Una comunicación confidencial y exclusiva
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- Categoría: Comunicación
- Publicado: Martes 24 de Mayo de 2016
El diálogo del gobierno, una vez más, se restringe a interlocutores específicos y a espaldas de la sociedad. Esta vez se trata de un acuerdo que empezó a tomar forma en marzo último, con una consultora estadounidense para asesorar sobre la ley de convergencia de comunicaciones. Por María Luján Tilli (Centro de Producciones Radiofónicas-CPR)
A partir de la nota publicada en Página 12 por Fernando Krakowiak se hace público otro de los acuerdos del Gobierno con una empresa foránea que afecta el derecho a la comunicación como fue el caso de Facebook y la administración de información pública.
- El primer llamado de atención se trata de la transparencia de los vínculos de funcionarios públicos con McKinsey y la falta de licitación pública para encargar una tarea de tal importancia. Krakowiak menciona como principal responsable de este convenio a Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, ex miembro de la consultora. Por otro lado, los nombres del equipo asesor están vinculados a corporaciones internacionales de las comunicaciones, como Telefónica. ¿Atenderán a las desigualdades demográficas, socioeconómicas y culturales del país a la hora de hacer sus recomendaciones? Por último, la firma viene trabajando hace tiempo en asesorar los rumbos políticos del partido del Presidente.
- Desde mediados de abril funciona una comisión en ENaCom para la redacción de una nueva ley de comunicaciones convergentes, que en teoría busca complementar lo mejor de la LSCA y Argentina Digital. Según su reglamento, el modo de funcionamiento contempla reuniones con sectores interesados y especialistas en materia de comunicación y telecomunicaciones, actividades de participación pública: audiencias, debates académicos, eventos especiales y seminarios. En ningún momento se hace referencia a la colaboración de una consultora extranjera especialista en TIC para tal proyecto, dejando en evidencia la parcialización de la información que se brinda a la sociedad sobre los modos de trabajar y los horizontes para las políticas públicas desde el Gobierno.
- El gobierno consigue un descuento generoso por parte de la consultora interesada en el progreso de nuestro país. Vale preguntarse el motivo de tal interés o por lo menos dudar de las buenas intenciones y la celeridad en la concreción del convenio.
La salida a la luz de este convenio subraya la ya conocida lectura oficialista sobre el derecho a la comunicación como un tema preeminentemente de mercado, donde la prioridad es la regulación de las nuevas tecnologías, la innovación y la apertura “del sector” a la competencia internacional. Es necesario una vez más recordar que si bien esos son aspectos a trabajar ineludibles para lograr un buen marco para el derecho a la comunicación, la comunicación no es sólo mercado, propiedad y equipamiento de última generación.
Es preocupante que el gobierno trabaje aquellos aspectos que ha reconocido en varias oportunidades como los más relevantes de la comunicación en tales condiciones de confidencialidad y más aún con colaboradores extranjeros sin conocimiento de la sociedad.
