Red Eco Alternativo ***

Culpables de Genocidio y Ecocidio

juicio_etico.jpg
El Tribunal Popular del “Juicio Ético y Popular a las Transnacionales de la Triple Frontera” realizado entre el jueves y sábado pasado en la localidad de Wanda, provincia de Misiones, declaró Culpables de Genocidio y Ecocidio a las empresas Alto Paraná, Cargill y Monsanto.

(Red Eco) Misiones - Durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre, se desarrolló la audiencia en la que el tribunal escuchó las denuncias de fiscalías populares y a los testigos presentados por las organizaciones sociales de las poblaciones afectadas por la presencia y las formas en que operan las corporaciones transnacionales en sus territorios.
Tras las audiencias, el Tribunal dio por constatado que la explotación de los bienes comunes naturales y de los territorios por parte de las empresas transnacionales, provoca en las comunidades afectadas, violaciones flagrantes de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.
En su sentencia, el Tribunal detalló los impactos económicos, medioambientales, sociales, culturales, políticos y las violaciones a los Derechos Humanos que se desprenden de lo expuesto por las fiscalías.
En cuanto a los económicos mencionaron el saqueo de los bienes comunes y la destrucción y mercantilización de los territorios, de los alimentos y de todas las dimensiones de la vida. Y su correlato con la concentración de la estructura de la tierra, con el aumento del número de grandes propiedades rurales y la disminución de las pequeñas, en las que se desarrolla la agricultura campesina.   
Respecto a los impactos medioambientales, el tribunal destacó la deforestación con pérdida de bosques nativos, de ecosistemas y de biodiversidad. El agravamiento del cambio climático y la destrucción de las cuencas hídricas y de los ecosistemas acuáticos provocado por la apertura de hidrovías, que se logran dinamitando los meandros de los ríos para que las empresas puedan transportar grandes cargamentos de granos.
Sobre los impactos sociales, el tribunal señaló la alteración de las formas de vida de los pueblos, desconocimiento de sus usos y costumbres y negación de sus identidades. El éxodo, la expulsión rural y la migración forzada, que afecta con más fuerza a las mujeres rurales, que buscan mejores condiciones de vida y quedan expuestas a las redes de trata con fines de explotación laboral y/o sexual.
Lo anterior profundiza la pobreza, la reducción de empleo, la precarización y flexibilización laboral en los trabajos realizados en estas empresas, el aumento del trabajo temporario, la tercerización y utilización de trabajo esclavo.
Asimismo, destacó la destrucción de la salud de las poblaciones debido al uso de agrotóxicos. Entre los males documentados se encuentran: disminución de las defensas / aumento de la mortalidad infantil / enfermedades sociales: desnutrición / modificaciones hormonales, esterilidad / intoxicaciones / enfermedades mentales / cánceres / malformaciones congénitas / alteraciones hormonales / lupus, artritis, asma, alergias / disminución de fertilidad / trastornos de conducta.
En cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos, el Tribunal pudo constatar la vulneración de los derechos humanos en general y de los derechos ancestrales de los pueblos originarios en particular. Desalojos compulsivos, abusos policiales, apremios ilegales, asesinatos y violaciones a los derechos laborales forman parte de las estrategias de criminalización y represión que sufren las comunidades que se oponen a la desaparición de las formas tradicionales de producción campesina ante el avance de una agricultura sin agricultores.
Se ha denunciado a las empresas transnacionales, como cómplices de los gobiernos nacionales en la respuesta militarizada a la protesta social, y en el control estratégico de las poblaciones. La militarización es parte de la política desarrollada por los gobiernos en la Triple Frontera. Los controles de población en las fronteras, las leyes antiterroristas, las bases y operativos militares, forman parte de este dispositivo.
Respecto a esto último, el tribunal denunció también la responsabilidad que les cabe a  los gobiernos, los parlamentos, el sistema de justicia, a los grandes medios de comunicación, y a algunas universidades públicas en permitir y garantizar las formas de operar de las empresas transnacionales.
E indicó que “las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias”.
Por eso el tribunal popular, respecto a este punto resolvió demandar a los gobiernos nacionales y provinciales que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados. Y a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades.
A su vez, el tribunal destacó y valoró el coraje de quienes “habiendo sufrido en sus propios cuerpos semejantes crímenes, continúan luchando para que se haga justicia y que esa justicia beneficie a todos y a todas”, por lo que resolvió la creación de una instancia judicial popular, ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial.
Y apuntó a “incentivar a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afectadas, a los trabajadores y trabajadoras, a profundizar la organización, a resistir, a movilizar, en defensa de los derechos humanos y ancestrales, por la autodeterminación y la soberanía popular, y en resguardo de sus territorios, su cultura, su identidad y sus formas de vida, contra la mercantilización de la vida que implica el modelo neoextractivista que se profundiza en nuestro país”, con el fin de crear las condiciones “para que las corporaciones sean expulsadas de los territorios y sean obligadas a la restitución-remediación del ecosistema tal como lo encontraron al momento de iniciar su explotación”.
La extensa sentencia del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales en la Triple Frontera concluye: “Afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras voluntades, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, y no podrán robar nuestra esperanza, ni nuestra capacidad de lucha. Seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo, impulsando la realización de modelos sustentables, y luchando para terminar con el capitalismo, el patriarcado y el racismo, y todas sus opresiones. Seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas en toda América Latina y el mundo, unificando fuerzas en la acción común. Manteniendo nuestros sueños y nuestras convicciones, nuestra capacidad de crear en la resistencia, y de creer en los pueblos”.

Sentencia completa

Notas relacionadas: Juicio Ético en la Triple Frontera

Más información: www.juiciosalastransnacionales.org / www.cifmsl.org / www.panuelosenrebeldia.org
 

Logo agenda

SUSCRIPCIÓN / para recibir información

Una vez por semana el colectivo elabora un boletín con las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional

 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!