Represión, amenazas y mentiras

Las acciones en pos de acallar a quienes se oponen a la minería contaminante, se repiten en todas las provincias.
(Analia Rodríguez –Red Eco) San Juan-La Rioja-Catamarca- En el mes de diciembre, primero en San Juan, luego, en La Rioja, vecinos de Asambleas contra la contaminación fueron reprimidos cuando pretendían manifestar sus reclamos.
En el caso de San Juan durante un acto realizado por los 25 años de democracia mientras hablaba el gobernador, José Luis Rioja, vecinos de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo e integrantes de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) regional Buenos Aires fueron reprimidos, por pretender extender un cartel en reclamo contra la actividad minera contaminante y por la defensa de la tierra. En San Juan existen una Ley, la 7819, que se aprobó por unanimidad en la Legislatura Provincial con el objetivo de criminalizar la protesta social y que prohíbe las movilizaciones y reclamos sociales.
Por su parte, el 19 de diciembre pasado en La Rioja, los vecinos de Famatina intentaron manifestarse durante la visita de la presidenta Cristina  Fernández. La respuesta de la policía fueron golpes, amenazas e insultos hacia integrantes de la asamblea. Los vecinos informaron que el enorme aparato montado por la gobernación para este evento, que incluyó amenazas a los empleados estatales coaccionándolos a participar del acto, no pudo impedir la solidaridad para con los manifestantes, que se sumaron y apoyaron su lucha contra la minería contaminante.
En el caso de Catamarca, los vecinos de Tinogasta denunciaron las mentiras de la empresa Jackson Minerals que, en busca de inversiones extranjeras, comunica en su página web que dispone del consentimiento de la población local y que cuenta con un gran apoyo de toda la comunidad.
Los vecinos recuerdan que hace un año atrás, mediante una consulta popular 7100 votos sobre los 9000 electores manifestó su negativa a aceptar la explotación de uranio, plata y cobre en su localidad.
Las prácticas mantenidas por las empresas mineras y los gobiernos que la fomentan son similares a lo largo de todo el país. En los últimos 5 años, casos semejantes se produjeron en todas las provincias donde existen intereses por este tipo de explotación. La tendencia indica que seguirán sumándose si tenemos en cuenta que en 2003 solo existían proyectados 40 emprendimientos mientras que a la fecha el número asciende a 336.
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