Red Eco Alternativo ***

(Acorde a) los tiempos que corren

El 13 de agosto comienza en La Plata el juicio por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo. La causa incluye a 21 represores por los casos de 84 compañer@s, 31 de ell@s desaparecid@s. Aquí una breve reseña del derrotero de esta causa, que llega a juicio con varios elementos de clara impunidad acorde a los tiempos que corren. Por HIJOS La Plata

La actual sede de la Dirección Departamental de Investigaciones de la policía bonaerense en el partido de La Matanza fue en dictadura un centro clandestino de detención y torturas. El próximo 13 de agosto comienza en La Plata el juicio por los crímenes cometidos en ese lugar, la Brigada de Investigaciones de San Justo.

Según el trabajo del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) entre marzo del ’76 y agosto del ’78 por este CCD pasaron al menos 101 personas identificadas con nombre y apellido, y otras 9 individualizadas sólo con nombre de pila o apodo. De esa lista, el juicio se recorta a 84 casos, 31 de los cuales corresponden a personas detenidas-desaparecidas.

El debate incluirá imputaciones a 21 represores, entre los que se cuentan militares de la estructura de mando, oficiales del área de inteligencia militar, el omnipresente Director General de Investigaciones de la Bonaerense Miguel Etchecolatz,  4 jefes del CCD, 3 agentes que revistaron allí, 1 médico policial que asistía torturas y los titulares civiles del Ministerio de Gobierno provincial en dictadura. 

La causa

El derrotero de esta causa comparte con muchas otras una instrucción tardía y fragmentada. En de marzo de 2011 se procesó a un primer grupo de represores, y luego en febrero de 2013 a otra tanda. En julio de 2014 se sumó el procesamiento de Ricardo Luis Von Kyaw, que estaba prófugo y fue capturado en Panamá, y unos meses después se procesó al militar de inteligencia Carlos Hidalgo Garzón, ambos por fuera del expediente principal.

En agosto de 2015 el juez de instrucción, Ernesto Kreplak elevó la causa a juicio con 23 imputados: Héctor Humberto Gamen, Hugo Idelbrando Pascarelli, Rodolfo Enrique Godoy, Miguel Ángel Amigo, Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Rodolfo Aníbal Campos, Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo Luís Baume, Roberto Armando Félix, Rubén Alfredo Boan, Héctor Horacio Carrera, Raúl Carballo, Ricardo Juan García, Jorge Héctor Vidal, Jaime Lamont Smart y Juan María Torino.

En febrero de 2015 murió impune el general Carlos Olivera Rovere. En diciembre de ese año el represor Gamen fue apartado por “incapacidad sobreviniente” al encontrarse supuestamente senil. En mayo de 2016 el genocida Carrera fue apartado por “incapacidad sobreviniente” ya que era paciente psiquiátrico.

En julio de 2016 los fiscales pidieron la elevación a juicio de los casos Von Kyaw e Hidalgo Garzón y su unificación con este expediente. Un mes más tarde el juez Kreplak hizo lugar al pedido. En noviembre del mismo año el represor Alberto Julio Candioti fue extraditado desde Uruguay y antes de que cierre el año procesado en esta causa. Pero por entonces comenzaron a descontarse nombres: En diciembre de 2016 murió impune el represor Campos. En mayo de 2017 el que falleció impune fue Palavezatti, y al siguiente mes Von Kyaw fue apartado por “incapacidad sobreviniente” por tener cáncer terminal que lo llevó a la muerte en noviembre de ese año. Para completar el cuadro, en febrero de este año el genocida Amigo fue apartado por “incapacidad sobreviniente”.

Otros muertos impunes de este expediente son Carlos Guillermo Suárez Mason y Jorge Olivera Róvere (Jefe y Subjefe del Primer Cuerpo de Ejército de Capital Federal, que tenía a cargo la Zona I), Juan Bautista Sasiaiñ y Jorge Álvarez, (jefes y subjefe de la Brigada de Infantería Mecanizada X de La Plata, a cargo de la Subzona 11), Antonio Fichera y Juan Manuel Costa (Jefe y Subjefe del Grupo de Artillería Mecanizada n° 1 de Ciudadela, que tenía a cargo el Area 114),  Alejandro Arias Duval, Ricardo Campoamor y Ricardo Ducrós (jefes y subjefe del Destacamento de Inteligencia 101), Ignacio Oscar García (Director General de Investigaciones de la bonaerense en un período de los hechos), Roberto Ramón Bustos, Oscar Penna y José Antonio Raffo (Jefes de la Brigada de San Justo).

Así las cosas, de 26 procesados originales, para el debate quedaron 21 represores. De ellos 2 cumplieron funciones en las reparticiones del Ejército que se encontraban a cargo de jurisdicciones que incluía el CCD de la Brigada de San Justo, 8 integraron el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, 1 fue policía que se desempeñó en las dependencias que se ubicaban por sobre la Brigada de San Justo en el esquema represivo, y  sólo 8 fueron funcionarios que prestaron funciones en la misma Brigada. Se agregan las responsabilidades del Ministro de Gobierno provincial y su Subsecretario de Gobierno (por ese entonces a cargo de la Policía Bonaerense).

Pero además 14 represores llegarán en al debate desde sus casas: 9 cumpliendo detención domiciliaria y otros 5 por haberse vencido la prisión preventiva que cumplían.

El chupadero

La Brigada de San Justo estaba ubicada en la calle Salta N° 2450, contiguo a la Comisaría N° 1 de La Matanza. Hoy es la sede de la DDI La Matanza. Era un lugar de registro, ya que fue el primer sitio al que trasladaron a la mayoría de las víctimas que pasaron por ese tras ser secuestradas. El destino de las víctimas que pasaron por la Brigada no fue siempre el mismo: algunos detenidos fueron liberados desde ese mismo lugar, otros fueron traslados a otros centros clandestinos de detención y liberados, otros asesinados en un traslado y otros trasladados con permanencia en otros CCD y que aún permanecen desaparecidos. La existencia de un centro clandestino de detención en ese edificio de Salta N° 2450 fue acreditada hace 33 años en el “Juicio a las Juntas”. En ese proceso la llamada Causa “44/85” revisó la responsabilidad de un puñado de represores de la Policía Bonaerense que recibieron condenas luego anuladas o morigeradas por las leyes de impunidad y los indultos.

En la sentencia de la “Causa 44” se toma en cuenta los testimonios de varios jefes de la Brigada en dictadura como Alberto Menichini, Roberto Bustos y Oscar Antonio Penna, quienes habían dicho que a comienzos del ’77 y “por orden superior” tuvieron que trasladar a los presos comunes a otros sitios y evacuar parte del edificio, cediéndolo a los militares. Agregaban que ese sector, denominado ‘área restringida’, comprendía la planta baja y los calabozos, al cual tenían acceso solamente personal militar, estándole vedado el ingreso al personal civil y policial. La excusa policial de la exclusividad militar en el acceso a los CCD y la gestión del terror no es nueva: la escuchamos en 2012 de boca de los represores de las comisarías de La Plata. Pero no alcanza para refutar que todas las fuerzas eran parte del mismo aparato represor organizado, con responsabilidad concreta sobre las personas detenidas ilegalmente. También el informe “Nunca Más” de la Conadep menciona en su página 387 las características del edificio de la Brigada y describe “Al descender del vehículo, un patio con pedregullo. Edificio de dos plantas. Acceso de detenidos por una pequeña cocina, contigua a una de las celdas de tortura. Varias celdas con un baño, otras también con duchas. Una más grande, con ganchos en la pared. (…) La Planta alta estaba ocupada por oficinas. Una, con un diagrama en la pared, se usaba para interrogatorios. Dos de ellas estaban alfombradas y tenían camas de madera”.

Pasado un tiempo prudencial de 20 años de impunidad que el Estado se tomó para investigar los hechos, surgieron otros elementos de prueba que permitieron profundizar en la reconstrucción de las características de la Brigada. Fundamentalmente el testimonio de los sobrevivientes como Norberto Ignacio Liwski, médico que integraba  una junta vecinal en el Complejo Habitacional n° 17 de La Tablada, donde con otros colegas desarrollaba tareas de atención gratuita al barrio. En 1978 la mayoría de los integrantes de esa organización barrial, como la familia Araujo, Rodolfo Barberán, Carlos Prietto, y los médicos Francisco García Fernández, Jorge Heuman, Raúl Petruch y el propio Liwski, fueron secuestrados y llevados a la Brigada de San Justo. La experiencia de organización vecinal que significó esa sala de atención médica y la represión que sufrieron la mayoría de sus gestores será uno de los hechos centrales que se ventilarán en el debate a iniciar en agosto. En conjunto se revisarán los casos de muchos militantes sociales, políticos y sindicales que fueron llevados a San Justo como lugar de fichaje y luego trasladados al Pozo de Banfield, desde donde fueron desaparecidos.

Fantasmas del presente

El 3 de diciembre de 2009 se realizó en el marco de esta causa una inspección judicial en el edificio en el que funcionara la Brigada de San Justo, sitio en el cual se halla hoy la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza.

Por los días de aquella inspección ocular el titular de la dependencia era el oficial de la bonaerense Marcelo Javier Chebriau, al que en el ámbito conocían como “El Chivo”, gran armador de causas, vinculado a piratas del asfalto y recaudación ilegal. Un tipo duro con banca del titular del Juzgado Federal 2 de Morón, Jorge Rodríguez. Tomó notoriedad pública en el “Caso Candela” donde más que investigar se dedicó a encubrir la supuesta participación de una banda narco policial en el secuestro de la niña. Pero fue también quien estuvo a cargo del desvío de la investigación por la desaparición forzada de Luciano Arruga durante los primeros 45 días del hecho, en connivencia con la fiscal Roxana Castelli. 26 años después de concluida la dictadura el mismo lugar, la misma dependencia, se transformaba nuevamente en la cueva desde donde se escondían las responsabilidades de los crímenes cometidos por agentes del Estado.

Algunas de las víctimas que permanecieron alojadas en este centro clandestino participaron de la inspección, y después de realizada prestaron declaración testimonial en la causa, haciendo referencia a las características de ese sitio. Adriana Cristina Martín, quien manifestó haber reconocido el ingreso al lugar por la elevación que había en la puerta, ya que la percepción que tuvo al ingresar, fue la misma que sintió el día de su secuestro. Reconoció otros sectores del lugar, como las celdas, aunque señaló que las habían ampliado, un baño que se halla frente a los buzones y una reja que daba a las celdas de mujeres y de presos comunes, e incluso algunos muebles que seguían estando allí, como un fichero y un armario de lata. Finalmente expresó que, si bien sus captores le habían dicho durante su cautiverio que se encontraba en la Brigada de San Justo, la inspección de 2009 le permitió ratificarlo. Por su parte, Norberto Liwski declaró tras participar de la inspección judicial y, en relación a las percepciones que tuvo, explicó que si bien el día en que fue secuestrado y trasladado a la Brigada de San Justo no pudo ver el portón de ingreso, sintió que recorrió un largo trayecto para abrirse, y eso mismo percibió el día de la inspección. También reconoció el camino que le hicieron recorrer para llevarlo desde el lugar donde se estacionó el auto en el que lo trasladaron, y la sala de torturas, y tres celdas diferentes en las que estuvo alojado durante su cautiverio. Explicó además que durante su detención lo mantenían muchas horas colgado de unos ganchos que estaban dentro de una de las celdas, y que para no perder la sensibilidad, tocaba permanentemente la pared. En relación a ello, señaló que si bien en la inspección vio que los ganchos ya no estaban y que la pared había sido pintada, había partes en que la pintura estaba saltada, y que al tocar la pared en esos sectores pudo notar que era la misma que tocaba durante su cautiverio. Finalmente, Liwski también reconoció las oficinas que estaban en la planta alta del edificio, ya que durante su cautiverio había sido llevado una vez allí. Señaló que por entonces la escalera que conducía a ese sector era de madera, y que si bien actualmente es de material, no quitaron el pasamanos de la pared, que es el mismo que el de la antigua escalera. Para más detalles, también permanecía en su sitio el mismo sillón con el que se tropezó el día que lo trasladaron a ese lugar.

Muchas otras víctimas manifestaron en sus respectivas declaraciones que pudieron reconocer ese sitio durante sus respectivos cautiverios, y proporcionaron valiosos datos acerca de las características del lugar. En el juicio oral se tomará en cuenta los casos de 50 sobrevivientes de este CCD, muchos de ellos volverán a relatar lo vivido. Los testimonios de las víctimas describen las inhumanas condiciones a las que fueron sometidas durante sus cautiverios. En muchos de esos relatos se ha hecho referencia también a las aberrantes sesiones de torturas a las que fueron sometidas gran parte de las víctimas que permanecieron alojadas en este sitio.

Es lo que hay

El tribunal que juzgará los delitos cometidos en la Brigada de San Justo es de lo más controvertido que ha tenido La Plata. La versión 2018 del Tribunal Oral Federal 1 se compondrá con el juez Alejandro Esmoris, que como magistrado marplatense absolvió al represor Alejandro Duret en aquella ciudad en 2009, y luego lo liberó con el recurso del “2x1” en 2016, además intentó otorgar el “2x1” a los ya condenados genocidas de la Unidad 9 Abel Dupuy y Ramón Fernández en 2017. Además  Esmoris nunca vota por condenar por el delito de genocidio y absolvió al represor de la CNU Juan José “Pipi” Pomares x beneficio de la duda en 2017. Lo acompañará Nelson Jarazo, juez marplatense que junto a Esmoris absolvió a Duret en 2009 y lo liberó con 2x1 en 2016. Completará el tribunal el juez Pablo Vega, que aunque suele ser el más prolijo de la terna tampoco vota por condenar por el delito de Genocidio y también absolvió a Pomares por beneficio de la duda el año pasado.

El 30 de mayo pasado hubo una audiencia entre el TOF 1 de La Plata y las partes para acordar la prueba y las condiciones del debate. En este sentido se planteó un desafío a la correcta publicidad del juicio, ya que es el debate más grande que encara esta conformación del TOF1 platense desde que decidió volver a realizarlos en la pequeña sala de los tribunales de 8 y 50. Además el tribunal afirmó que por cuestiones de agenda sólo realizará una audiencia por semana, lo que con más de 120 testigos confirmados extenderá el debate por más de 1 año. Una causa, un tribunal y un debate oral acorde a los tiempos que corren, donde la persistente impunidad va ganando la partida sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

 

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