Cuando la justicia está patas arriba
- Detalles
- Categoría: DDHH
- Publicado: Jueves 23 de Abril de 2009
(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina. Distintos organismos de Derechos Humanos de Neuquén criticaron fuertemente la decisión de la jueza federal provincial Margarita Gudiño de Argüelles de declararse incompetente y enviar 22 causas por delitos de lesa humanidad al Juzgado Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén aseguraron que esta declaración de la magistrada niega el circuito que conformaron todas las fuerzas represivas durante la dictadura.
Los 22 expedientes que se enviarán a Bahía Blanca integran el tercer gran operativo "antisubversivo" efectuado en las provincias de Río Negro y Neuquén, entre el 9 y el 15 de junio de 1976. Las personas detenidas y desaparecidas en este operativo fueron trasladadas a varios centros de detención de distintas localidades de las provincias del sur, como así también a Bahía Blanca. De lo que se conoce del funcionamiento de este operativo puede verse la coordinación en conjunto de todas las fuerzas represivas (Ejército, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y policías provinciales), además de los juegos de encubrimientos y complicidades de la justicia federal y la intervención militar de Neuquén. A su vez, este operativo fue en el que más cantidad de desaparecidos hubo de la región: nueve.
El argumento de la jueza indica que el lugar de investigación debe ser Bahía Blanca porque allí, supuestamente, ocurrieron los delitos más graves que sufrieran estas personas. Ante esto, vale decir que no hay pruebas fehacientes de que los desaparecidos hayan sido ultimados allí y no vueltos a trasladar a otra zona patagónica. Además, como distintos jueces que entienden en estas causas no toman en cuenta la figura de “genocidio”, el delito más grave es el de torturas, y existen sobradas pruebas de que estas también se cometieron en Neuquén.
Por otra parte, los secuestrados en este operativo son los primeros casos registrados de personas cautivas en "La Escuelita" de Neuquén, por lo que si se envían estos casos a Bahía Blanca se estaría desmembrando la historia de este centro de detención.
Cabe agregar que todos los represores imputados actuaron en Río Negro y en Neuquén, y que, a su vez, la mayoría de los organismos de Derechos Humanos de la Argentina son proclives a que los juicios se lleven a cabo en los lugares donde las víctimas militaban y vivían.
En tanto, el martes pasado el colectivo de querellantes Justicia Ya! se concentró en Tribunales. Allí, cerca de cien personas se amordazaron en protesta por el fallo de la Corte Suprema que ratifica que Justicia Ya! no tendrá derecho a estar representado por sus propios abogados en los juicios contra los genocidas que se sustancien en adelante en la Capital Federal.
Los abogados también hicieron pública una denuncia en la que piden, por segunda vez, la destitución del Tribunal Oral Federal 5 por haberlos discriminado por razones políticas. La primera presentación, en diciembre de 2007, había sido efectuada luego de que el TOF 5 se negara a cambiar el lugar de detención del Prefecto Héctor Febrés, quien fue finalmente asesinado con cianuro tres días antes de escuchar su sentencia.
Por último, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. de Córdoba emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación ante la certeza de que los juicios contra represores en esa provincia que se iban a iniciar este año se retrasarán sin plazos ciertos. Esto es como consecuencia de distintos intentos de desintegrar el Tribunal Oral Federal que el año pasado juzgó y condenó a Menéndez y otros siete represores a cárcel común. El mismo tribunal había salido sorteado para juzgar otros hechos. Pero los permanentes intentos lograron su cometido, y provocaron la renuncia del Juez Federal Otero Álvarez, y la consecuente desarticulación del Tribunal Oral Federal Nº1. Por todo esto, los organismos le exigen al Estado Argentino que arbitre urgentemente las medidas necesarias para conformar un Tribunal constitucional que lleve adelante los juicios por delitos de lesa humanidad.
