Red Eco Alternativo ***

Nuevo pedido de juicio político contra fiscal general de Mar del Plata

Así lo solicitaron distintos organismos de derechos humanos y sindicales contra Fabián Fernández Garello por su participación en delitos de lesa humanidad como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) durante la dictadura militar.  Los nuevos hechos por los que se lo acusa incluyen la desaparición forzada del ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina, y el espionaje, infiltración y persecución de exiliados chilenos. La información surge de nuevas pruebas halladas en el archivo de la DIPPBA, que se encuentra bajo custodia de la Comisión Provincial por la Memoria desde 2001. Red Eco Alternativo 

 


(Red Eco) Buenos Aires- Entre los datos relevados, se da cuenta del accionar represivo sobre el ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina, secuestrado por personal de la Policía Bonaerense el 9 de febrero de 1979 en su propia casa, ubicada en un asentamiento de Villa Pineral, frente a sus hijos de 13, 15 y 16 años. Medina fue luego trasladado a la comisaría 1ª de Tres de Febrero y, ese mismo día, la delegación de San Martín de la DIPPBA elaboró un informe sobre su militancia en el Partido Comunista de Paraguay a partir de información recogida tras el operativo. Ese memorando de inteligencia lleva el sello y la firma del comisario Federico Héctor Capurro, Segundo Jefe a cargo de la Delegación DIPPBA San Martín, y el entonces oficial ayudante Fabián Uriel Fernández Garello. Mario Ramírez Medina continúa desaparecido.

El segundo hecho ocurrió entre 1978 y 1981, cuando la delegación San Martín de la DIPPBA coordinó y ejecutó acciones de espionaje e infiltración sobre una familia de ciudadanos chilenos; tareas de inteligencia que fueron reconocidas por el propio Fernández Garello en sus declaraciones ante la justicia, minimizándolas al describirlas como un “simple censo de ciudadanos extranjeros”.

“Mi tarea asignada en aquella oportunidad ha sido el relevamiento de ciudadanos chilenos. Llegué a relevar alrededor de 5000 ciudadanos de aquella nacionalidad sin importar filiación alguna y por la sola circunstancia del conflicto internacional en trance”, había declarado el actual fiscal general. Sin embargo, los documentos de la DIPPBA revelan que se trató de un minucioso trabajo de inteligencia, seguimiento y persecución político-ideológico de ciudadanos chilenos.

Desde los organismos denunciantes se aseguró que Fernández Garello debió declarar esta tarea porque no le quedaba otra opción, ya que en su legajo de empleado policial había constancia de la distinción que le otorgaron por ese trabajo a pedido de su jefe, el comisario Bustos, condenado luego por crímenes de lesa humanidad.

La intervención de Fernández Garello aparece rubricada en un memorando del 17 de octubre de 1980 que eleva “información referente al censo llevado a cabo en el Club Unión Chile Argentina”, donde participaba la familia chilena que fue infiltrada. Allí se describen los inicios del club y su localización, y se advierte que “podrían llegar a realizarse actividades de propaganda ideológica en la institución de marras”.

Además de Fernández Garello, estas nuevas denuncias involucran a otros ocho miembros de la delegación San Martín de la DIPPBA: el comisario Federico Capurro y los agentes D.L. Torre, José Figal, Enrique Barré y Mario Ossá por el primero de los hechos; y el jefe de la Delegación Miguel Sopegno y los miembros Hugo Roberto Godenzi y Abelardo Elpidio, por el segundo.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante en la causa que tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín y que investiga los crímenes cometidos en la entonces jurisdicción del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. En esa misma causa, Fabián Fernández Garello y otros miembros de la DIPPBA—San Martín ya están denunciados por la participación la detención de tres militantes comunistas en 1981 y apremios ilegales contra otro, en 1982.

“Las acciones de inteligencia fueron parte constitutivas del plan de exterminio y del modus operandi del terrorismo de Estado, y la delegación de la DIPPBA—San Martín fue parte central en estos delitos. El año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín se pronunció en ese sentido y sostuvo que la actuación de la delegación de inteligencia de San Martín fue parte del plan sistemático de represión coordinado con el batallón de inteligencia 201 de Campo de Mayo”, explicaron los organismos, quienes - ante la gravedad de los delitos denunciados - reclamaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la suspensión del Fiscal General de Mar del Plata de sus funciones y reabrir el juicio político en su contra.

Entre las organizaciones que realizaron este pedido se encuentran, además de la CPM, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Comisión de familiares amigos y ex compañeros de Ana María Martínez, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Mar del Plata. También acompañan el reclamo miembros del Club Atlético Deportivo Paraguayo y los hermanos Boris y Dimitrov Casanova Chávez, una de las familias de exiliados chilenos que fueron perseguidas por la DIPPBA y que integraban en aquel momento el club Unión Chile Argentina.

“Condenar las acciones de espionaje realizadas en tiempos de dictadura y a sus responsables resulta fundamental para poder dar un debate serio y profundo sobre el rol de la inteligencia en la actualidad. Mientras la condena de los hechos del pasado no sea ejemplar, la sociedad argentina vive en un permanente riesgo de debilitamiento porque se propician condiciones para que la inteligencia ilegal prolifere y se consolide como un verdadero aparato paralelo que socava el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

Es inadmisible que, mientras se impulsa un juicio político contra un juez que investiga el espionaje ilegal en democracia y se intenta obstruir esa investigación, Fernández Garello haya seguido en funciones todos estos años cuando fue parte del esquema represivo que se desplegó durante el terrorismo de Estado -como lo demuestran los archivos de la DIPPBA, que ya fueron reconocidos judicialmente por su aporte probatorio en todos los juicios por crímenes de lesa humanidad”, expresaron los organismos.

 

Logo agenda

SUSCRIPCIÓN / para recibir información

Una vez por semana el colectivo elabora un boletín con las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!