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Pablo Pimentel: Denunciado por defender los derechos humanos

El referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza tiene una causa en su contra impulsada por los abogados de un grupo de policías acusado de haber asesinado a un joven en una comisaría de Isidro Casanova. Distintas agrupaciones sociales se encuentran en alerta y organizando una serie de acciones para exigir la desestimación de esta causa armada, en el marco de lo que consideran una avanzada contra los organismos de derechos humanos que luchan contra la violencia institucional y la criminalización de la protesta social. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Buenos Aires – “Globo de ensayo”, así definió Pablo Pimentel el armado de la causa en su contra. Pimentel sabe por qué él y su organización están en esta situación: la APDH La Matanza toma y hace propios casos de gatillo fácil, desalojos, criminalización de la pobreza y la protesta, casos que molestan al sistema judicial, político y policial. Sabe también que no es el único: “si uno recorre el país en distintas provincias hay varios compañeros que están procesados por acompañar otros casos, que evidentemente le joroban al sistema”, aseguró.
Gabriel Blanco tenía 21 años, una hija y vivía en el Barrio “La Borward” de Isidro Casanova, cuando en 2007 fue detenido por la policía. Previamente, Gabriel había estado preso por robo y había tenido problemas de adicción, pero para ese momento se estaba recuperando y estaba trabajando. Desde hacía un tiempo, efectivos de la zona lo venían hostigando para que robara para ellos, algo a lo que Gabriel se negaba sistemáticamente.
El 1ero de marzo de 2007 por la noche fue detenido y llevado a la comisaría de San Carlos, donde cuatro horas más tarde apareció muerto en su celda. “Fue un suicidio”, dijeron los policías presentes y entregaron a la familia el cuerpo con la mortaja pegada para disimular los golpes que el joven había recibido.
Su padre se dio cuenta de lo que había pasado y se contactó con la APDH La Matanza. Durante ese fin de semana, previo a presentar la denuncia ante la justicia, fue permanentemente amenazado en su casa por la policía de la zona.
Gracias al acompañamiento del organismo de derechos humanos se realizaron todo tipo de peritajes que demostraron que era imposible que el joven se suicidara con el cable que apareció atado a su cuello; además se demostraron los golpes que había recibido. A su vez, la mayoría de los detenidos esa noche en la comisaría declaró haber escuchado a un joven gritar con desesperación, pidiendo que dejaran de pegarle porque lo iban a matar.
Los policías afectados contrataron un grupo de abogados, digno de este tipo de defensa. Uno de ellos, Miguel Racanelli, es titular del PRO en La Matanza.
“Ellos leen el expediente y ven que la APDH había visitado la comisaría al día siguiente de la muerte de Gabriel –relató Pimentel– y por supuesto que sí, fuimos e hicimos lo que hacemos siempre, varios compañeros charlamos con los detenidos y pudimos determinar entre las doce o trece personas que había que la mayoría escuchó gritos desesperantes de un joven que pedía por favor que no le pegaran más porque lo iban a matar. Ese era Gabriel Blanco. Pero cuando los abogados leen en la causa que había presos que no escucharon nada porque estaban durmiendo, los citan y con preguntas inducidas les hacen decir que nosotros les habíamos dicho que denunciaran contra la policía ya que si lo hacían iban a tener mejoras de parte de la APDH en sus condiciones de detención y en sus causas, como si la APDH pudiera meterse en algo así”.
Este fue el puntapié para presentar la denuncia contra Pablo Pimentel en octubre de 2013. Se lo acusaba de “extorsión”,  y se indicaba que los militantes de derechos humanos les habían sugerido a los presos testigos en la muerte de Gabriel que declarasen en contra de la policía. La presentación llegó, no casualmente, poco después de que la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza desestimara las apelaciones a las prisiones preventivas dictadas contra el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena, por torturas seguidas de muerte.
El fiscal citó a declarar a los presos mencionados, pero no encontró sustento respecto a la presentación efectuada por los defensores de los policías por lo que a los tres meses desestimó la denuncia. Sin embargo, la fiscalía general le devolvió la causa afirmando que la desestimación era muy temprana y debía seguir investigando.
En medio del ir y venir judicial, la APDH sufrió varios escraches e intimidaciones, pintadas, pasacalles y contramarchas, dirigidas especialmente hacia la figura de Pimentel a quien se lo acusaba de “chorro” y “corrupto”.
En el marco de una reunión a la que asistieron distintas organizaciones sociales y de derechos humanos con el objetivo de coordinar acciones para dar cuenta de esta situación y exigirle a la justicia que resuelva este caso con urgencia, Pimentel dejó en claro que aquí existe una sola víctima que es Gabriel Blanco: “un joven de un barrio humilde que fue primero reclutado para robar, y el negarse a hacerlo fue su condena a muerte, tal como le pasó a Luciano Arruga y a tantos jóvenes. No hay que perder el norte. Por haber tomado este caso - como lo hace con tantos otros, que asumimos y hacemos nuestros - la APDH sufre esta persecución y esta causa penal que nos han hecho. El objetivo central es que queremos justicia por Gabriel Blanco”.
La referencia a Luciano Arruga no es casual. El caso Blanco ocurrió dos años antes de la muerte del joven del barrio 12 de octubre de Lomas del Mirador. Ambos eran jóvenes de zonas humildes del conurbano bonaerense. Los dos fueron perseguidos, hostigados y presionados por la policía para que robaran para ellos. Tanto Gabriel como Luciano se negaron, y lo pagaron con sus vidas. Una de las organizaciones que tuvo mayor presencia con las dos familias es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, no es la única, pero sí una de las más visibles, y su criminalización entonces no es casual.
“El tema acá es que no solamente es un abogado que defiende policías, es un sistema, una forma de protección a grupos a los que evidentemente jodemos y esto es porque tuvimos el tupé junto con otros organismos como el CELS, Familiares y Amigos de Luciano Arruga, de denunciar a dos fiscales (Roxana Castelli y Celia Cejas) que tienen el jury de enjuiciamiento que va a empezar ahora, un jury por mal desempeño, y a un juez de garantías (Gustavo Bancos, al igual que las fiscales por su accionar en el caso Arruga), y eso no lo van a perdonar nunca”, aseveró Pimentel.
De todos modos, los integrantes de la APDH aclararon que entienden que no se trata de una causa particular armada contra ellos, sino que es un ensayo para avanzar sobre las organizaciones de derechos humanos y populares que luchan para cambiar la realidad, motivo por el que las convocaron a reunirse y actuar en conjunto para exigir que la justicia desestime la denuncia contra Pimentel y contra todos los luchadores sociales del país.

 

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