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La Procuración General de la provincia de Buenos Aires dispuso el cierre del trámite disciplinario contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, que se había iniciado a partir de una presentación de la Comisión por la Memoria al considerar que la participación del funcionario judicial en delitos de lesa humanidad, actuando como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense durante la dictadura, constituye “una falta disciplinaria de gravedad institucional para un estado de derecho”.

 

Por su accionar durante el Terrorismo de Estado, Fernández Garello fue imputado por la justicia federal, pero las autoridades del Ministerio Público Fiscal consideraron que esta conducta no amerita una sanción.

Durante la última dictadura cívico-militar, el ahora fiscal marplatense se desempeñó como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA). Entre los años 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia.

Según se desprende de los legajos del archivo de la DIPPBA, que la Comisión Provincial por la Memoria gestiona desde 2001, Fernández Garello está involucrado en la causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista, en 1982, y en la detención de otros tres militantes de ese Partido, el 23 de julio de 1981. El entonces oficial subinspector participó del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores. También en acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos.

Desde la CPM advirtieron: “A pesar de conocer todo este material probatorio, el procurador Julio Conte Grand decidió desestimar la investigación del fiscal y fundó su decisión en meros formalismos y razones endebles que no sólo desconocen -como ya se dijo- la gravedad institucional de este hecho sino que van contra las mismas obligaciones que tiene la Procuración.

En ese sentido valoró, por sobre la prueba documental, el descargo del propio fiscal que minimizó como ‘tareas administrativas’ algunas de sus acciones como agente de la DIPPBA y justificó otras, por ejemplo, en la legalidad de la detención de los militantes del Partido Comunista. Y, finalmente, se escudó en la continuidad de la investigación penal.

Nada de esto reduce la obligación de la Procuración que, a través de su Departamento de Control Interno debe investigar ‘toda denuncia o actuación referida a faltas disciplinarias atribuibles a magistrados, funcionarios y/o empleados del Ministerio Público, y a hechos que por su naturaleza comprometan institucionalmente su normal funcionamiento’”.

Para el CPM esta justificación es inadmisible “dada la gravedad institucional que implica que un fiscal general de la democracia haya sido parte del aparato represivo y que, además, haya ocultado su condición de ex espía de la DIPPBA en sus antecedentes”.

Fuente: Agencia Andar

 

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