Red Eco Alternativo ***

Cuarta Jornada del juicio contra la policía de Río Negro

Reproducimos la crónica de la Multisectorial contra la impunidad y la represión sobre la cuarta jornada del juicio a los ocho efectivos de la policía de Río Negro acusados por los asesinatos de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas, así como por trece heridos durante la represión masiva del 17 de junio de 2010 en San Carlos de Bariloche.

Se amplió el tiempo que se investiga por los hechos trágicos del 17 de junio de 2010

El ministerio público fiscal puso la lupa a los movimientos y órdenes de los jefes y personal de servicio de las horas de la mañana, con epicentro en la comisaría 28 de San Carlos de Bariloche, pudimos interpretar de las preguntas hechas a los ocho testigos que declararon en la cuarta jornada del juicio contra la cúpula de la policía de Río Negro.

De sostenerse esa perspectiva, la causa respetaría y respondería a la verdad histórica que establece relación directa entre:

-La ejecución de Diego Bonefoi con un único disparo desde atrás perpetrado alrededor de las 5.15 de la madrugada del 17 de junio en una plaza ubicada a pocas cuadras de la comisaría de la jurisdicción;

-La revuelta popular de repudio al crimen del jovencito de 15 años, que se centró en el edificio donde prestaba funciones la patrulla nocturna que lo mató; y,

-La militarización del barrio con efectivos de todas las unidades y despliegue más allá del resguardo del edificio de la comisaría desde el mediodía;

-Los disparos fatales contra Nino Carrasco (alrededor de 16.30) y Sergio Cárdenas (una hora después);

-y, numerosos heridos entre las 15 y las 21, aproximadamente, según los trece casos de lesionados incluidos en este juicio oral y público.

Durante la instrucción de la causa fueron numerosos los esfuerzos de las defensas de los imputados, del ex fiscal Marcos Burgos y del juez Ricardo Calcagno en aislar los hechos de las muertes. Llevó todo un tiempo anexar los casos de los heridos. Aún así, persistía la descontextualización de los homicidios al no incorporar el análisis de la represión masiva. Incluso, la pericia fotográfica del físico forense Guillermo Pregliasco parte del mediodía.

La necesidad de probar el incumplimiento de los deberes de funcionario público del ex secretario de Seguridad y de las máximas autoridades policiales- presentes en la ciudad y en el lugar durante la mañana- necesariamente exige investigar las conductas funcionales y operativas de desde que se informaron del crimen de Diego a manos del cabo Colombil. A la vez, este acento amplía el radio de interés al desplazamiento de los jefes desde Bariloche a El Bolsón y viceversa ese mismo día, por motivos que ya desarrollaremos, que estarían vinculados a una crisis severa que atravesaba a la policía tras el crimen de un médico forense.

Declararon este jueves 11 Ariel Osés, en actividad, miembro del escuadrón BORA (luego disuelto y actual COER); Hugo Neculmán, de la comisaría 2 del centro que fue movilizado a El Alto; Fernando Manquenao, que prestaba servicios en Dina Huapi; Mariela Bazán, la controvertida repartidora de la munición traída de Prosegur que participó de todo el dispositivo sin ser convocada por autoridad alguna; Mario Ochoa, de la comisaría 2 que llevó munición a comisaría de El Alto; Cristian Nelson Muñoz, chofer del ex jefe de la policía provincial Jorge Villanova; Héctor Asenjo, de la 2 movilizado a El Alto; y Carlos Baiz, subcomisario de operaciones de la 28, poseedor de un notable despliegue discursivo para eludir relatar con precisión su experiencia.

La teoría del “caos” y la sensiblería como estrategia para aminorar la responsabilidad policial

Los 8 testigos que declararon en la cuarta jornada de plenario oral y público ofrecieron muchos elementos que, independientemente del valor probatorio que les reconozca el tribunal a su turno, son valiosos para volver a trazar un mapa del conflicto social y político desatado en Bariloche con el disparo artero del cabo Colombil. La (de)mora del poder judicial y la perspectiva de 8 años transcurridos, nos permite suponer que no hubo descuido en las declaraciones vertidas por cada uno.

Uno de los policías que declaró apuntó hacia arriba en el poder real que detentarían algunos de los exjefes, advirtiendo que aún “en situación de retiro siguen siendo mis superiores” y que “cualquiera de ellos puede llegar a ser titular de la Jefatura si lo nombra un gobernador”. Otros dos, en rasgos muy generales, desde la perspectiva de la intervención policial masiva en las que también intervinieron como profesionales, compararon la “crisis” de junio con la de diciembre del 2001, la toma de penales y la posterior de “saqueo” a los supermercados de diciembre de 2012 en Bariloche.

Todos coincidieron en la teoría “del caos y el desborde” y la existencia de riesgo cierto para la propia vida y de sus colegas. El énfasis melodramático del presunto riesgo para la vida es llamativo, ya que justamente son fuerzas profesionales especial y voluntariamente formadas para afrontar situaciones de riesgo. Sebastián Arrondo, defensor de 7 de los policías imputados, insiste en ese perfil melodramático al punto que en hubo quejas por parte de la fiscalía y una querella sobre el modo de interrogar; la presidencia del tribunal le exigió objetividad en las preguntas.

En cierto momento el defensor oficial Marcos Ciciarelo pareció tentarse con esa estrategia de sensibilizar respecto a la policía, lo que puede entenderse como una necesidad de afrontar testimoniales sin haber tenido la posibilidad de leer las hechas en sede judicial durante la instrucción, como buena parte de los 23 cuerpos de expediente y numerosa prueba anexada. Es de esperar que retorne a su perfil centrado en la defensa de Fidel Veroíza, no de toda la corporación policial sumida en el presunto “caos y desborde”. El presidente del tribunal lo interrumpió cuando le pidió a un testigo que exhiba la marca de un impacto con objeto contundente en una pierna, gesto vanal en una causa por dos muertos y al menos trece heridos.

Dos de los testigos reflotaron el tema de gente civil portando armas de fuego desde la revuelta popular.

Al comenzar la cuarta audiencia, Natalia Araya, de la querella en representación de Karina Riquelme, informó al tribunal que varios testigos policías conversaban con varios de los imputados. Aunque es previsible la continuidad y mantenimiento de comportamientos corporativos, resulta provocador que lo mantengan en pleno desarrollo del juicio y a metros de los jueces que deben evitar “la contaminación” de los testigos.

Tal vez ese encuentro de pasillo previo tuviera que ver con insistir en la teoría del caos en general y en particular en desestimar el uso de munición de plomo como las que terminaron con la vida de Sergio y Nino, y las lesiones probadas en varios de los heridos.

Jueves 11 de octubre, San Carlos de Bariloche, Río Negro

 

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