Los crímenes genocidas, bien probados
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Jueves 18 de Junio de 2009
(Olivier Reboursin – Red Eco) Buenos Aires. El miércoles en el Tribunal Federal Nro. 1 de San Martín, las querellas de la familia Avellaneda, el Partido Comunista y el Colectivo Justicia Ya! demostraron que en lo que va del juicio han sido probados todos los elementos que hicieron al funcionamiento del genocidio durante la última dictadura militar.
Los letrados pudieron también incluir el debate político en rededor de los crímenes, lo que había sido sistemáticamente sesgado por la presidenta del Tribunal, Lucila Larrandart. Los sucesivos discursos pusieron de manifiesto las contradicciones de muchos de los testigos –en su mayoría ex policías- y el plan antipopular y anticomunista del poder en los setenta rompiendo con la pretensión de hacer pasar el caso por “un drama familiar”.
Las querellas de la familia Avellaneda y del Partido Comunista imputaron a los procesados (Santiago Omar Riveros, Fernando Exequiel Verplaetsen, Jorge Osvaldo García, César Amadeo Fragni, Raúl Harsich y Alberto Angel Aneto) por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, torturas agravadas y reiteradas, homicidio agravado por alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas, robo agravado, allanamiento ilegal en una oportunidad. Se señaló además que estos crímenes se llevaron a cabo como parte del obrar genocida, descripto por la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, solicitando en consecuencia la pena de reclusión perpetua en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, inhabilitación absoluta perpetua, demás accesorias legales y costas, para todos los represores.
La ronda de alegatos comenzó con la querella de la familia Avellaneda representada por los abogados Jorge Brioso de Armas y Sabrina Dentone.
Brioso inició su alocución señalando que tanto este juicio, como una justa condena, son parte de una lucha más larga. Lo definió como “un pequeño episodio del gran conflicto que emprendió el poder en toda la región, en pos de la quimera peligrosa de terminar con la lucha de clases, antes de que la lucha termine con las clases”. Y agregó: “Porque no han podido garantizar la impunidad es que esta lucha continúa. Sobreviviremos a los verdugos y al imperio que lo organizó”.
Relató también las circunstancias del allanamiento al domicilio de la familia Avellaneda en la madrugada del 15 de abril de 1976, la destrucción a balazos de la puerta de frente de la casa de Munro, el reconocimiento posterior de los invasores por las cuñadas de Iris –Arsinoe y Azucena Avellaneda- y por la hija de la querellante Ethel Estela, el secuestro de Iris y el Negrito Floreal y el posterior calvario de Iris en la Comisaría de Villa Martelli, Campo de Mayo, Olmos y Villa Devoto donde vivió un cautiverio de dos años sin orden de autoridad competente, ni resolución judicial que lo ordenara; torturada brutalmente y viviendo en las peores condiciones, sin saber el destino final de su hijo adolescente de quince años mientras duró su prisión. Señalando que esos hechos ya han sido probados no solo en este juicio (que se inició en mes de abril), sino incluso hace veinticinco años, en el marco del juicio a los ex comandantes de las tres primeras juntas dictatoriales que recibió el nombre de “Causa 13”.
Además, el abogado planteó: “Un párrafo especial merece el gran despliegue de testimonios de colegas de Aneto. Ante el aplauso respetuoso del público al heroísmo de algunos testigos víctimas, la señora presidente señaló que esto es un juicio y no un show. Sin embargo tuvimos varios días en esta sala un show pocas veces visto, el show de los olvidos, las sorderas, la amnesia y la memoria selectiva”.
Con sagacidad, destruyó todos y cada uno de los “no me acuerdo” que en boca de los ex uniformados sonaron en la sala, como evidente muestra de preparación por parte de la defensa. Al hablar de dos de ellos para marcar con un ejemplo tan burdo intento de mostrar desconocimiento, señaló que el testigo de apellido Echave “no recordó dónde se alojaban los contraventores, ni si había teléfono en el primer piso, ni el material de los pisos. Y así siguió olvidando y olvidando, hasta ser ascendido a subcomisario”. Y concluyó: “Pánfilo Leiva también era administrativo en Martelli en abril del 76. Ascendió menos, pero (o tal vez porque) recuerda más”. Destacó que ese policía fue uno de los pocos que confirmó que Aneto junto a los militares integraban en la Comisaría de Villa Martelli “un grupo de represión”.
También atacó la estrategia de Aneto que siempre se ocupó –a través de sus dichos y los de su abogada Elda Berazain- de plantear que él no tuvo que ver con el crimen, puesto que este se había cometido en jurisdicción de la Comisaría de Munro y no de la de Villa Martelli. Al respecto recordó el incidente relatado por el ex comisario de Munro Walter Polidori en relación a la aparición de cuatro cadáveres en su dependencia, de quienes luego se supo eran militantes uruguayos asesinados en Beccar. Esto prueba, explicó Brioso, “que en materia de organización del terror, las cuestiones jurisdiccionales son pamplinas”.
Señalado todo esto, Brioso hizo entonces saber al tribunal que con las actas del juicio, la querella llevará las mismas a Instrucción para que se investigue la participación de todos los testigos que cumplían funciones en la policía bonaerense durante la dictadura, en los actos represivos y genocidas.
A la hora de calificar los delitos y sus perpetradores, Brioso señaló a Aneto, Fragni y Harsich como autores directos de los crímenes señalando la responsabilidad de García como autor mediato en el marco de la teoría del “codominio funcional” elaborada por el jurista alemán Klaus Roxin. Señaló del mismo modo como agravantes la violencia, la nocturnidad y la clandestinidad del operativo emprendido por el grupo de tareas, conjunto que atacó el domicilio de los Avellaneda, en la calle Sargento Cabral en abril de 1976. Y señaló además el dolo homicida en la acción con relación a ambas víctimas y aseguró que en virtud de lo probado el destino final de ambos –Iris y el Negrito- era la muerte y que fue el caso de Iris donde se torció ese destino y no en el de Floreal, contradiciendo la idea sembrada por la defensa en cuanto a un posible exceso que hubiera causado la muerte “no deseada” del adolescente. Está probado, dijo Brioso “que fue al revés. Que la intención que los animaba era la de matar, de aniquilar”.
Definió además el método por el cual el joven fue asesinado –el empalamiento- como una desviación inquisitorial. Poco antes, había señalado que en su plan, la dictadura había intentado “crear un nuevo sujeto occidental y cristiano” atacando para ello incluso a “católicos, religiosos, pastores evangelistas y hasta un obispo”.
En el cierre, Brioso se refirió al sistema continental de dominación que inspiró desde Estados Unidos la doctrina de “Seguridad Nacional” que sirvió de herramienta al accionar de los genocidas y citando a Ernesto Guevara en relación a lo brutal y aberrante de todos los crímenes de la dictadura, no solo los padecidos por la familia Avellaneda a los que calificó contundentemente de “infamia”, expresó: “Es la naturaleza del imperialismo lo que transforma a los hombres en bestias”.
Continuando con el alegato de la familia, Sabrina Dentone inició sus palabras asegurando que “resulta absurdo intentar buscar eximentes para la realización de los atroces actos cometidos” y señalando como inadmisible la doctrina de la “obediencia debida” que la defensa de los militares intentó hacer jugar a través del testimonio del ex represor General Auel. Reforzando esta idea señaló: “Nadie puede ser determinado compulsivamente a secuestrar, torturar y matar. Actuaron libremente, tenían conciencia de sus actos y de las consecuencias que traían aparejadas”.
También se refirió a las cualidades de los genocidas en el banquillo y dijo: “Son ancianos porque la justicia llega tarde, pero por ancianos no son menos peligrosos” y abonó el concepto señalando el secuestro y desaparición de Jorge Julio López, testigo y querellante en el caso Etchecolatz hace ya casi tres años; el asesinato del Prefecto Héctor Febres, poco antes de que se dictara sentencia por su participación en la represión ilegal en la ESMA, y las amenazas de las que han sido objeto veintiocho integrantes de la Federación Juvenil Comunista –organización donde militaba el Negrito Avellaneda- incluídas las recibidas por Soledad Laruffa también Secretaria de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en la localidad bonaerense de Merlo.
En relación a los daños sufridos por Iris Avellaneda, los definió como inconmensurables marcando las secuelas físicas, psicológicas y emocionales tras el secuestro, el cautiverio y el obligado desconocimiento del destino final de su hijo mientras estuvo ilegalmente detenida por la dictadura.
Al igual que su colega Brioso, la abogada atacó la excesiva formalidad del Tribunal, que en un celo pocas veces visto en causas de derecho penal ordinario permitió abusos de la defensa e incluso fue partícipe activo del maltrato a los testigos ofrecidos por la querella. Así, definió a las preguntas de la abogada de la defensa al interrogar sobre la frecuencia de las torturas como un claro ejemplo de revictimización de la querellante. Igual calificación hizo de las repreguntas sistemáticas de la Jueza Larrandart a la testigo de 81 años de edad, Arsinoe Avellaneda, recordando finalmente la exigencia de esta última de “respeto por parte de la justicia tras una búsqueda de justicia de más de treinta años”. Y finalmente identificó a la revictimización con la impunidad que buscaron las leyes de punto final y obediencia debida, los indultos aún vigentes y las resoluciones dilatorias del Poder Judicial.
Continuó entonces: “Sra. presidente, por último quiero manifestar que la familia Avellaneda considera que este juicio ha sido un aporte fundamental a que una nueva generación de hombres y mujeres se haga cargo del sueño del Negrito, porque las paredes pintadas con su nombre, su rostro en las remeras de muchos jóvenes nos dicen que el sueño del Negrito esta vivo, que no pudieron y no podrán matar el sueño de ser libres. Se podrán ensayar miles de formas de homenajear el valor y la perseverancia en la lucha por la defensa de sus ideales y contra la impunidad de Iris avellaneda y su familia”.
En el cierre de su alocución, cargado de emoción, leyó una “historia de vida de Iris” escrita por su nieto Nicolás de 8 años de edad como tarea escolar, en la que el niño resalta que su abuela fue secuestrada junto a su hijo “el Negrito” y llevada a la cárcel de Olmos por pertenecer a un partido de izquierda. “Lo que significa que pensaba diferente” reza la breve reseña y cuenta que “cuando salió en libertad empezó su lucha por los derechos humanos”. Tras la lectura, la sala estalló en aplausos.
Luego fue el turno de alegar de la querella del Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista, correspondiendo la primera parte a Carlos Zamorano quien también remarcó el carácter político del caso y el crimen que se juzga, y recordó al respecto que el propio imputado Riveros había señalado en su indagatoria que los juicios “son la continuidad de la guerra insurgente que aún no ha concluido”.
En ese sentido valoró la obligación del Partido Comunista de ser parte en el juicio por sus víctimas, ya que la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos lo autorizan y promueven. Luego se refirió al notorio carácter anticomunista de la dictadura y la represión ilegal citando los dichos de sus más reconocidos jerarcas: Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Guillermo Suárez Mason, y el jefe de la última junta Cristino Nicolaides. La cita elegida para ejemplificar el pensamiento de este último generó cierta hilaridad en los presentes. El general había dicho “estamos en guerra contra el marxismo leninismo desde el Siglo V antes de Cristo”.
Así, señaló que los militantes del PC eran uno de los objetos centrales del accionar genocida y la doctrina de la Seguridad Nacional. Sobre el genocidio, Zamorano puso de manifiesto en su alegato quienes fueron sus verdaderos beneficiarios. Mencionó así al Consejo Empresario Argentino presidido por el ex Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que con la dictadura puso a sus principales cuadros en los puestos y lugares claves de la economía, mencionando el desembarco de Francisco Soldatti en el Banco Nación, el de Guillermo Walter Klein en la Secretaría de Planificación Económica, y el de Jorge Zorreguieta en la Secretaría de Hacienda.
También indicó que el Partido Comunista había sido signado como oponente activo en el Plan del Ejército “antisubversivo” elaborado ya antes del golpe, mostrando también que varias organizaciones en las que los comunistas se desempeñaban como la Liga, el Movimiento de Unidad Sindical y la Unión de Mujeres Argentinas habían recibido la misma calificación.
Pedro Dinani, también en representación del PC, comenzó diciendo: “Uno al momento de alegar debe necesariamente detenerse en las instancias del relato de Iris, de su tortura, debe detenerse en los lugares, en la picana, en lo que le tocó vivir…. En su sufrimiento, de cómo su hijo Floreal el Negrito Avellaneda fue torturado y brutalmente asesinado, en la manera en que fue ultimada su vida y uno se sumerge en el horror, en la mas cruda expresión del horror”.
“Pero muy por el contrario –prosiguió- hoy sabemos que estos hechos conformaron el diseño y la aplicación de un plan sistemático de exterminio pergeñados por un Estado Terrorista, que tuvo como objetivo imponer un modelo económico, tal y como lo refirió Floreal Avellaneda padre en esta sala”.
Y haciendo expresa referencia al carácter de militantes comunistas de Iris y Floreal expresó: “el “anticomunismo” ha sido la constante a lo largo de la historia como elemento central del discurso del poder para atacar, perseguir y exterminar al distinto, a aquel que resiste, a aquel que busca construir relaciones sociales diversas a las que impone el capitalismo como sistema global. Y el Partido Comunista y sus militantes como parte esencial de esa cultura, han sido sistemáticamente golpeados en las ocasiones mencionadas, como en tantas otras en que el discurso anticomunista se ha impuesto, lo mismo que todo el andamiaje de normas y reglas jurídicas construidas en ese sentido”. Y así mencionó entre los desaparecidos por la última dictadura a los de filiación comunista, y a modo de ejemplo se refirió a la estudiante Inés Ollero, cuyo caso llegó a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA; a la abogada de la LADH Teresa Alicia Israel; a Alberto Caffaratti, dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba; y al asesinado por la Triple A y dirigente de la Federación Universitaria del Sur, David Cilleruelo.
Ambos letrados escogieron obras de poetas comunistas para terminar sus planteos. En el caso de Zamorano el poema elegido fue “Abono Inagotable” de Alfredo Varela-de quien contó que es el autor de “El río oscuro” llevado al cine por Hugo del Carril bajo el título “Las aguas bajan turbias”- en homenaje a los muertos comunistas. Dinani por su parte, recitó la última parte del “Pido Castigo” de Pablo Neruda.
“No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos, los quiero ver aquí juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo”, dijo tras pedir para todos los imputados la misma pena que la que antes había pedido Dentone.
Los abogados fueron también fuertemente aplaudidos pese al pedido de silencio insistentemente efectuado por Larrandart.
Por último, la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos Myriam Bregman, representando a Justicia Ya!, llevó adelante la primera mitad del alegato correspondiente a la querella unificada en cabeza de la AEDD.
Bregman fustigó la política de fragmentación de los juicios que dijo es la que no permite a la sociedad tener una acabada dimensión de lo que significó el ataque genocida. Señaló que éste se llevó a cabo por los avances en capacidad de organización a los que había llegado la clase obrera en el período que va de fines de los 50 a mediados de los 70.
Finalmente enfatizó el rol de los civiles en el plan de exterminio cuando recordó que en el juicio los policías declararon que la zona fabril de los hechos era “conflictiva”, y que las empresas llamaban a los militares para poner fin a los conflictos con los trabajadores. Los aplausos de toda la mañana se repitieron cuando hizo el pedido final para que los genocidas pasen el resto de sus días en la cárcel.
