Contravenciones: Estigmas y marginación.
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Martes 23 de Junio de 2009
A diario la policía, la justicia de falta de la Ciudad y la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) identifican, requisan y detienen casi exclusivamente a personas migrantes latinoamericanas, africanas o argentinas pobres, bajo el argumento de prohibir las actividades callejeras aunque sea traten de trabajos, como es el caso de la venta ambulante.
Contra esta política racista algunos vendedores ambulantes senegaleses presentaron en enero de este año un hábeas corpus, denunciando las humillaciones, arrestos, detenciones, procesamientos, “extravío” de documentación, secuestro de pertenencias, intimidación, uso abusivo de la fuerza, violación sistemática del derecho de defensa y de circulación que sufren en manos de la policía, la fiscalía y los órganos de control administrativo del Gobierno de la Ciudad.
Por este motivo, el 10 de junio pasado se llevó a cabo ante el Tribunal Superior de la Ciudad una audiencia pública, en la que los vendedores ambulantes presentaron su caso por primera vez en su idioma ante los jueces de la Ciudad. Allí, frente a 120 personas entre quienes se encontraban representantes del INADI, la Defensoría del Pueblo, el CELS, la Asociación de residentes Senegaleses, y otras organizaciones de derechos humanos, el Fiscal Luis Cevasco admitió que las actas contravencionales por artículo 83 (uso indebido del espacio público) constituyen aproximadamente el 60 % del trabajo del Ministerio Público de la Ciudad. Agregó que, salvo excepciones, estas actas se labran “en contra de personas excluidas”, y que “menos del 1 % de estas actas llega a audiencia”. Según las propias estadísticas del ministerio público para 2007, del total de personas imputadas en la Ciudad por contravención del art. 83, el 40 % son migrantes de América latina (especialmente Perú, Paraguay y Bolivia) y África (especialmente de Senegal).
