Red Eco Alternativo ***

Basta de muertes y torturas

Se inició una campaña por las presas y presos de Argentina. La vida y la dignidad de miles de personas tras los muros y las rejas están en juego. El año pasado, 59 seres humanos fueron ultimados y seis más en la primera semana de 2009. Todos se hallaban bajo la guarda del Estado, mas aún, no hay responsables de estos crímenes.
Así lo afirma el documento dado a conocer esta semana que plantea el retroceso en el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas desde que asumió la actual gestión civil del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo de Alejandro Marambio. El SPF depende del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos, cuyo titular es Aníbal Fernández.
El documento se explaya en varias denuncias. Por un lado las dificultades y hasta el impedimento para ingresar a los penales por parte de docentes de distintas carreras y facultades que dan clase a los reclusos. Por otro, las restricciones de entrada a organismos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y hasta la misma Procuración Penitenciaria, ente estatal que debe controlar al SPF para dar cuenta de cómo son tratados los presos.
Como ejemplos se menciona que en el 2008 tres jueces de ejecución de sentencia intentaron ingresar a las cárceles acompañados de dirigentes de Derechos Humanos y les fue prohibido taxativamente. También ese año el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, denunció ante la Corte Suprema de Justicia que el gobierno le impide realizar auditorias en las cárceles federales para dar a conocer las "gravísimas torturas y violaciones de los derechos humanos que están sufriendo los presos" en la Argentina.
El Programa UBA XXII, que desde hace 24 años garantiza el acceso al estudio universitario a las personas presas en cárceles federales, también sufrió los embates. Del Centro Universitario Devoto, en noviembre de 2008, nueve presos estudiantes de distintas carreras fueron trasladados de penal, con armado de causas, ejerciendo feroz violencia sobre los mismos, violando el convenio con la UBA.
La campaña reclama el ingreso a las cárceles sin restricciones, la continuidad sin limitaciones de la actividad docente y no más muertes, torturas y violaciones a los derechos humanos de los presos y presas en la Argentina.
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