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Más de 5300 violaciones a los derechos humanos en lugares de encierro

El dato corresponde al año 2017 y surge del informe del Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos, que elaboran la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Red Eco Alternativo.

 

(Red Eco) – Argentina – El relevamiento se realizó en 10 unidades penales de la provincia de Buenos Aires, 6 unidades penales y una alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal, 14 cárceles federales, una alcaidía federal, 6 unidades de servicios penitenciarios provinciales (Misiones, Córdoba, Santa Fe y San Juan) y 3 institutos dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. También se relevaron 23 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense y 7 centros cerrados del organismo provincial de niñez y adolescencia.

De los datos recabados surge que durante 2017, en 71 lugares de encierro, 1.408 víctimas denunciaron más de 5.300 violaciones a los derechos humanos. El 87,9% tiene entre 22 y 44 años (más del 70% menos de 35 años). Las mujeres representan el 11,9% y las detenidas trans el 0,2%.

En el Registro se identificaron 11 tipos de torturas: agresiones físicas (866 hechos), falta o deficiente asistencia de la salud (830), aislamiento (823), malas condiciones materiales de detención (772), falta o deficiente alimentación (586), amenazas (354), impedimentos de vinculación familiar y social (340), requisa personal vejatoria (325), robo y/o daño de pertenencias (188), traslados gravosos (137) y traslados constantes (107).

Una vez más las agresiones físicas fueron el tipo de tortura relevado con mayor frecuencia, lo que según el informe marca “la persistencia de la regularidad y sistematicidad de la violencia física penitenciaria, a través de la reiteración de hechos que incluyen actos combinados de golpes de puño, patadas, palazos, y en ocasiones incluyen otras modalidades de agresión como el uso de gas pimienta o lacrimógeno, el 'criqueo/motoneta’ o el 'Plaf-plaf’”. Cabe señalar que la “motoneta” consiste en esposar violentamente al detenido, con los brazos atrás y levantados por encima de la cabeza; mientras que el “plaf-plaf” implica golpes simultáneos con las dos manos en ambos oídos provocando aturdimiento. El 29% de estas agresiones físicas se dio como respuesta ante un pedido o reclamo por parte de la persona detenida.

En las cárceles federales, 819 personas fueron víctimas de 2.510 torturas. En la provincia de Buenos Aires, se registraron 2.818 hechos de torturas sufridos por 589 víctimas, siendo en este caso la falta o deficiencia en asistencia de la salud la principal denuncia. En este sentido, desde la Comisión por la Memoria vienen reclamando desde el 2016 que la salud penitenciaria pase a la órbita del Ministerio de Salud provincial, pedido que es negado por las autoridades bonaerenses.

Entre las agresiones denunciadas también se encuentran los traslados constantes y gravosos, el robo y/o daño de pertenencias y las amenazas. En este punto, se registraron 971 hechos de malos tratos y/o torturas ejercidos en las instancias de aprehensión, traslado y detención en comisarías sobre 218 víctimas.

Otra problemática que se repite en el registro respecto a otros años es la sobrepoblación en los lugares de encierro. En los servicios penitenciarios, tanto federal-nacional como en el bonaerense, se produjo un aumento de la población encarcelada de un 8,53% y 11,62% respectivamente en el último año.

En el informe se señala que de acuerdo al Protocolo de Estambul vigente, la denuncia penal sobre torturas debe hacerse solo por pedido de la víctima detenida. En este sentido, durante 2017 hubo apenas 198 denuncias. Al respecto, la socióloga Alcira Daroqui, que encabeza el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA, expresó: “Denuncian muy poco por dos motivos: porque el ámbito judicial no hace nada, otorga impunidad, y por miedo a que el Servicio Penitenciario los mate o los trasladen o los tiren a otro pabellón donde los maten otros presos. Con eso los asustan, los acallan. Y así y todo se producen algunas denuncias interesantes porque permiten demostrar cómo el Poder Judicial prácticamente archiva o esconde estos casos”.

Para las tres instituciones que llevan adelante este relevamiento, “la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente, es decir sistemático”. Es a partir de esta caracterización que consideran que crear un Registro de Casos de Malos Tratos y Torturas, tal como lo hicieron en 2010, desde organismos de derechos humanos y la universidad pública implicó asumir un compromiso político en cuanto a hacer visible, en contextos democráticos, las prácticas de violencia estatal en el ámbito del encierro, “en principio focalizada en lo carcelario, es decir, ejercida por funcionarios penitenciarios y también aquellas ejercidas por funcionarios de fuerzas de seguridad policiales”. “La identificación de esas prácticas desplegadas en forma sistemática, regular y generalizada contra las personas detenidas fueron inscriptas en lo que denominamos malos tratos y torturas”.

Desde hace siete años se vienen realizando estos informes, la situación en los lugares de encierro continúan empeorando y las respuestas por parte de las autoridades respectivas siguen sin aparecer.

INFORME COMPLETO DEL REGISTRO AQUI

http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/2017%20Informe%20anual%20RNCT.pdf

 

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