Causa Fuentealba II: impunidad política
“Estos jueces convierten al Poder Judicial de Neuquén en un conjunto de obstáculos que afectan directamente el derecho constitucional de la víctima a conocer la verdad. Justifican en el cumplimiento del Código Procesal, un acto de impunidad, esto en desmedro de normas de rango superior que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva”, dice Aten en un comunicado donde da a conocer la presentación que hicieron frente a la Legislatura.
El jueves 2 de julio se conoció la resolución de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, integrada por los jueces Rimaro, Andrada y Varesio, rechazando el pedido de la querella de avanzar sobre otra línea de investigación para llegar a la verdad en la causa Fuentealba II.
Esto significa que se desestima el pedido de los representantes de Sandra Cabrera, esposa Carlos Fuentealba (maestro asesinado el 4 de abril de 2007), para que el ex gobernador neuquino Jorge Omar Sobisch sea llamado a indagatoria.
La Cámara también rechazó el pedido de apartamiento del Juez de la causa Cristian Piana, a quien le devolvieron el expediente, considerando “que aunque su proceder no fue el mejor no causó perjuicio alguno a la querella”.
Esta decisión de la Cámara de Apelaciones de Neuquén atenta a la democracia, al derecho que tienen las víctimas a saber la verdad, y favorece la impunidad del ex gobernador Sobisch y sus funcionarios que hicieron uso del terrorismo en democracia para reprimir y asesinar en Arroyito.
La presentación realizada por Aten “consiste en agregar un último párrafo al artículo 70 del Código Procesal Penal de la Provincia” lo que dejaría sin argumentos “a quienes pretenden usar estos artilugios legales para mantener la impunidad”.
“Nuestra interpretación política de lo actuado por la Cámara – subrayan - nos indica su funcionalidad con la política desarrollada por Sobisch, quien había dicho que no estaba (no está) dispuesto a recorrer los estrados judiciales por su acción de gobierno”.
La presentación fue acompañada por dirigentes de otros sindicatos y por organizaciones de derechos humanos.