Red Eco Alternativo ***

Audiencia Pública Causa Fuentealba II

El martes 16, a partir de las 9 de la mañana, en la sala de audiencias de la Fiscalía General y de Coordinación se llevó a cabo la Audiencia Pública solicitada por la Querella en la denominada Causa Fuentealba II.
(ATEN) Neuquen - En la misma las partes expusieron sus argumentos sobre la presentación rechazada por el Juez de Instrucción Christian Piana en la que se solicitó la indagatoria del ex gobernardor Jorge Sobisch y la ampliación de indagatoria a los imputados en la causa hasta la fecha.
Los abogados de la querella, Dres. Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña, en representación de nuestra compañera Sandra Rodríguez expusieron sus fundamentos, en un acotado margen de tiempo concedido por la Cámara, integrada por los Jueces Héctor Rimaro, Daniel Varessio y José Andrada.
Destacaron la importancia del derecho de la víctima a un rol activo en el proceso penal y a conocer la verdad, impulsando una hipótesis de investigación distinta a la Fiscalía. Sostuvieron dichos argumentos en normas constitucionales, en Tratados Internacionales incorporados a la Constitución, en la doctrina y en la jurisprudencia con relación a lo solicitado. El doctor Ricardo Mendaña amplió, sosteniendo una dura crítica a la actuación del Ministerio Público Fiscal en la persona del Dr. Velazco Coppelo que "la fiscalía tiene más identificación con la defensa que con la víctima" y que eso demuestra "la ausencia de vocación en los fiscales para investigar el poder". Y fue más allá agregando que "la sociedad necesita saber la verdad, no sólo los familiares de la víctima sino toda la comunidad".
Los abogados Defensores Gustavo Lucero y Ricardo Cancela, por su parte se limitaron a pedir a los jueces que actúen con “independencia”, “apego a la ley” y “valentía”. Con duros conceptos intentaron descalificar los argumentos expuestos con absoluta claridad por la querella, y a minimizar el hecho y la actuación de sus defendidos. Ricardo Cancela calificó de “fantasía” la hipótesis de investigación sostenida por la querella, negando un plan, negando una participación de altos mandos policiales y del mismo gobernador en los acontecimientos de Arroyito. Asumió implícitamente la defensa de Sobisch. Vale recordar que Cancela participó de la audiencia en su calidad de Defensor de Pascuarelli y Zalazar (ex jefe de la Policía de la Provincia), ambos presentes en la represión. Expresó que el delito era el corte de ruta y que la policía cumplió con el deber de despejar la ruta. Expresó también que era una exageración pretender imputar a Sobisch autoría mediata, ya que esta había sido aplicada sólo en hechos de la gravedad del Holocausto y la Dictadura Militar: “aquí no hubo desaparecidos, ni torturados” expresó textualmente. Luego dijo “fue un operativo normal” y que, “el autor ha sido condenado” y con ello, que se trató de un hecho aislado en circunstancias particulares. Finalizó expresando que esta causa no busca la verdad, sino que tiene una finalidad política.
Más allá de las apreciaciones y de lo breve y ajustado de la reseña, queda claro que los Jueces de la Cámara tienen que resolver una cuestión sumamente importante. Y deben tener en cuenta que de los elementos probatorios acumulados en la Causa F I, surge que no fue un acto aislado; que hubo planificación previa; que la orden la dio Sobisch; que estuvo al tanto de todo en cada momento; que dispuso un operativo y un despliegue de grupos especiales de toda la provincia inusual y desproporcionado; que hubo persecución, y que el crimen de Carlos se produjo a 5 km de distancia del puente, que nunca hubo corte de ruta; que se encerró a la columna; que Poblete estaba en posición de tiro antes del incidente que dicen motivó la orden de “paren a ese auto”; que hubo personal de civil; que se llevó munición de reposición en vehículos no identificables. Todo esto debe ser investigado. Por eso es importante que Sobisch, Pascuarelli, Zalazar, los hermanos Soto, Rinzafri y todos los jefes de los grupos especiales expliquen ante la justicia ¿POR QUE?
La Cámara, tal lo establece el Código Procesal Penal de la Provincia, debería expedirse la semana próxima.
 

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