Casación revocó absolución de represor Juan José “Pipi” Pomares
Tras la apelación de las querellas de organismos de Derechos Humanos, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal decidió revocar la absolución del integrante de la CNU, que había dictado el TOF 1 de La Plata en noviembre de 2017.
Reproducimos comunicado de HIJOS La Plata:
Este martes 30 de abril la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal difundió el fallo donde resuelve confirmar la condena perpetua para Carlos Ernesto “Indio” Castillo y revocar la sentencia absolutoria sobre Juan José “Pipi” Pomares, ambas dictadas por los jueces del TOF 1 platense Alejandro Emsoris, Pablo vega y Nelson Jarazzo en noviembre de 2017. Casación decidió imponer una sentencia condenatoria sobre Pomares y envió el expediente al tribunal de origen para que dicte una nueva sentencia valorando debidamente la prueba.
Castillo había llegado a juicio acusado como coautor material de los homicidios doblemente calificados de Carlos Domínguez y Leonardo Miceli, la violación de domicilio y los secuestros simulando orden de autoridad pública sobre Domínguez, Miceli y Roberto Fiandor, y por robo con arma en el caso Domínguez. En tanto a ambos represores se los acusó de los homicidios doblemente calificados de Néstor Dinotto y Graciela Martini, los secuestros y torturas sufridos por éstos y por los sobrevivientes Daniel Pastorino y Adelaida Barón. Este hecho ocurrió el 4 de abril de 1976, es decir durante la última dictadura, y comprueba la continuidad del accionar delictivo de la CNU en coordinación con la represión policial y militar.
Por decisión del TOF 1 platense Castillo fue condenado en todos los casos, excepto en el de Pastorino, porque se puso en duda la testimonial de, y Pomares absuelto en todos los casos por “beneficio de la duda”, ya que si bien se reconoció su pertenencia a la CNU los jueces platenses dijeron no convencerse de que haya actuado en el hecho investigado.
Ahora, con voto unánime de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carbajo, el tribunal de segunda instancia dio razón a las querellas de los organismos de Derechos Humanos que afirmaron que en base a los testimonios de dos sobrevivientes se podía confirmar la actuación de Pomares en el hecho de abril del ‘76.
Como puntos sobresalientes del fallo se destacan la reafirmación de que los crímenes cometidos por la CNU representan delitos de lesa humanidad pese a haberse cometido antes del 24 de marzo de 1976 ya que la banda actuaba “con aquiescencia del Estado”, su “metodología represiva y la identidad de las agencias intervinientes guardaban conexión suficiente con el ataque generalizado y sistemático” que realizó posteriormente la dictadura, y porque su accionar “estaba dirigido desde altas esferas del gobierno argentino”.
Respecto a los fundamentos por los que el TOF1 decidió absolver a Pomares, la Cámara determinó que los jueces platenses realizaron una “errónea interpretación de las normas procesales vigentes”, con lo cual “corresponde dar razón a los impugnantes”.
Concretamente cuestionaron la nulidad que se había declarado de los reconocimientos fotográficos de Pomares realizados por los testigos Walter Martini, hermano de la víctima Graciela Martini que presenció su secuestro, y Daniel Hugo Pastorino sobreviviente de los hechos del 4 de abril de 1976. Martini reconoció en juicio, aunque sin total certeza por el paso del tiempo, a Pomares en 2 fotos de entre un total de 109, y Pastorino lo señaló en un álbum como uno de los que los secuestró, que los persiguieron, que le hicieron un simulacro de fusilamiento y detuvieron el auto en el cual se trasladaba a balazos, el que más le pegó porque conocía a su propio hermano, que estaba detenido, y también lo recordó como una de las personas que lo llevó en el trayecto hasta la calle 2 y 32 donde lo liberaron.
El juez Castelli puso en duda el recuerdo del sobreviviente Martini, que tenía 10 años al momento de los hechos, y quiso imponer que la identificación de Pomares pudo ser sugerida a Pastorino por sus compañeros de militancia a través de los años.
Ahora Casación despejó las dudas sembradas por los jueces platenses y dijo que en principio los reconocimientos fotográficos son válidos, que en una declaración testimonial no requieren las exigencias de una rueda de reconocimiento, ya que no son lo mismo que una rueda para determinar la identidad de una persona, y que por lo demás los reconocimientos fotográficos son una simple manifestación informal o un medio informativo que puede ser libremente valorado por el tribunal.
Tras descartar el punto que declaraba nulos los reconocimientos fotográficos y el que absolvía a Pomares, Casación dictó una sentencia condenatoria al represor y remitió la causa al TOF 1 de La Pata, no para que realice un nuevo juicio sino para dicte una nueva sentencia valorando debidamente la prueba, con derecho del imputado a recurrir el fallo ante un tribunal superior.
Cabe destacar que pese a esta victoria, Casación convalidó la arbitraria absolución de Castillo en el caso de Fiandor, ya que avaló el cuestionamiento del testimonio de la hija de Dominguez, secuestrado en el mismo operativo que Fiandor, por no ser testigo directo del hecho. Recordemos que Silvia Dominguez dijo en el debate que Fiandor le había contado que había sido secuestrado la misma noche que su padre, pero el sobreviviente falleció antes de que se sustanciara el debate oral de 2017. Nuevamente la tardanza del Estado en completar las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos a 40 años juega a favor de los genocidas.
Finalmente cabe señalar que pese a la insistencia de los organismos de Derechos Humanos ante los fiscales que habían actuado en el juicio oral, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, el ministerio público decidió no apelar la absolución de Pomares ni el apartamiento de Castillo del caso Fiandor.
Esta sentencia de Casación significa también un nuevo impulso para completar las investigaciones, juzgar y castigar la totalidad de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante el tercer gobierno peronista. Recordemos que en el juicio de 2017 se juzgó a solo 2 represores de la CNU por 7 víctimas. Y a esta altura de los acontecimientos es harto conocido que este grupo paraestatal en la ciudad de La Plata estuvo conformado por al menos 40 represores que asesinaron a 68 víctimas cuyos casos están debidamente denunciados hace décadas. El debate de 2017 es hasta la fecha el primer juicio en que se investigaron hechos cometidos por la CNU en La Plata previos al golpe y durante la dictadura. Los casos de la mayoría de las víctimas de la banda de la derecha peronista y sus familiares continúan esperando justicia.
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COMPAÑER@S ASESINAD@S EN LA PLATA POR LA CNU EN EL GOBIERNO DE ISABEL MARTÍNEZ DE PERÓN
Octubre de 1974.
Fueron secuestrados en La Plata Rodolfo Achem (secretario administrativo de la UNLP) y Carlos Alberto Miguel (director de Planificación de la UNLP). Sus cadáveres acribillados por la espalda aparecieron en Sarandí.
Noviembre de 1974.
La banda comandada por Castillo secuestró y asesinó a Carlos Alberto Fabiolo De la Riva, estudiante de arquitectura de la Unlp y militante de un desprendimiento del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Diciembre de 1974.
El 7 de ese mes fue asesinado en La Plata Enrique Rusconi, reconocido dirigente del Partido Comunista Revolucionario (PCR).
Enero de 1975.
Un grupo de tareas de la CNU secuestró y asesinó a Guillermo Savloff, docente de la Universidad Nacional de La Plata.
Marzo de 1975.
En distintas acciones, el grupo de tareas de Castillo asesinó a los militantes de la tendencia revolucionaria peronista Rodolfo “Rusito” Ivanovich, Mirta Aguilar y Roberto Basile. También secuestraron en la casa de sus padres y asesinaron a Hernán Roca, hermano de Marcelo, militante de la Fracción Roja del PRT que buscaban en ese operativo.
Abril de 1975.
Un comando conjunto de la CNU y la Triple A asesinó en La Plata al médico Mario Gershanik en la casa de sus padres, a sólo una cuadra de la Jefatura de Policía. En distintas acciones, la CNU también secuestró y asesinó a la militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y empleada por reunión del Hipódromo, Luisa Marta Córica; a los militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Nélida Villarino y Julio Urtubey; a Enrique Rodríguez Rossi, un militante de las Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de Agosto (FAL 22), que había logrado infiltrarse en el nivel más alto de la patota, y al conscripto Marcelo Adrián Sastre, por el solo hecho de ser amigo de Rodríguez Rossi.
Junio de 1975.
Un comando conjunto de la CNU platense y marplatense secuestró y asesinó en Mar del Plata al militante del peronismo revolucionario Víctor Hugo Kein y al adolescente Jorge Del Arco, de 17 años, quien acompañaba a Kein en el momento de su secuestro.
Julio de 1975.
En una cadena de atentados, los primeros días del mes, la CNU asesinó a los militantes de la JUP Mario Cédola, Pablo Del Rivero y Jorge Rivas; a los militantes del Grupo Universitario Socialista (GUS) Roberto Antonio Rocamora y Norberto Juan Rolando, y al estudiante de la Unlp Guillermo Oscar Codino. Estas muertes formaron parte de la operación “Once por Ponce”, montada por la patota de Castillo en represalia por la muerte de Gastón Ponce Varela, ejecutado por Montoneros pocos días antes. Ninguna de las víctimas tenía relación alguna con los autores de la muerte de Ponce. A fin de mes, otro grupo de la CNU asesinó a Ricardo Carrera y Eduardo Lascano, integrantes de la organización espiritualista Silo.
Agosto de 1975.
La banda de Castillo secuestró y asesinó al militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Luis Macor.
Septiembre de 1975.
Los primeros días del mes, 4 y 5, un grupo comando de la CNU secuestró y asesinó a ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST): Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto Loscertales, Ana María Guzner, Lidia Agostini, Carlos Povedano, Patricia Claverie y Oscar Lucatti. Masacre de La Plata.
Diciembre de 1975.
La CNU asesinó a Jorge Lopeire. En otro operativo, a plena luz del día, la banda de Castillo secuestró y asesino al militante de la Juventud Peronista Jorge Ruda. También fueron secuestrados y asesinados los changarines del Mercado de Abasto de La Plata Leopoldo Luna, Narciso Saavedra y Miño, Ismael Torrilla y Pedro Benítez. La noche del 24 de diciembre secuestraron en la casa de sus padres –cuando no encontraron a su hermano, militante de Montoneros– y asesinaron a Arturo “Patulo” Rave, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), de 17 años.
Enero de 1976.
Por orden del Batallón de Infantería 3, un grupo de tareas de la CNU secuestró de sus casas y asesinó en las afueras de La Plata a los delegados de Propulsora Siderúrgica Carlos Scafide (integrante del PST) y Salvador Pampa De Laturi (militante del frente gremial del PRT). En otra acción, la patota de Castillo secuestró y fusiló al militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Sergio García, hijo de un dirigente justicialista de La Pampa.
Febrero de 1976.
Por orden directa del gobernador Victorio Calabró, la CNU secuestró
y asesinó Carlos Domínguez, dirigente justicialista platense y gremialista del hipódromo
de esa ciudad. También asesinó al estudiante Alcides Emilio Méndez Paz.
EN DICTADURA
Marzo de 1976.
En un solo operativo, el grupo de tareas comandado por Castillo secuestró y asesinó a cuatro trabajadores del hipódromo de La Plata: Eduardo Julio Giaccio, Enrique Rojas, y los hermanos Gerardo y Raúl Arabel. En otra acción, secuestró y asesinó al militante de la JUP Máximo Leonardo Agoglia, hijo de un ex interventor de la Universidad Nacional de La Plata.
Abril de 1976.
En una misma noche, la CNU secuestró y asesinó a dos delegados gremiales de una empresa contratista de Propulsora Siderúrgica, Guillermo Miceli y Carlo Satich, y al activista gremial del Ministerio de Economía de la Provincia Horacio Urrera. En otra acción, interceptaron el taxi en que viajaban los militantes peronistas Graciela Martini, Néstor Di Notto, Adelaida Barón y Daniel Pastorino. Martini y Di Notto fueron asesinados luego de ser torturados en una casa operativa de la banda, en tanto que Pastorino y Barón salvaron milagrosamente la vida por la intervención de Patricio Errecarte Pueyrredón, integrante de la patota que conocía a los familiares de Barón.