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Mendoza: inédito avance represivo con el Código Contravencional de Cornejo

En las últimas horas el oficialismo mendocino que responde al Gobernador radical Alfredo Cornejo –alineado a nivel nacional con el gobierno de Mauricio Macri– acaba de aprobar en la Legislatura una intensa reforma al Código Contravencional de dicha Provincia. Las modificaciones dan cuenta de un fuerte avance en la criminalización de la protesta social y de la pobreza y dan rienda suelta al gatillo fácil y la represión. Por Cintia Monaco*

Para el nuevo código, están prohibidas las protestas sociales que no se hubieran avisado con anterioridad a las Autoridades y también se criminaliza su difusión por redes sociales (art. 55). Recordemos, por un lado, que de acuerdo a los estándares internacionales de Derechos Humanos la exigencia de notificación previa de una manifestación es considerada como algo sumamente restrictivo en lo que importa al ejercicio de este derecho fundamental.

Al respecto, el Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU del año 2016 dice: “El hecho de que no se notifique una reunión a las autoridades no la convierte en ilícita y, en consecuencia, esa circunstancia no debería servir de base para disolverla. Si la reunión no se ha notificado como corresponde, no deberían imponerse sanciones penales o administrativas que entrañen multas o penas de prisión a los organizadores, la comunidad o los dirigentes políticos (véase A/HRC/20/27, párr. 29). Esto se aplica también en el caso de reuniones espontaneas, en las que no cabe preaviso o no existe un organizador identificable. Las reuniones espontaneas deberían estar exentas del requisito de notificación y las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían, en la medida de lo posible, proteger y facilitar las reuniones espontáneas como harían con cualquier otra reunión”.

Por otro lado, la insólita prohibición de la difusión de las manifestaciones por las redes sociales representa un avance no solo sobre el derecho a la protesta sino también a la libertad de expresión y opinión que garantiza nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Finalmente, la estipulación de que “El que, en lugar público o privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa a un funcionario público en razón de su cargo” (art. 46) podrá ser multado o arrestado debe interpretarse, inequívocamente, también como una afrenta contra el derecho a la protesta y a la libre expresión.

En otro orden de ideas, el Código emprende una deliberada criminalización de la pobreza al prohibir a los “trapitos” y “cuidacoches”, habilitando el ejercicio de poder punitivo hacia ellos y da rienda suelta al abuso policial al sancionar con arresto el hecho de negarse a identificarse en la vía pública.

Recordemos que según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) del año 2017, es decir antes de la aprobación del nuevo código, Mendoza es la cuarta en todo el país con más muertes por la represión policial con por lo menos 277 casos. Sin lugar a dudas, las reformas introducidas no harán más que profundizar la situación existente.

La política impulsada por el Gobernador macrista de Mendoza se inscribe en las políticas que desde el Gobierno Nacional y, especialmente la cartera de Seguridad con Patricia Bullrich a la cabeza, viene impulsando de cara al creciente conflicto social y la pobreza como consecuencia de la implementación de brutales ajustes y recortes, la inflación que no cesa y los acuerdos con el FMI que no hacen más que profundizar la débil y preocupante situación social.

Al aumento de la represión social, el gatillo fácil y el abuso policial –con casos emblemáticos como el de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel– se sumó este año el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior y ahora la promoción en el marco de las Provincias este tipo de reformas que se inscriben en esa dirección, como es el caso también del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires que habilita la vigilancia remota y sin límites de tiempo y atropellando derechos vinculados a la privacidad y a la intimidad personal.

Desde la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos – CADH rechazamos este avance represivo contra los Derechos Humanos y las garantías constitucionales, que no hace más que ratificar el rumbo trazado por el Gobierno Nacional ¡Nunca Más represión de la protesta social y gatillo fácil!

*Lic. Cintia Monaco, Directora de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos – CADH

 

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