Contra la represión y la tortura

Mientras la semana próxima CORREPI  presentará la actualización de Casos de asesinados por el aparato represivo estatal, fue presentado en la Cámara de Diputados el  proyecto de Ley que crea un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
(Analia Rodriguez-Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- La sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados de la Nación fue el escenario elegido para hacer pública la presentación del proyecto de Ley que crea un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El proyecto responde al cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura, que nuestro país ratificó en noviembre de 2004, y que todavía no ha sido implementado.
Veintitrés organizaciones sociales y de derechos humanos, que trabajan por los derechos de las personas privadas de libertad y en la lucha contra la tortura en todo el país,  elaboraron conjuntamente este proyecto con el objetivo de crear un sistema nacional de prevención de la tortura, cuya función principal será realizar visitas a todos los lugares de encierro -cárceles, comisarías, institutos de menores, neuropsiquiátricos, alcaidías, etc-, y efectuar un control sistemático de su situación, así como de las políticas que se impulsen. Esas visitas, para que sean útiles en la prevención de la tortura y los malos tratos, deben ser periódicas, no avisadas e integrales, y realizarse con personal especialmente capacitado y preparado para ese fin.
En la presentación estuvieron presentes los diputados y diputados de varias fuerzas políticas, que acompañaron el proyecto con su firma: Victoria Donda, Fabián Peralta, Adela Segarra , Elisa Carca, Emilio García Méndez , Miguel Barrios, Mónica Fein, Leonardo Gorbacz, Verónica Benas, Virginia Linares, Fernanda Reyes, Fernanda Gil Lozano, Ana Verraute, Vilma Ibarra y Horacio Alcuaz.
Argentina firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 18 de diciembre de 2002 en Nueva York. El 8 de septiembre de 2004 el Congreso de la Nación ratificó dicho Protocolo por ley Nº 25.932, que fue reglamentada y publicada en el Boletín Oficial el 1º de octubre de 2004.
El Protocolo, que entró en vigencia a nivel internacional el 22 de junio de 2006, obliga a los Estados Parte a establecer o designar en el plazo de un año desde la promulgación de la ley, el o los mecanismos nacionales independientes para el control y monitoreo de la situación carcelaria: "Cada Estado Parte mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional..." (art. 17º).
En estos términos, se establece un sistema dual de prevención que articula al "Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles", institución internacional integrada por diez expertos independientes, con aquel órgano nacional independiente que los Estados se comprometen a crear.
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de los sucesivos informes, tanto de organizaciones internacionales como nacionales, que alertan acerca del estado de las cárceles penitenciarias de nuestro país, todavía no se ha procedido a crear el mecanismo independiente para el control y monitoreo que obliga el Protocolo.
Las organizaciones que elaboraron el proyecto coincidieron en remarcar la existencia de
la tortura como una práctica sistemática en nuestro país. Asimismo, se destacó que en la actualidad es muy difícil ingresar a estos sitios, por los obstáculos que ponen las autoridades y las fuerzas de seguridad que los administran, y que el Estado Nacional lleva cinco años de atraso en el cumplimiento del Protocolo Facultativo.
Por otro lado, el próximo viernes 20 de noviembre la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentará la actualización del Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. “2009: MÁS CRISIS, MÁS REPRESIÓN”.
Esta nueva presentación, cuya actualización realizan todos los años desde 1996, comenzará a las 18.00 en Plaza de Mayo.
A fines de 2008 CORREPI contabilizó 2557 muertes en 25 años de democracia. De acuerdo a la actualización dada a conocer el año pasado el promedio de asesinados ascendió a 16 personas por mes, una cada 40 horas. Pero en la actualidad se trata de un asesinato cada 25 horas.
"El gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias son las herramientas básicas de esta represión preventiva, cuyo fin es que los oprimidos se acostumbren a servir a la clase dominante.", concluían en el informe de 2008.
Los archivos de la Coordinadora, muestran que la gran mayoría de los muertos por gatillo fácil y la tortura provienen de sectores empobrecidos y que la mitad tienen menos de 25 años. Los casos de gatillo fácil son, de acuerdo a CORREPI, ejecuciones extrajudiciales sumarísimas consensuadas socialmente.
Fuente: CORREPI - CEPOC
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