Red Eco Alternativo ***

Sin refugio

El Comité de Elegibilidad Para Refugiados, dependiente del ministerio del Interior argentino, rechazó el pedido de un matrimonio peruano.

(CORREPI SUR)- El 6 de abril de 1993, César Enrique Caballero Melgarejo fue detenido en Lima, Perú, por un incidente callejero. César era obrero y estudiante universitario, combinación suficiente para ser acusado por terrorismo. Fue juzgado por los Tribunales Especiales Antiterroristas, constituidos por jueces militares con identidad secreta, conocidos como los "tribunales sin rostro". En estos procesos no existía el derecho de defensa de los acusados y la prueba fundamental consistía en el "atestado policial" que es el dictamen que realiza la policía política en cada caso que interviene.
Cesar fue condenado a 20 años de prisión. Sufrió torturas sistemáticas, castigos, aislamiento, falta de alimento, de abrigo, de higiene y constantes trabas para permitir la visita de sus familiares.
La lucha popular y las constantes denuncias por violaciones a los derechos humanos, que transgredían todos los pactos internacionales firmados por el Estado peruano, presionaron para que se modificarán las leyes antiterroristas.
En 2003, una reforma legislativa ordenó anular los procesos "antiterroristas" en trámite o con sentencia firme, sólo respecto de la participación de jueces y fiscales "sin rostro". Por lo tanto, las causas fueron reiniciadas, esta vez con jueces y fiscales identificados.
Durante el reinicio de las causas, los detenidos eran informados de la apertura del proceso. Esto nunca le fue notificado a César, porque su expediente había desaparecido. Pese a esto, siguió detenido dos años más.
Después de 12 años de prisión, en marzo de 2005, recuperó la libertad luego de presentar dos Habeas Corpus. Pero el hostigamiento policial no se detuvo, y ante la falta de garantías y derechos, Cesar no tuvo otra opción que salir de su país.
María también fue hostigada a partir de la detención de su marido, e inclusive se la quiso involucrar en una causa en el año 1995 por la cual estuvo detenida unos días.
Esta persecución aumentó tras la liberación de su compañero, situación que obligó a toda la familia a salir del Perú y solicitar el refugio político en Argentina.
El 25 de octubre de 2005 llegó a la Argentina junto con su esposa María del Rosario y la hija de ambos, Norah.
Sin embargo, en una resolución fechada el 28 de junio de 2007, el Comité de Elegibilidad Para Refugiados (CEPARE), dependiente del ministerio del Interior argentino, les niega refugio argumentando que en el Perú se encontraba plenamente restablecido "el Estado de Derecho y el respeto a las libertades individuales y al debido proceso", y que los compañeros no tenían "motivos fundados" para temer por su situación.
La falta de garantías mínimas para los detenidos por razones políticas y la continuidad de las prácticas represivas cometidas por las fuerzas de seguridad, siguen existiendo en Perú. Incluso el pasado 22 de julio se promulgó el Decreto Legislativo nº 985 que amplía los supuestos de "terrorismo" a hechos como "dar alojamiento" a un miembro de una "organización terrorista" o "trasladarlo de un lugar a otro", y pocos días después se aprobó otra norma que deja al libre criterio de las fuerzas policiales y militares el uso de la fuerza.
Por otra parte, la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú y organismos internacionales han denunciado la continuidad de la represión y la criminalización de los conflictos sociales. Incluso en un informe presentado este año, Amnesty International manifiesta su preocupación por la existencia de cuatro anteproyectos de ley, promovidos por el Poder Ejecutivo, que establecen la pena de muerte, uno de los cuales lo pide para casos de "terrorismo".
En este momento está en revisión la causa de Cesar. Pueden llegar a condenarlo a 25 años de prisión por terrorista. Y es probable que si se niega el refugio, Perú pida su extradición.

 

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