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Faltan Gerez y los encubridores

Hace pocos días la Sala 5 de Casación Penal confirmó la sentencia que condenó en juicio oral a reclusión perpetua al comisario Luis Raúl Ponce (en la foto) por las torturas seguidas de muerte efectuadas a Andrés Alberto Nuñez en la Brigada de Investigaciones de La Plata en septiembre de 1990. Con esto, los hechos del caso no se discuten más. Pero entre los responsables quedan el prófugo Pablo Martín Gerez y que se lleve a juicio a los 4 policías que encubrieron el crimen. Por HIJOS La Plata

Andrés Alberto Nuñez fue secuestrado en su casa de 119 y 78 la madrugada del 28/9/90 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, en la Estancia El Roble, donde lo incineraron dentro de un tanque australiano en desuso.

Durante más de 20 años el coautor del crimen, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Capturado en agosto de 2012 con identidad falsa en Neuquén, Ponce fue condenado el 31 de 2017 a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua como coautor funcional de la privación ilegal de la libertad, en concurso real con torturas seguidas de muerte, provocadas a Andrés. La sentencia fue apelada por la defensa del asesino y ahora la Sala 5 del Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces Jorge Celesia y Martín Ordoqui, confirmó la sentencia de primera instancia. Lo hizo al entender comprobada su responsabilidad de mando sobre el grupo operativo que secuestró y torturó a Andrés hasta matarlo, y contemplando la agravante de “haberse cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad”. Los jueces del Tribunal Ad Hoc que juzgó el caso, Raúl Delbés, María Oyhamburu y Claudio Bernard, habían acordado que la tortura era una práctica habitual en la Brigada de aquel entonces porque Ponce había montado “un aparato estatal destinado a las torturas físicas y psicológicas a los detenidos para obtener ‘confesiones’”. Además había agregado que se estaba “ante un plan sistemático de actuación con división de roles por parte de la ‘Patota’ de la Brigada de Investigaciones de La Plata, de la que Ponce era jefe”.

El caso de Andrés representa una de las más de 215 desapariciones forzadas en democracia. Fue símbolo de continuidad de las prácticas represivas con que la Maldita Policía Bonaerense de la dictadura siguió realizando durante la gestión de los gobernadores Antonio Cafiero y Eduardo Duhalde, del jefe de la fuerza Pedro Klodzyck y del comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, quien bancó con refugio a los prófugos del caso Nuñez en la primer etapa del caso. Ahora, como pasó tanto tiempo de impunidad, el caso se juzga por el viejo código y no posibilita la aplicación de la figura de desaparición forzada, ingresada al código penal recién en la reforma de 2011.



Con mucho esfuerzo, militancia e insistencia la familia de Andrés logró algo de justicia. En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero no actuaron solos. Además el ex juez Amílcar Vara, destituido en 1998 en juicio político por encubrimiento en las causas Nuñez, Miguel Bru y en otros de 25 casos de crímenes policiales, murió impune en marzo de 2014. Pese al intento de cerrar la causa, en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Ese tramo del expediente está en instrucción, pero la última jueza de la causa, la Dra Marcela Garmendia, se apartó del expediente aduciendo que entiende que la causa está prescripta. Rechazado el planteo por la Cámara Penal platense, se debe poner fecha para realizar el juicio oral.

Pero además, pasados 27 años de los hechos la justicia no ha mostrado una estrategia real de búsqueda y detención del ex policía Gerez, imputado y prófugo desde hace más de 25 años en la causa.  Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró, torturó y desapareció a Andrés de su casa de Villa Elvira. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo.

La familia de Andrés ha aportado información sobre los contactos de este criminal, especialmente sobre su madre, que vive en General Belgrano y se comunica por teléfono con él. Se ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para encontrarlo y ponga a disposición herramientas para una investigación seria para detenerlo.

En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 la abogada Natalia Nosenzo se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. Ocupada en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez.

Los familiares de Andrés Nuñez e HIJOS La Plata solicitamos a la jueza Marcela Garmendia, a cargo de la causa, que organice una búsqueda concreta de Gerez con apoyo en inteligencia criminal de los gobiernos provincial y nacional. La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos criminales sólo genera más impunidad.

 

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