación necesaria de la agencia judicial en la producción de torturas y su impunidad, con la intervención ex post facto ante las violaciones de derechos que supone el encarcelamiento que ella misma genera y la renovación de los malos tratos por el abandono, el descreimiento y la humillación de las personas detenidas”.

Tal como afirman la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria Nacional y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA, la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente, y los informes que elaboran anualmente así lo confirman.

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. ... 118 de la Constitución Nacional

VER informe completo

http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/cct/informesrnct/Informe_2018.pdf

 

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