Justicia al revés

Twitter

Un juez salteño intentó entorpecer la investigación de un crimen de lesa humanidad, dirigiendo acusaciones hacia un abogado de derechos humanos y un periodista.

(María Inés Lasivita – Red Eco) Salta - El 16 de julio cinco integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia fueron privados ilegalmente de su libertad en el Juzgado Federal de Orán. Guido Salomón Villena, David Leiva, Isabel Parada, Matilde Ruiz y Hugo Tapia, fueron al juzgado para presentarse como querellantes en la causa que investiga la desaparición y homicidio de Jorge René Santillán, cometidos en agosto de 1976. Los acompañaba el periodista Fabián Cardozo, que fue retenido junto a ellos.
En el momento de la presentación de la querella contra el regimiento del monte 28 de Tartagal, se tomaron fotografías. Uno de los gendarmes que estaba presente les preguntó de mala manera acerca de las fotos, y cuando quisieron retirarse, les comunicaron que no podían salir. Los seis fueron arbitrariamente detenidos en el juzgado, mientras Gendarmería pedía “refuerzos”. Durante el tiempo en el juzgado, Cardozo habló a una radio desde su celular, dando a conocer la situación. Desde la radio se comunicaron con el Comandante Dominicini para pedir explicaciones, y este declaró que se trataba de órdenes recibidas por parte del juez federal Raúl Reynoso.
Cuando trascendió la situación, los dejaron salir del juzgado. Una semana después, el juez Reynoso inició una investigación criminal, que hizo constar en el mismo expediente sobre la desaparición y el homicidio de Santillán, contra el periodista Fabián Cardozo y el abogado David Leiva, que es querellante en varias causas de Derechos Humanos e integrante de la Red Nacional de Derechos Humanos.
En el caso de Leiva el juez intentó investigarlo y sancionarlo por discriminación, diciendo que insultó a un gendarme. A Cardozo intentó acusarlo de infracción del Estatuto del Periodista, por no poseer título, lo que es irrelevante porque en el país no se necesitan estudios para ejercer la profesión.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, denunció en una carta dirigida a la Cámara Federal salteña, que el juez “utilizó así un expediente que debería tener por objeto la investigación de un crimen de lesa humanidad cometido durante la última dictadura militar para instrumentar la persecución actual a un abogado y un periodista”.
Según organismos de derechos humanos que repudiaron la actitud paranoica de Reynoso, el objetivo final de estas acciones es el de meter miedo y detener el avance sobre los juicios contra los responsables del genocidio en Salta.
Por otro lado, a raíz de la situación de Cardozo, la Asociación de Periodistas de Salta (APES) expresó su preocupación y solidaridad, y denunció que el caso forma parte de una serie de reiteradas situaciones en la provincia, que lesionan el derecho a la información y la libertad de expresión. APES declaró también su preocupación por la división que los funcionarios hacen entre periodistas “amigos” y “opositores”, que se manifiesta en actitudes discriminatorias
El miércoles 8 de agosto se realizará en la Ciudad de Salta una marcha en defensa de los Derechos Humanos, en rechazo a la arbitrariedad y la impunidad, que partirá del Cabildo Histórico a las 10.30.