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Se creó el espacio para la memoria en la comisaría 1° de Pergamino

El martes 31 de julio, el Concejo Deliberante local aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza para la creación del Espacio para la memoria, defensa y promoción de los derechos humanos Comisaría primera de Pergamino, sitio donde 23 personas de la localidad estuvieron detenidas ilegalmente durante la última dictadura cívico militar, y donde 7 jóvenes encerrados en un calabozo murieron por asfixias y quemaduras el 2 de marzo de 2017.

Reproducimos nota de Agencia Andar:
“Cuando se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza, nos miramos entre las madres y dijimos: ‘Uh, ahora empieza un nuevo desafío’. Fue muy emocionante porque expresa un logro importante de una lucha que venimos dando desde hace más de 15 meses, cuando nos arrebataron a nuestros hijos”, expresó Cristina Gramajo - madre de Sergio Filiberto, uno de los fallecidos en el calabozo - con relación a la flamante creación del Espacio para la memoria, defensa y promoción de los derechos humanos Comisaría primera de Pergamino.
La norma fue votada por unanimidad y contempla la resignificación del edificio ubicado en calle Dorrego Nº 636 de Pergamino, donde funcionara hasta hace poco tiempo dicha dependencia policial.
Entre los objetivos del Espacio para la memoria, se consignan: el resguardo y transmisión de la memoria con respecto a las violaciones a los derechos humanos allí cometidos tanto durante la última dictadura cívico militar como en el período democrático; la realización de actividades educativas, culturales y artísticas; la conformación de un archivo y centro de documentación especializado en memoria y derechos humanos; y la promoción de la participación de jóvenes en el espacio y en las actividades que se desarrollen; entre otros.
Según Gramajo, la movilización incesante de las familias de los 7 jóvenes que fallecieron el año pasado por un voraz incendio en un calabozo –sumado al acompañamiento de espacios sociales, gremiales y de derechos humanos, especialmente la Comisión Provincial por la Memoria- logró un cambio en la conciencia de la comunidad de Pergamino ya que, al comienzo, hubo sectores que rechazaban y repudiaban el pedido de justicia.
“Valoramos la actuación de los concejales que asumieron por la última elección legislativa, ya que los anteriores ni siquiera nos habían concedido una audiencia para contarles nuestra lucha y nuestro sufrimiento. Con la nueva composición de la comisión de DDHH del Concejo Deliberante hemos tenido muy buen diálogo, ellos se han interesado y nos han acompañado en nuestras actividades, y hoy podemos contar con esta ordenanza que reconoce las consecuencias del accionar represivo y la violencia institucional”, explicó la madre de Sergio Filiberto.
Cabe destacar que el edificio de calle Dorrego 636 ya se encuentra desafectado y una parte del mismo, por medio de esta ordenanza, fue cedido en comodato por 20 años a la CPM.
La gestión del sitio estará a cargo de un consejo con representantes de la CPM, del Municipio, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, organismos de la sociedad civil, familiares de las víctimas de la masacre de Pergamino y de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires.
La pluralidad y representatividad de los actores que conformarán el consejo del sitio de memoria debe ser un pilar y un reaseguro para el funcionamiento y el cumplimiento de estos objetivos.
Asimismo, resultará indispensable avanzar en la definición de las partidas presupuestarias que permitan poner en valor este espacio sin renunciar a la autonomía de gestión, principio rector de cualquier proyecto que entiende la promoción y protección de los derechos humanos como deber irrenunciable de una sociedad democrática.
Para la CPM, la creación del sitio es un camino para la consolidación de una memoria democrática y es un acto de reparación para las víctimas y los familiares que buscan justicia.
La sociedad de Pergamino sufrió en carne propia el accionar represivo: 23 personas de la localidad fueron detenidos ilegalmente, entre ellos dos niños que fueron recuperados por sus familiares, 4 víctimas continúan desaparecidas y otras cuatro personas fueron halladas en enterramientos ilegales.
Ya en democracia, el 2 de marzo de 2017, Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Claros, Juan José Cabrera y Fernando Latorre estaban detenidos bajo custodia del Estado cuando se desató un incendio en uno de los calabozos. Los agentes policiales no intervinieron para prevenir el siniestro ni para auxiliar a los detenidos una vez que el incendio se desató. Los siete jóvenes murieron asfixiados y quemados en la masacre más grave perpetrada en una dependencia policial durante la democracia.
Por eso es que la aprobación de la ordenanza en un hecho histórico en materia de políticas de memoria y derechos humanos ya que rompe con ese binarismo que se ha construido entre los derechos humanos de presente y los del pasado.
Este espacio da cuenta de las continuidades existentes entre la dictadura y la democracia a pesar de que estén mediadas por fuertes transformaciones. Al mismo tiempo constituye un acto reparatorio para las víctimas y un lugar desde disputar los sentidos sobre la democracia y sus alcances.

 

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