Amenazan de muerte a familia campesina en Bialet: “Los voy a matar”

Mientras sigue el avance sobre zona de bosque nativo y la Reserva de Comunidad indígena, continúan la impunidad y las amenazas de muerte por parte de un emprendimiento de loteo sin aprobación ambiental. Por Ecos Córdoba.

En esta zona de bosque nativo, de manera ilegal y con autorización del juez Carlos Fernando Machado de Cosquín, se está dando apertura a un loteo “Loteos de la Cocha”, sobre boletos de compra-venta y negocios irregulares de sociedades anónimas, sin ninguna aprobación ambiental, estafas y violentando posesiones de vecinxs, campesinxs y Comunidades Indígenas.

Luego de una semana de conflicto y denuncias, en la madrugada del sábado 5 de diciembre vecinos y vecinas constataron movimiento y encontraron escritas en el suelo, en inmediaciones de la vivienda de la familia campesina, amenazas de muerte. En la vivienda se encontraban lxs niñxs y la mujer. Recordamos que hay varias actuaciones de denuncias de vecinos por usurpación de terrenos y viviendas, una serie de estafas que deberían estar en proceso de investigación. A ello se le suman denuncias de violencia de género a mujeres y a nuestra propia compañera de prensa de ECOS Córdoba, a quien la policía le invalidó la orden de restricción por no tener sello, a pesar de que las actuaciones se realizan vía digital.

Después de varias denuncias por violencia y desmonte desde el año 2015, siguen las amenazas, en aquel entonces en el barrio privado llamado “Valle Esmeralda”, que luego con cambio de sociedades bajo nueva operatoria de fideicomiso se renombró como “Miradores de Bialet”. Los hechos suceden a diario bajo la contratación de masculinos, quienes tienen el sucio trabajo de hacer estas acciones de presión y amenazas a vecinas, campesinxs y la propia Comunidad indígena. Estas acciones de hostigamiento son dirigidas por quienes se hacen presentes en el lugar y señalan como “el jefe que los contrata” a Miguel Gildet y a su esposa Renata Varontini.

Este domingo, nuevamente se da la violación de los derechos ante la colocación de un contenedor y el avance en la eliminación de vegetación nativa. En estos momentos, la policía procede a informar que por tres días no se puede tocar nada, sin presentar para esto ninguna resolución judicial.

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