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Represores juzgados, represores condenados, civiles beneficiados

Este jueves se conoció la sentencia en el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en Mansión Seré. Solo Miguel Ángel Ossés recibió prisión perpetua de parte del Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín; mientras que los otros 7 imputados fueron condenados a penas de entre 9 y 25 años. En tanto, se llevan adelante juicios por crímenes de lesa humanidad en Mendoza; Córdoba; Santa Fe; Mar del Plata; Bahía Blanca, que tras la feria judicial iniciará la etapa de alegatos; y La Plata, que comenzó el pasado lunes. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina – Condenas - El ex brigadier Miguel Ángel Ossés recibió prisión perpetua; mientras que los también ex brigadieres Hipólito Mariani y César Miguel Comes fueron condenados a 25 años de prisión, al igual que los ex policías Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, y Héctor Oscar Seisdedos. A pesar de que la fiscalía y las querellas habían pedido 25 años, el ex comisario de la bonaerense Néstor Rubén Oubiña fue condenado a 12 años de prisión; y el ex policía Felipe Ramón Sosa a 9 a pesar de la solicitud de 19 años. 

Los represores fueron condenados por los delitos de homicidio agravado, abuso sexual agravado, privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político. Cabe recordar que durante el juicio se amplió la acusación por delitos sexuales cometidos a ocho mujeres, tres hombres y un niño de 14 años.
Los delitos se cometieron contra 95 víctimas en la Subzona 16, que comprendía los partidos bonaerenses de Morón, Merlo y Moreno, y dependía de la Aeronáutica.
En su sentencia, el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín aclaró que no hizo lugar a los pedidos de la defensa por prisiones domiciliarias, y pidió que se continúe la investigación por los delitos de lesa humanidad cometidos en lugares que no fueron tenidos en cuenta en este juicio pero cuya importancia surgió en las declaraciones testimoniales, como Coordinación General, Vesubio, Comisaría de Concordia, Base Aérea 8va de Moreno; además de agregar a 30 personas que no habían sido imputadas en esta causa pero que a partir de ahora deberán ser investigadas por el juzgado a cargo de Daniel Rafecas.
El tribunal dará a conocer los fundamentos de su sentencia el 22 de setiembre, a las 11.

En desarrollo
El tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca, y el primero sobre la Armada Argentina, comenzó hace poco más de un año, exactamente el 8 de julio de 2014. Allí se juzga a 25 represores (13 pertenecen a la Armada, 5 a Prefectura, 5 al Ejército, 1 al Servicio Penitenciario, y 1 a la policía) por los delitos cometidos contra 66 víctimas (13 de ellas desaparecidas, 5 asesinadas en supuestos enfrentamientos y 48 sufrieron privaciones ilegítimas de libertad y tormentos agravados).
Recién ayer, miércoles 15 de julio, terminó la etapa de testimoniales, y tras el cuarto intermedio por la feria judicial de invierno, las audiencias se retomarán el 11 de agosto con los alegatos.
La explicación del tiempo transcurrido hasta el momento se relaciona con lo que desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca calificaron como justicia a cuenta gotas. En el último mes solo se desarrollaron 4 audiencias, y en algunos casos ni siquiera se utilizó la jornada completa.
El Tribunal, que es el mismo de los dos juicios anteriores en Bahía, está compuesto por Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti.
En la última semana de testimoniales, se negaron a declarar, por consejo de sus abogados, los represores Luis Ángel Bustos y Domingo Ramón Negrete. Al ser consultados por el tribunal sobre su salud, ambos respondieron síntomas propios de sus edades, como hipertensión, sordera, etcétera: “Estas ‘dolencias’ son las que los genocidas exponen para pedir sus prisiones domiciliarias a los tribunales, algo recurrente en todos los juicios”, expresaron desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
Los magistrados además aceptaron los pedidos de la defensa para que los imputados pasen este período de receso invernal en lugares cercanos a sus domicilios, como así también la solicitud del represor Enrique De León de concurrir a votar en el balotaje que se realizará este domingo en la Ciudad de Buenos Aires para elegir jefe de gobierno.
En tanto, el lunes 13 de julio se llevó adelante la primera audiencia por los crímenes cometidos contra trabajadores del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada: secuestros, detenciones clandestinas y torturas contra trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Astilleros Río Santiago y Propulsora Siderúrgica; como así también casos de desaparición y homicidios. En este juicio son juzgados 8 represores, ex integrantes de la Armada y la Prefectura Naval que conformaron la Fuerza de Tareas 5.
Respecto a esta primera audiencia, HIJOS La Plata manifestó: “si en la previa del juicio denunciábamos que 2 de los 10 represores imputados habían muerto impunes este año, y que de los restantes sólo 1 cumplía prisión efectiva porque los demás gozaban de la domiciliaria, sorprendió que sólo se sentaran en el juicio 6 imputados. En efecto, no se hicieron presentes el Vicealmirante Antonio Vañek, ya condenado a 40 años de prisión por su participación en el Plan Sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, supuestamente por encontrarse internado en el Hospital Naval con un dolor precordial. Tratándose del juicio a una importante estructura de la Armada en nuestra zona, la ausencia del reo de mayor rango en la fuerza se hizo sentir. Pero además, estuvo ausente el Comandante del BIM 3 José Casimiro Fernández Carró, acusado por 7 casos de compañeros que pasaron por ese CCD, 3 de ellos desaparecidos. Sus letrados informaron una súbita bronquitis no informada en los días previos ante el Tribunal”.
Durante la audiencia, las distintas defensas de los represores pidieron al tribunal que se permita no asistir a 5 de los 8 imputados. Sin embargo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata resolvió, por mayoría, que los imputados estén en la sala de audiencia, sin perjuicio de que se podrá estudiar cada caso en particular por algún problema de salud.
El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 3 de agosto, donde se continuará con las indagatorias y comenzará además la ronda de testigos.

La pata cívica
Este miércoles 15 de julio, distintos representantes de organismos de derechos humanos y personalidades se presentaron en los Tribunales de Comodoro Py para reclamar el avance de la causa contra los directivos de la ex Editorial Atlántida y los civiles que fueron parte del genocidio.
Alejandrina Barry es hija de desaparecidos e integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que lleva adelante una querella contra los directivos de la ex Editorial por haber realizado un operativo de prensa junto a los militares de la Marina, cuando ella sólo tenía 3 años y sus padres acababan de ser asesinados por fuerzas conjuntas de Argentina y Uruguay.
Referentes de los derechos humanos como Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Patricia Walsh; Enrique Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Miguel Bonasso; Pablo Pimentel de la APDH Matanza; María del Carmen Verdú de CORREPI, Eduardo Soares de la Asociación Gremial de Abogados, Elia Espen de
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, entre otros, se presentaron como Amicus Curiae, una figura legal que permite a organizaciones e individuos con interés especial en la causa, constituirse ante el juez “en virtud de que la demora en el avance de la investigación implica una nueva forma de impunidad para los perpetradores de los crímenes denunciados”. Este Amicus recayó en el Juzgado 12 de juez federal Sergio Torres, que deberá dar respuesta a la solicitud.
En relación a la presentación, Barry expresó: “es para darle mayor fuerza a la pelea por juicio y castigo a todos los responsables civiles del genocidio. Hace muchos años que vengo peleando por encarcelar a los asesinos de mis viejos, a los que me secuestraron a mí y a los civiles que me utilizaron para justificar los más atroces crímenes de lesa humanidad. A pesar de todas las pruebas ofrecidas y los testimonios de decenas de testigos prosigue la impunidad. En mi causa se ha dictado falta de mérito a uno de los editores responsables de Para Ti, Agustín Botinelli y el resto de la causa continúa paralizada (…). Con la presentación que hicimos queremos decir también que no vamos a aceptar que permanezca la impunidad a los civiles que fueron quienes idearon y sostuvieron el plan genocida”, en referencia a los fallos a favor de empresarios como Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, que en la tarde de este jueves, fue escrachado en las oficinas que tiene la empresa en la Ciudad de Buenos Aires.

Más información: http://juicioft5.blogspot.com.ar / http://hijosbahiablanca.blogspot.com.ar/

 

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