Nuevo pedido de indagatoria
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Jueves 19 de Mayo de 2016
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre volvió a solicitar que se cite a un grupo de civiles, gerentes y/o miembros del Directorio de Acindar, por su responsabilidad en la represión de la última dictadura y en la imposición de su modelo económico.
Es en la causa “Martínez de Hoz, José A. y otros s/ Allanamiento Ilegal y otros”, en la que la Liga es querellante. En este marco, el organismo pide que se cite a prestar declaración indagatoria, en relación a su responsabilidad penal en el operativo represivo conocido con el nombre de “Serpiente roja del Paraná”, ocurrido el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, a Pedro R. Aznarez (por entonces subgerente de Relaciones Industriales de la empresa ACINDAR S.A.); Roberto Pellegrini (ex jefe de División Personal de ACINDAR S.A.); María Estela Martínez de Perón (ex presidenta de la Nación y como tal Comandante en Jefe de las Fuerzas de Seguridad nacionales); y Arturo Tomas Acevedo (hijo de Arturo Acevedo y sobrino de Jorge Acevedo, nieto del fundador y heredero de la Empresa. “Ingresó, según relato de los testigos en el primer lustro de la década de los ‘70 y fue su presidente hasta aproximadamente el año 2011. Figura como miembro del Directorio formalmente, específicamente como Gerente de la Planta Nº 2 desde el Ejercicio 1980-1981. De lo que se evidencia su conocimiento sobre todos los hechos que sucedieron en la empresa”, explicaron desde la Liga). Cabe señalar que al momento de estos hechos, el presidente de la empresa era José Alfredo Martínez de Hoz, posterior ministro de Economía de la dictadura cívico militar.
El operativo represivo tuvo como saldo el encarcelamiento ilegal de dirigentes sindicales metalúrgicos y de 300 habitantes de la zona, además de asesinatos, aplicación de tormentos y secuestros y la militarización de la planta fabril de Acindar. Estos actos, según recordaron desde la Liga, ya han sido calificados por el juez federal Norberto Oyarbide, quien intervino anteriormente en la causa, como crímenes de lesa humanidad, por lo que son de carácter imprescriptible.
Según manifestaron desde la Liga, la finalidad principal del operativo fue la desarticulación de la Comisión Directiva de la UOM villense: “‘con la clara intención de que las políticas económicas que se pretendían implementar’ desde el gobierno de facto y los poderes económicos que lo sostenían, ‘no fueran obstaculizadas por la actuación gremial’ (…) ‘la prolongación del estado de detención de sus dirigentes más allá del sobreseimiento y absolución que se dictó en la causa penal instruida contra éstos –los dirigentes gremiales combativos de la UOM de Villa Constitución- se justificó con la detención a disposición del PEN que sufrieron…circunstancia que no puede ser analizada fuera del contexto de los intereses político económicos del momento’”.
