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¿Quiénes serán los nuevos “dueños” de las Tierras?

Mientras evalúan el cambio o la derogación de la Ley de Tierras con la mirada puesta en nuevos negocios inmobiliarios, continúan las expulsiones de campesinos de sus tierras. Por Mario Hernandez para Red Eco

(Mario Hernandez para Red Eco) Argentina - El Gobierno está trabajando en un borrador para realizar cambios en la Ley de Tierras, sancionada en 2011, que introdujo restricciones para la venta de campos a extranjeros.
Así lo declaró Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organismo donde funciona el Registro Nacional de Tierras: "Estamos estudiando una modificación que todavía está en etapa de borrador. Tenemos la intención de introducir cambios".
Hace unas semanas, representantes de las inmobiliarias rurales se reunieron con funcionarios de Agroindustria y luego con el Registro Nacional de Tierras. Allí llevaron su inquietud para que se adecúe la ley, ya que sostienen que desde su implementación se frenaron inversiones por parte de extranjeros.
Según la ley, se estableció el 15% como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y departamental o municipal. Por esa norma los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe).
Un 16,8% de la tierra adquirida fueron tierras fiscales, es decir tierra pública, que en algunos casos constituían parques nacionales, bosques y tierras baldías, pero en muchos otros se trataba de tierras pobladas y trabajadas por campesinos y pueblos originarios, en muchos casos bajo formas comunales de tenencia y producción. La instalación de las nuevas inversiones sobre estas tierras generó multiformes conflictos con las poblaciones asentadas o vecinas: desplazamientos violentos y forzosos, cercamientos de accesos públicos a lagos o ríos incluidos en las tierras compradas, cesión irregular de tierras por parte de algunos provincias, denuncias por contaminación y desmontes, etc.
Pero estos problemas no tienen que ver con lo que ahora aduce el capital inmobiliario, esto es, con algún tipo de excesiva regulación que “frene” las inversiones, sino justamente con lo contrario: la insuficiencia o laxitud que esta ley parece tener en términos de entrega de tierras a capitales extranjeros, e incluso con la falta de cumplimiento de la misma reglamentación que la ley impone. La Ley de Tierras establece que, en un plazo de 180 días luego de su, debía crearse un Registro Nacional de Tierras Rurales en el que cada provincia informe la superficie total de su territorio en manos de titulares extranjeros. Este registro se ha cumplido parcialmente.
Tras un censo de titularidad que se realizó a través del Registro Nacional de Tierras Rurales, surgió que 15,8 millones de hectáreas pertenecían a extranjeros. En rigor, se trata del 5,93% sobre un total de 267,6 millones de hectáreas, incluyendo rurales, mineras y otras actividades. Entre los que aquí tienen más tierras figuran primeros los estadounidenses. Los propietarios de ese origen son poseedores del 1,13% de las tierras rurales del país, con un total de 3.042.680, 69 hectáreas. Luego les siguen los italianos (2,3 millones de hectáreas) y, en el tercer puesto, los españoles (2,1 millones de hectáreas), entre otras nacionalidades.
Sin embargo, según informó en septiembre de 2014 la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la mitad de las provincias (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero) no entregaron sus informes, con lo cual es de esperar que los resultados presentados por el Poder Ejecutivo Nacional hayan estado altamente subestimados.
En el mercado creen que de cambiarse o derogarse la Ley hay 20 millones de hectáreas que están en condiciones de venderse a extranjeros. Al igual que en el caso de la eliminación a las retenciones mineras, la potencial flexibilización de las leyes sobre la tierra parecen indicar un claro rumbo hacia la profundización del extractivismo y la extranjerización de la economía argentina.

Mientras tanto continúa la expulsión de familias campesinas
En el paraje Sarandí 2 de Febrero, del municipio de Esperanza, Misiones, 37 familias campesinas sufrieron el atropello de la “Justicia” que por tercera vez intenta desalojarlos de sus posesiones, tratando de obligarles a abandonar la tierra que habitan hace más de 10 años, donde viven y trabajan para producir sus alimentos y criar algunos animales para su subsistencia. Un desmesurado operativo policial se impuso nuevamente ante esta humilde comunidad, más de 50 efectivos de la policía desalojaron vivienda por vivienda, ante la pacífica resistencia de las familias a este brutal atropello de la justicia.
En el operativo ordenado por el juez Lunge de Iguazú, y en presencia del encargado de la firma Robicué S.A., el Sr. Ribeiro, se los obligaba a salir de sus casas y abandonar sus corrales con animales, sembrados y los productos de su cosecha almacenados para su subsistencia. Se les secuestraron herramientas de trabajo y cualquier otra pertenencia que no alcanzaran a sacar inmediatamente de su casa, incluso efectos personales como documentos, celulares y dinero. Como si fuera poco se desarmaban completamente las viviendas de madera, y lo que no se rompía, se cargaba en camión para llevar como material secuestrado a la comisaría.
Esta vez no hubo golpes a los pobladores, como había ocurrido el 23 de diciembre de 2014, cuando con golpes y amenazas los expulsaron y quemaron una por una todas sus casas hasta convertirlas en cenizas, además de quitarles todas sus herramientas y pertenencias, llevarse o largar al monte los animales, y hasta les perforaron con machetes las ollas para que si insistían en quedarse, no tuvieran ni en qué cocinar.
En medio del operativo de desalojo, y ante las gestiones urgentes llevadas adelante por el Diputado Martín Sereno del Partido Agrario y Social (PAyS), con la Subsecretaria Melo, y ante el Vicegobernador, la ministra de Derechos Humanos y el ministro de Gobierno, finalmente el juez de la causa resolvió suspender el desalojo, otorgando un plazo de 30 días para encaminar una solución negociada con el supuesto titular de dominio de esa parcela. Vale aclarar que el titular de Robicué S.A., el Ing. Colcombet que trabaja en el INTA, desde que comenzó a denunciarlos, nunca se hizo presente ante esta comunidad para dialogar.
Desde el MNCI denuncian este atropello a la dignidad humana, ya que ningún conflicto de tierra puede dirimirse desde esta violencia institucionalizada, con consecuencias físicas, morales y sociales irreparables para los más débiles. Por ello demandan al gobierno provincial que provea una solución que respete los legítimos derechos de los pobladores, campesinos que cultivan y crían en parcelas de entre 10 y 15 hectáreas por familia, y que sólo buscan una vida digna. También exigimos al juez Lunge que amplíe los plazos que sean necesarios hasta encontrar una solución justa para este conflicto. (Resumen Latinoamericano)
Tras la reunión efectuada a mediados de febrero en la Casa de Gobierno entre el gobernador de la Provincia, Hugo Passalacqua, junto a representantes de diferentes aldeas guaraníes, surgió que el principal problema de los aborígenes es la tierra. De un total de 117 comunidades existentes en Misiones, en las que habitan aproximadamente cerca de 10.000 personas, solamente 24 aldeas cuentan con título de propiedad, con un terreno con extensiones mucho menores a las necesarias y por sobre todo, sin montes, afectando directamente a los aborígenes en su economía.
(misionesonline.net)
En el documento "La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo" y en lo que se refiere a los pueblos originarios argentinos, Amnistía Internacional llamó la atención sobre la falta de resolución de cerca de 200 conflictos, a pesar de que la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y a participar en la gestión de sus recursos naturales.
Según el mapeo de Argentina, que se puede ver en el sitio web http://www.territorioindigena.com.ar/?tipo_conflicto=, surge que 16 provincias mantienen conflictos de diversas índoles.  Las de mayor cantidad de conflictos territoriales son: Buenos Aires (24); Misiones (18); Neuquén (14); Chubut (11); Río Negro (10); Jujuy (9); Formosa (9); Salta (5); Santiago del Estero (5); Chaco (3); Catamarca (3); San Juan (2); La Pampa (1); Mendoza (1) y Tucumán (1).

Fuente: Télam, misionesonline.net, La Nación y Marcha.

 

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