Los genocidas reconocen la cadena de mando

Ayer se realizó la tercer jornada del juicio por el crimen del “Negrito” Floreal Avellaneda, y el secuestro y torturas a su madre. Las voces de los genocidas estuvieron ausentes. (Olivier Reboursin - Red Eco) Buenos Aires - Durante la audiencia se leyeron las declaraciones que en el año 1984, cuando se inició la causa, y en 2004, durante el proceso de instrucción, hicieron los genocidas Santiago Omar Riveros, Osvaldo García, Raúl Harsich, César Fragni y Fernando Verplaetsen.
La Secretaria del Tribunal trajo a la audiencia los escritos de entonces, porque los militares se negaron a prestar declaración durante la audiencia del juicio y ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín.
Aún cuando las sucesivas declaraciones mostraron no sólo el mismo lenguaje sino idénticas palabras para negar la vinculación personal de los imputados con los hechos que se ventilaban, hubo una coincidencia generalizada en el reconocimiento de la cadena de mandos y del área o jurisdicción en la que operó el Comando de Institutos Militares.
También quedó clara la acción vertical del funcionamiento en Campo de Mayo, la superioridad de Riveros, y el hecho de que éste a su vez estaba sometido a la autoridad del Comando en Jefe del Ejército, y en definitiva a las órdenes de la Junta Militar.
Según las declaraciones de Riveros - ex jefe del Comando de Institutos Militares y representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa en los primeros años de la dictadura - se pudo saber que se considera “un prisionero político en manos del enemigo” y que “numerosos terroristas de ayer y de hoy forman parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial” en la actualidad.
Paradójicamente, el represor afirmó que sus derechos constitucionales están siendo violados, afirmando que los juicios son continuidad de la “guerra revolucionaria por otros medios”.
Las declaraciones del represor indagado volvieron en torno a la “obediencia debida” de las Fuerzas Armadas para con el poder.
Se leyó textualmente que según Riveros el “combate contra el terrorismo” comenzó “antes del inicio del gobierno militar” asegurando que sus orígenes estuvieron en los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y su sucesora María Estela Martínez de Perón.
Su búsqueda de justificar mediante expresiones como “guerra no convencional” la represión brutal y el genocidio perpetrado contra todo el pueblo argentino, se notaron tanto en relación a sus opiniones sobre el período de 1974/1983, como en relación a los hechos del crimen de Floreal Edgardo Avellaneda y las torturas infringidas por personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la Comisaría de Villa Martelli y el campo de concentración “El Campito”, que funcionara en Campo de Mayo.
Así, Riveros expresó que del informe médico no surge que Floreal Avellaneda haya sido torturado, que no hubo una autopsia del cuerpo y tan solo hubo un reconocimiento exterior del mismo.
Esta afirmación niega las pruebas aportadas por los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Julio Viaggio y Jorge Álvarez, a la causa en 1984, que daban cuenta de que el cuerpo del joven Floreal Avellaneda había aparecido en mayo de 1976 en las costas uruguayas del Río de la Plata maniatado, y con signos de evidentes torturas.
Los dichos de Riveros leídos en la audiencia, pretendieron negar lo que ya ha sido probado en la Causa 13 y otros juicios por crímenes del terrorismo de Estado en torno a la ilegalidad de los procedimientos de las fuerzas represivas durante la dictadura, lo mismo que la organización de un plan sistemático de represión con amplias facultades discrecionales para los cuadros intermedios del Ejército y de otras fuerzas para llevar a cabo tal plan.
Las palabras de Riveros aseguraron que todas las órdenes en el marco de la “guerra contra la subversión” fueron por escrito, señalando que habría que buscar en el Comando del Ejército las constancias de las mismas “o en su caso, preguntar al presidente de la Nación”.
Sin embargo, las declaraciones de su entonces subordinado, Coronel García, expresaron que no existían órdenes escritas y que las atinentes a la “lucha antisubversiva” las daba Riveros, marcando una importante contradicción.
Los entredichos de estas palabras con las del policía Alberto Aneto de la semana pasada, en cuanto al poder de los militares en relación a las fuerzas subalternas (policía, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario), aportan una prueba más acerca de la coordinación de fuerzas represivas genocidas durante la última dictadura militar.
La audiencia concluyó con las escuetas declaraciones de Fragni, Harsich y Verplaetsen, que dieron cuenta del espíritu de cuerpo con que los perpetradores del plan criminal enfrentan este y otros juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en los setenta.
negritoavellaneda.gifEl próximo lunes, desde las 9, será el turno del testimonio de la propia Iris Avellaneda, de su compañero Floreal, y de la tía del Negrito.  Todos ellos han aceptado que su testimonio sea televisado por Canal 7.
Pero es importante además la presencia física en el tribunal de la calle Balbín 1753 para acompañar a la familia del Negrito en un día que es, podría decirse, el más esperado durante treinta años, pero también el más difícil. Hablar de cosas tan dolorosas ante un Juzgado, ante los defensores de los asesinos y acaso ante alguno de ellos.


Contactos: José Schulman (secretario LADH): 15-5329-8757  /  Graciela Rosenblum (presidenta LADH): 15-4156-7877.
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