Reclaman celeridad en el caso por la muerte de Facundo Ferreira

Lo hicieron Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) al reiterar el pedido de que se cite a prestar indagatoria a los policías acusados del asesinato del niño de 12 años, ocurrido el 8 de marzo pasado en Tucumán.

 

Desde Andhes denuncian que a más de dos meses del asesinato de Facundo, los oficiales que participaron del hecho aún no han sido citados a declarar como imputados, ni siquiera separados de su función.

Cabe recordar que el 8 de marzo pasado se produjo el crimen de Facundo de 12 años en manos de agentes de la policía de Tucumán. “Las circunstancias de su asesinato dan cuentan claramente del incumplimiento de los estándares que deberían regular el uso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad en general, y de las armas de fuego letales contra niños y niñas en particular”, afirman desde Andhes.

La versión policial reconoce que los agentes iniciaron una persecución a un grupo de personas que se movilizaba en motos identificadas como sospechosas sin motivo alguno.

Los policías refieren que en la huida, 2 de las 4 motos les realizaron disparos, sin poder precisar de dónde venía la agresión, quiénes la hicieron, cuántos fueron, dónde están esas armas o vainas. Según señalaron, para repeler esta acción durante 150 metros ambos policías dispararon primero con sus balas de goma, y a continuación con balas de plomo hasta que cayó Facundo.

“A pesar de que la fuerza letal solo puede ser utilizada como un último recurso cuando es necesario para proteger la vida de alguna de las personas involucradas en el hecho, las marcas en la espalda de Facundo y el disparo que entra por la nuca y sale por la frente, dan cuentas de su posición de huida, y de la violencia y brutalidad desmedida con que los agentes acribillaron a Facundo”, sostienen desde Andhes, al tiempo que aseguran que se trató de una ejecución extrajudicial: “una muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad”.

A su vez, la organización aclara que los agentes policiales son responsables de lo sucedido aún en el hipotético caso que Facundo o cualquiera de jóvenes perseguidos hubieran realizado algún disparo, porque su actuación se encuentra al margen de todas las normativas nacionales e internacionales que regulan el uso de la fuerza y el uso de armas de fuego.

“De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, - agregan desde Andhes - el Estado tenía con Facundo obligaciones reforzadas de protección. Las fuerzas de seguridad, como parte del Sistema de Protección Integral de Niñez, debieron asumir con él un rol activo en la prevención de la violación de cualquiera de sus derechos, en particular en la protección de su derecho a la vida. En el mismo sentido deben interpretarse los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en el uso de la fuerza contra niños, niñas y adolescentes, los que deben ser reforzados para casos en los que se usen armas de fuego letales en los cuales su utilización solo está permitida ante una absoluta necesidad”.

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