Red Eco Alternativo ***

Desbordes. Palos y mordazas que sostienen el ajuste

Lecturas posibles de los cambios en comunicación en la gestión de Cambiemos. El gobierno de Macri finaliza tres años de gestión signados por el ajuste y la reducción del Estado, las constantes transformaciones en el ámbito de la comunicación y el recrudecimiento de la violencia estatal. La relación entre estos elementos puede explicarse mediante una simple ecuación: el ajuste es una política esencial de este oficialismo, y para que su concreción no se vea amenazada es necesario controlar la opinión pública y reprimir la resistencia. Asfixia de la libertad de expresión y violencia física. Por Francisco Godinez Galay.

Sobre la violencia institucional, los ejemplos sobran, y también están enfocados en no permitir que lo impopular de las políticas tomadas amenace el plan. La desaparición y muerte de Santiado Maldonado en ocasión de una oscura persecución de Gendarmería, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, la represión de cantidad de protestas contra leyes de ajuste, allanamientos a organizaciones sociales, el sistemático uso del amedrentamiento, la amenaza, la estigmatización y la violencia física, lo confirman. Van en este sentido también la reforma al Código Procesal Penal en la Ciudad de Buenos Aires, la mayor participación de las fuerzas de seguridad en el espacio público, la doctrina Chocobar y el protocolo Bullrich que habilita a las fuerzas de seguridad a disparar ante la duda. Las laberínticas y eternas obras viales de Larreta en la ciudad aportan al panorama: anulan vías de protesta y preparan verdaderas trampas mortales para la desconcentración de manifestaciones.

En lo que concierne a las políticas de comunicación, la conducta responde a dos aspectos. Por un lado, tener control sobre la disidencia. Por otro, la visión que el gobierno tiene sobre la comunicación: no se trata de un derecho sino de un factor dinamizador de la economía.

Este proceso comenzó apenas asumió Macri con la sanción del decreto 267 que reformó aspectos cruciales de la Ley Audiovisual, constituyendo un escenario más concentrado y beneficioso para los grandes jugadores de las comunicaciones. En los primeros días de 2016, debemos recordar, se intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual desplazándose a su presidente Martín Sabbatella. La AFSCA llegó a estar cerrada durante cuatro días. Luego fue disuelta como así también la AFTIC -Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y la Comunicación-. La excusa fue la convergencia: según el gobierno no podía sostenerse un país moderno con legislaciones separadas para medios audiovisuales y telecomunicaciones, porque el mercado imponía otra cosa. Con ello justificó la urgente creación del actual Ente Nacional de Comunicaciones en lugar de los dos organismos precedentes.

El decretazo que impuso estas reformas debió ser explicado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se prometió que la situación era transitoria porque la intención era hacer una nueva normativa para la convergencia. Esto fue solo una promesa: a pesar de nombrar una Comisión encargada de redactar la futura norma en seis meses y de darse tres prórrogas de seis meses más, cuando se conoció el texto del proyecto, era casi una copia de la Ley Audiovisual pegada a la Ley Argentina Digital. ¿Y la convergencia? De más está decir que nunca ingresó al Congreso, nunca se explicaron las razones, nunca se cumplieron las promesas. En los últimos días de 2018, la Comisión resolvió una prórroga por un año más. No hay interés de crear una norma integral, pues la situación de hecho, conformada a base de decretos y resoluciones, alcanza para consolidar el proyecto de concentración.

En este derrotero hay que mencionar la autorización para la fusión entre Cablevisión y Telecom, la media sanción de la lamada “ley corta” que funcionaría como compensación a las telefónicas por los favores brindados a Clarín. En definitiva, se hacen posibles los negocios cruzados entre servicios audiovisuales y telecomunicaciones. La intención se desnuda: hacer más fuertes a los fuertes. La consecuencia es grosera: la obsecuencia de los grandes medios comerciales beneficiarios de este monumental negocio y la indulgencia de sus líneas editoriales.

Respecto de los medios públicos, hay que afirmar una marcada decisión por achicarlos en lo económico y asfixiarlos en cuanto a su rol ciudadano: los famosos 357 despidos en Télam, los despidos en los otros medios, el fin del noticiero de la TV Pública los fines de semana, el fin del programa Fútbol Para Todos, sirven tanto para achicar el Estado como para achicar el rol de la comunicación pública. La desregulación de Papel Prensa es la obscena frutilla del postre: se elimina el precio único del principal insumo de los periódicos, quedando al arbitrio de quienes tienen la manija de la empresa (Clarín y La Nación). Finalizando el año, se reprime groseramente a trabajadores de medios públicos que pedían por paritarias luego de un largo período de no obtenerlas.

En este contexto economicista y resistente a la diversidad, qué se puede decir de la situación de los medios comunitarios, alternativos y populares: el congelamiento del Fondo Concursable FOMECA para medios comunitarios creado por ley causó muchos contratiempos. Su posterior relanzamiento con modificaciones que solo lo complican, el traspaso del trámite al ámbito de Internet y el retardo en los pagos (al cierre de esta nota la mesa Interredes que nuclea a las grandes redes de medios comunitarios, alternativos y populares calcula en más de 500 millones de pesos la deuda que se tiene con los medios comunitarios a los que les corresponden por ley esos fondos), constituyen formas concretas de condicionar y obstaculizar su funcionamiento. Adicionalmente, la oleada de absurdos cuestionamientos a las rendiciones contables de los medios sobre esos fondos ha generado una situación de desgaste que pretende desalentar la participación en los concursos. En noviembre, además, se decretó un recorte de 120 millones de pesos para FOMECA. En estos tres años, además, se han multiplicado decomisos, amenazas y atentados concretos sobre medios comunitarios e indígenas en todo el país.

La Defensoría del Público tampoco la pasó bien. El organismo encargado de defender derechos de las audiencias, hacer investigación y brindar capacitación con perspectiva de derechos, funciona de forma acéfala desde noviembre de 2016. La Comisión Bicameral encargada de nombrar Defensor o Defensora aún no lo hizo. En septiembre de 2018 se reunió para resolver el problema y solo nombró un interventor, funcionario del gobierno y asesor del presidente de la comisión Eduardo Costa. Su cargo sería transitorio, pero para este gobierno, lo transitorio es permanente y le renovó el cargo sin la anuencia de los miembros de la Comisión, al menos hasta marzo. El año termina con la puesta en peligro de una veintena de puestos de trabajo en la Defensoría, solo conservados luego de la lucha de los trabajadores y nada más que hasta marzo de 2019. El 21 de diciembre se desplazó a Ernesto Lamas como director de Capacitación de ese organismo, sin mediar más explicaciones que “razones políticas”.

En el terreno de las redes sociales, más difícil de controlar, la estrategia es atacar la crítica, desprestigiar a los y las disidentes y plantar fake news. Ya algunos estudios empiezan a demostrar la existencia de troll centers y de ataques orquestados sistemáticamente. El caso del muchacho que estuvo preso por tuitear una canción contra el presidente es una expresión de la conducta de amenaza que pretende utilizar el gobierno.

Es mentira que el neoliberalismo busca la no intervención del Estado. Lo que busca es que el mercado no vea comprometidos sus objetivos y que los amigos del poder puedan desarrollar sus negocios. Y eso se hará con laissez faire, pero también interviniendo cuando sea necesario hacerlo, siempre en favor de intereses propios: el referí solo aparece para inclinar la cancha. En este sentido, Guillermo Mastrini y Mariano Mestman (1996)1 nos enseñaron a desconfiar del concepto de desregulación en la comunicación para ver que en muchos casos se trata de una re-regulación: los Estados ocupados por gobiernos empresariales no dejan todo librado a los flujos del mercado, sino que meten mano (no invisible) en las políticas de comunicación para ajustar el escenario a sus necesidades y creencias. Un gobierno de CEOs querrá mayor margen de maniobra para el mercado, que es el lugar que saben habitar, con el cual se identifican y donde están las empresas a las que pertenecen.

El actual gobierno está desarrollando un monumental plan de ajuste, no solo para cumplir con el Fondo Monetario Internacional sino porque forma parte de su ideología. Y porque con el ajuste es la ciudadanía la que paga los fenomenales negocios que los amigos del poder están haciendo en plena crisis. Para llevar a cabo estas intenciones sin que se frustren, se necesita ejercer la violencia física y el control sobre el derecho a la comunicación. Los límites a la libertad de expresión son la garantía de perpetuidad del plan de gobierno y ya se han instalado de forma estructural, sistemática y encarnizada. Y este es un año electoral. Lo que la soberbia de los funcionarios les está impidiendo ver es que estos planes de asfixia siempre provocan, tarde o temprano, la reacción social. A todxs nos gusta respirar.

1 Mastrini, Guillermo y Mestman, Mariano (1996). ¿Desregulación o re-regulación? De la derrota de las políticas a las políticas de la derrota. Cuadernos de Información y Cultura 2. Madrid: Universidad Complutense de Madrid

 

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