La justicia patas arriba: segundo capítulo.

Policías absueltos, represores condenados que son beneficiados con prisión domiciliaria, periodistas denunciados por informar.

(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina -Ayer se vivió un nuevo episodio del reino del revés. El Tribunal Oral Criminal 5 de La Matanza absolvió a los cinco policías acusados del delito de “tortura seguida de muerte” del joven Gastón Duffau, hecho ocurrido en febrero de 2008.
A pesar de que una de las autopsias realizadas al cuerpo de Gastón confirmó que recibió al menos 91 golpes y que murió asfixiado (¿Cómo puede una persona ahorcarse a sí mismo?, se preguntaba luego de conocer la sentencia Mariano, hermano de Gastón); a pesar de que los mismos jueces verificaron que el joven falleció en el trayecto entre la comisaría segunda de Ramos Mejía y el hospital Luis Güemes de Haedo; los magistrados Gabriela Silvia Rizzuto, Matías Mariano Deane y Javier Mario González les brindaron el beneficio de la duda, al asegurar que “no se pudo acreditar si los encartados le aplicaron golpes a la víctima” y que las lesiones “no se encuadran en el mecanismo de la tortura”.
Así los oficiales Luis Acuña, Leonardo Brandán, Natalio Denaris, Rubén Steingruber y Mauro Ponti quedaron en libertad. Además, los jueces pidieron que se investigue al fiscal de la causa Guillermo Bordenave por supuestas irregularidades.
A la familia de Gastón sólo le queda apelar la medida, pero ya cuentan con el antecedente de cómo actúa la “justicia” para ellos.
En tanto, en Corrientes la mujer de los ojos vendados también hace de las suyas. En la localidad de Paso de los Libres dos periodistas, Sergio López e Ignacio Villanueva, fueron denunciados e imputados tras haber publicado parte de las declaraciones de José Méndez Ribeiro, testigo en la causa La Polaca, en el que se investigan torturas cometidas durante la última dictadura militar en el “Local 13”, una dependencia del Servicio de Inteligencia del Ejército, ubicada detrás del Escuadrón 7 de Gendarmería.
La acusación fue realizada por el Jefe del Destacamento de Inteligencia 123, Teniente Coronel Celestino Mosteirín, basándose en que los periodistas incluyeron en sus respectivas notas los nombres de un grupo de personas que pertenecen (o pertenecían) al Grupo de Inteligencia y que eran denunciados por Ribeiro. Lo concreto es que estos nombres ya eran conocidos con anterioridad y que no existe nada que impida su publicación.
Si la denuncia prospera, la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dependencia podría quedar sin efecto. Estas suposiciones se basan en que luego de la declaración de este testigo, no se volvió a llamar a declarar a nadie más. Podría decirse que se trata de la excusa perfecta para cajonear la causa.
Por su parte, la agrupación HIJOS (filial Córdoba) le pidió a la jueza federal número 3 de la provincia, Cristina Garzón de Lascano, a través de un escrito, que los represores Luciano Benjamín Menéndez, Luis Manzanelli y Carlos Vega continúen en la cárcel. Cabe recordar que días atrás la Cámara Nacional de Casación Penal los había beneficiado con prisión domiciliaria. Desde HIJOS explicaron que estos militares tienen varios procesamientos abiertos por delitos de lesa humanidad por lo que resulta inconcebible que se les permita esperar sus juzgamientos en sus casas.
Los tres represores habían sido condenados el año pasado con penas de entre 18 años y prisión perpetua por los delitos cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Perla, que ellos mismos comandaban.
Ahora, una vez más, la decisión está en manos de la justicia, lástima que ya no genere ni la más mínima confianza. 

 

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