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Una nueva causa armada por la policía, con complicidad judicial

Mario Agustín L. fue detenido por la policía, lo sacaron de su casa por la ventana y lo golpearon fuertemente. Se lo acusa de haber querido robar una moto. En la audiencia previa a la elevación a juicio del caso, su defensor, Eduardo Soares, integrante de la Gremial de Abogados, denunció que se trata de una causa armada, comprendida únicamente por actuaciones policiales. Al responsabilizar a la justicia por permitir este accionar, un fiscal (Claudio Marcelo Cipollone) y una jueza pidieron a dos Colegios de Abogados que lo sancionen. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Buenos Aires – Mario Agustín L. tenía 17 años en mayo de 2014 cuando fue sacado de los pelos por la ventana de su casa. La policía se había presentado acusándolo de haber querido robar una moto en Florencio Varela, pero como el adolescente se negó a salir, los efectivos rompieron la puerta y la ventana, y se lo llevaron a los golpes a la comisaría de Berazategui.
“A mí me llaman los familiares de este pibe, ellos habían ido a la comisaría y allí negaban que el chico estuviera ahí. Llamé yo a la comisaría de Berazategui y me dijeron que no me iban a dar ninguna información, entonces me comuniqué con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la secretaria general de la Gremial de Abogados, Verónica Heredia. Ella a su vez se comunicó con el doctor Mario Coriolano, que es el defensor general de la Provincia de Buenos Aires. Ambos, cada uno por su lado, llamaron a la comisaría y a ellos sí les reconocieron que el pibe estaba ahí. Les dijeron que estaba muy golpeado porque se había resistido al arresto. Fui a la comisaría y efectivamente el pibe estaba muy golpeado, y lo que me dicen es que lo habían detenido en oportunidad de un robo. Hablo con los padres, con la hermana y ella me dice que el pibe estuvo toda la noche en la casa, y había también varios vecinos que me lo dijeron”, relató a Red Eco, Eduardo Soares, defensor del joven.
“Cuando yo llegué a la comisaría la moto estaba ahí –continuó Soares–, estaba la moto y los dueños de la moto. Uno de los dueños es una persona con cuya foto estaba empapelado el barrio porque el tipo le había pegado un escopetazo a un pibito. Ahora no estaba más en el barrio, pero según los vecinos era el puntero de venta de droga al por menor en la zona”.
Soares, integrante de la Gremial de Abogados, afirmó que hasta ese momento la causa le parecía común, pero que al ver el expediente se encontró con irregularidades: “a un patrullero que estaba dando vueltas por la zona en tareas de prevención, se le acerca este tipo y le dice que un pibe había querido robarle la moto pero que no se la había robado; empezaron a dar vueltas y vieron entrar en una casa a un pibe con la descripción parecida a la que decían los tipos, y por eso decidieron ingresar. A partir de ese momento y hasta el día de la audiencia, no hay una sola actuación judicial, toda la causa es una causa de actuaciones policiales. Ni la fiscalía, ni el juzgado ratificaron en ningún momento estas actuaciones judicialmente, todas son actuaciones policiales, la detención del pibe, las declaraciones de las personas, todo, no hay más que eso. Es una causa que es ya de por sí es nula porque controvierte todas las disposiciones del código de procedimiento. En primer lugar, la detención se produce sin orden judicial, además había 10 personas en la calle viendo la detención, pero la policía no recaba testigos porque no quiere. La policía debería haber citado a todas las personas como testigos, no lo hace porque saben que van a estar en contra, y ahora todos estos testigos van a ser testigos míos”.
El 3 de agosto pasado se realizó una audiencia en el Juzgado de Garantías del Joven Número 1 del Departamento Judicial de Quilmes para determinar si la causa debía ser elevada a juicio. “Es ahí donde el fiscal lee el expediente y considera que hay que elevar la causa, que está todo probado porque la policía dice a fojas tal y tal, que hay reconocimiento, que hay secuestro de la moto, etcétera, pero no es que la encuentran adentro o al lado de la casa del pibe, la moto nunca salió del dominio de esta gente. Y cuando toca mi turno, yo digo que esto lo veo todos los días, que estoy acostumbrado, menciono causas armadas como las de Diego Romero y Luz Gómez, Alejandro Bordón y tantas otras. Entonces en la audiencia digo que con lo que nos encontramos es con una causa armada por la policía, que estamos recontra acostumbrados a verlas todos los días, sin ningún control judicial, avaladas, consentidas por la fiscalía. Lo que la fiscalía tendría que haber hecho es redireccionar la investigación, primero pasar por el tamiz judicial toda la actuación policial, corroborar que lo que cada una de las personas dijo en sede policial lo reitere en sede judicial. Pero en este caso eso no está. Además tenés que ir al barrio, preguntar en el lugar de detención si las cosas fueron efectivamente como la policía dice, pero el fiscal consiente todo eso, porque el fiscal es en realidad el jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Luego de que digo todo esto el fiscal se pone como loco, dice que no lo va a permitir y pide que se me aparte de la defensa”, relató Soares a Red Eco.
El abogado aseguró que es la primera vez que le ocurre algo así, aunque sabe de otros colegas que pasaron por situaciones similares: “está empezando a pasar”, advirtió.
“A mí me han llamado la atención por mis términos que pueden no ser muy ortodoxos, pero a lo sumo me han dicho ‘doctor, cuidado con lo que dice’, ‘fíjese de plantearlo de otra manera’. Igualmente, y en todo caso, me podrán llamar la atención por los términos que uso pero no por el contenido como en este caso. El fiscal dijo ‘no voy a permitir de ninguna manera que el defensor diga esto, y además pido que se lo aparte de la defensa y se lo sancione’. Me interrumpieron el alegato, algo que en 31 años de abogado nunca me había pasado. Lo que tenés que hacer es esperar a que yo termine y en todo caso decir lo que tengas para decir. No solo me interrumpió el alegato el fiscal, sino que también lo hizo dos veces la jueza. El alegato es sagrado del defensor”, señaló Soares.
Al finalizar la audiencia de agosto pasado, la jueza resolvió elevar a juicio la causa contra Mario Agustín L, que comenzará el 11 de noviembre, y librar además un oficio a los Colegios de Abogados de San Isidro y Capital Federal, donde Soares está colegiado, solicitando su sanción ante lo que fue, según la magistrada, una “falta de decoro” por parte del letrado: “es una falta que no está tipificada en el código de ética, aun hoy no entiendo qué quiere decir con falta de decoro”.
Tras la experiencia en el Juzgado de Garantías del Joven Número 1, Soares pidió solidaridad ante el pedido de sanción realizado por la magistrada. Aclaró, sin embargo, que lo hizo no como una solicitud personal, sino más bien institucional: “el otro día en un juicio en San Martín a un colega particular que no tiene nada que ver con organismos de derechos humanos, también lo pararon muy mal, le cortaron el alegato. El colega les estaba diciendo a los jueces que no habían hecho tal y tal cosa. Hay entonces toda una tendencia de jueces y fiscales como para permitir que uno putee contra las atrocidades policiales pero cuando uno relaciona esas atrocidades policiales con la justicia, los tipos se ponen como locos y eso es lo que no quieren permitir y eso es lo que vamos a seguir haciendo. La responsabilidad policial no termina en la propia actitud, hay un juez y un fiscal que tienen el deber de contralor de la policía, si la policía tortura a un tipo, el responsable es el juez o el fiscal, si la policía permite que a un detenido se le violen los derechos, los responsables son el juez y el fiscal. La justicia es la primera responsable de la actuación policial, si no hace nada es porque lo consiente y si hace tiene que pararlo”.
De todos modos, la experiencia posterior de Eduardo Soares en el Tribunal Penal Juvenil fue diferente: “el juez citó a una audiencia para el ofrecimiento de prueba; allí me han tratado bien desde el primer día. En este marco me vuelvo a encontrar cara a cara con el fiscal, en la audiencia donde los dos ofrecemos prueba, y él como no tiene testigos ofrece como pruebas las actas, o sea que pide que se incorpore por lectura las declaraciones en sede policial. Yo me opongo y el juez me hace lugar, le dice además al fiscal que las actas no son pruebas sino que tiene que llevar a los tipos. Si el fiscal no puede traer a las personas que declararon en sede policial, se queda sin pruebas, pierde el juicio. No sé cómo hará para llevarlos”, aseveró el defensor.
Hasta el momento, los Colegios de Abogados de San Isidro y Capital Federal ni siquiera se pronunciaron sobre el pedido de sanción efectuado por la jueza de Quilmes. En tanto, está confirmado el inicio del juicio contra Mario Agustín L. para el 11 de noviembre. Aunque la audiencia realizada en el Tribunal Penal Juvenil demostró que la acusación carece de pruebas, será necesario estar presente durante las jornadas de proceso y acompañar el trabajo de abogados comprometidos por los derechos humanos, como Eduardo Soares.

 

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