Red Eco Alternativo ***

Rechazo a la declaración de emergencia penitenciaria

Desde la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires expresaron que esta medida tomada por la flamante gobernadora María Eugenia Vidal, no resuelve los problemas de la política criminal y sólo profundiza las violaciones de derechos humanos.

Ante el anuncio por parte de la mandataria bonaerense de decretar la emergencia penitenciaria luego de la fuga del penal de General Alvear de los tres condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez, la Comisión reiteró que “las emergencias en materia de seguridad y penitenciaria no son una solución estructural a los graves problemas que dicen querer resolver sino más de lo mismo”.
En este sentido, la CPM solicitó a Vidal y a los legisladores de todas las fuerzas que diseñen políticas serias y adecuadas que trabajen para terminar con las graves violaciones a los derechos, asumiendo que en la provincia lo que está en emergencia es justamente la plena vigencia de los derechos humanos.
Además, los integrantes de la CPM manifestaron su preocupación por la designación de Fernando Díaz al frente de Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), considerándolo una señal más de la continuidad en la política penitenciaria que está emprendiendo la nueva gestión.A su vez, la Comisión recordó el resultado de otras políticas penitenciarias tomadas en el mismo sentido desde 2001 a la fecha en Buenos Aires.
 La primera emergencia físico-funcional del SPB fue decretada el 16 de mayo de 2001 por el entonces gobernador Carlos Ruckauf, y se extendió hasta el 15 de mayo de 2002. En abril de 2004, su sucesor Felipe Solá intervino el SPB mediante otro decreto, con el fin de “reinstitucionalizar” el organismo. Dos semanas más tarde, la Legislatura local sancionó la ley 13.189 que estableció la emergencia del SPB por 6 meses, medida que se fue prorrogando con el correr de los años.
Solá también firmó un decreto (el 2491/05) que estableció la emergencia de las obras de construcción y refacción de las unidades carcelarias por el período de un año.
Una de las primeras medidas del gobernador Daniel Scioli fue promulgar la ley 13.800 que prorrogó nuevamente el estado de emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección General de Salud Penitenciaria.
“Como puede verse (…), las primeras y principales medidas adoptadas por los gobernadores Ruckauf, Solá y Scioli para enfrentar la crisis penitenciaria que todos diagnosticaron fue promover estados de emergencia con los mismos objetivos: realizar trabajos de construcción, ampliación o refacción de instalaciones carcelarias; eludir los mecanismos de control y normativas que rigen la transparencia y el control de dichos actos ejecutados por funcionarios del Poder Ejecutivo; colocar al personal en una situación de disponibilidad para los cambios que se hicieran; habilitar manejos discrecionales o arbitrarios en el otorgamiento a determinadas empresas de importantes trabajos públicos, o favoreciendo a proveedores vinculados con adquisiciones de materiales y equipos”, señalaron desde la Comisión.
Sin embargo, denunciaron que todas estas declaraciones de emergencias sirvieron poco: “se agravaron las condiciones inhumanas de detención, creció la sobrepoblación y el hacinamiento, se consolidó la tortura como práctica sistemática, empeoró la atención sanitaria, se incrementaron los casos de personas jóvenes muertas por causas evitables y se extendió la corrupción penitenciaria”.

 

 

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