Avanza el uso de agrotóxicos para sustentar el modelo de sojización

Corporaciones que sostienen el monocultivo sojero a cualquier precio rechazan las denuncias de organizaciones ambientalistas y de víctimas de las fumigaciones sin control.
(Red Eco) Argentina - En la provincia de Buenos Aires hay un intenso debate en torno al uso de glifosato y a las distancias mínimas para realizar fumigaciones en zonas periurbanas. Los reclamos de ecologistas y la recomendación del Defensor del Pueblo Bonaerense -que incluye usar responsablemente los agroquímicos para resguardar la salud humana y la contaminación del medioambiente-  basada en el caso del nene que contrajo leucemia en la zona de Mercedes y en denuncias por fumigaciones indiscriminadas en San Antonio de Areco y Trenque Lauquen son maliciosamente omitidas por ruralistas en pos de la defensa de sus intereses económicos por sobre la vida humana.
En este sentido se pronunció Alberto Frola, titular de CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), diciendo que “no le constan” los problemas que genera la utilización de glifosato, que no conoce “ninguna persona que haya tenido algún tipo de problema” y -al ser consultado por el caso ocurrido en Mercedes- concluyó: “Ahora resulta que todos los casos de leucemia o cáncer son por esto. No es así. Hay múltiples causas que podrían haber motivado esa enfermedad”.
collage_glifosato.jpgPero los reclamos de pobladorxs y de ambientalistas demuestran lo contrario: el Grupo de Reflexión Rural realizó el “Informe sobre la problemática del uso de plaguicidas en las principales provincias sojeras de la Argentina”, en el que se desprenden datos como los del distrito de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, donde se observó un incremento de afecciones respiratorias en niñxs, y alergias y enfermedades cutáneas en población de todas las edades.
También Andrés Carrasco (investigador en el Conicet y profesor de embriología de la Universidad de Buenos Aires) declaró que, entre otras consecuencias de la exposición al glifosato, hay un "aumento significativo de casos de leucemia en chicos menores de 15 años”, así como también de abortos espontáneos entre mujeres que viven en zonas rurales donde se realizan fumigaciones con este pesticida.
Mientras tanto, el pasado viernes hubo una manifestación en la ciudad de La Plata compuesta por habitantes de distintas zonas de la provincia, quienes presentaron documentos ante la Legislatura y la Defensoría del Pueblo para dar cuenta de todos los daños causados por la utilización de agroquímicos en zonas rurales. Entre otros, destacan “la grave afectación a la salud, la destrucción de la biodiversidad y el fenómeno de los desplazamientos de habitantes rurales hacia la periferia de las ciudades".
El debate no se da únicamente en Buenos Aires: En la provincia de Santa Fe se está discutiendo la modificación de la Ley de Fitosanitarios para establecer algún tipo de control en el uso de agroquímicos, y en este marco quienes viven en zonas fumigadas se mostraron preocupadxs por el aumento de enfermedades que afecta cada vez a más personas.
En una reunión con senadores de las Comisiones de Salud, Economía y Agricultura exigieron que se establezca una distancia de al menos 800 metros entre zonas habitadas y lugares de fumigaciones; prohibición de fumigaciones por vía aérea en toda la extensión de la provincia y estudios epidemiológicos en torno a estas actividades.
Por otra parte, el director de la Confederación Intercooperativas Agropecuaria (Coninagro) regional Santa Fe, Roberto Cerruti, pidió que no se "ideologice" al herbicida y agregó: “No se ha podido demostrar muerte alguna por causa del glifosato. Creo que los químicos utilizados años atrás tenían efectos más tóxicos. Nadie como nosotros defiende las buenas prácticas agrícolas” en relación al modelo de sojización, que implica el agotamiento de la tierra, el uso excesivo de agroquímicos y, por ende, la contaminación medioambiental y las demostradas consecuencias en la salud de los seres vivos.
Las fumigaciones sin control al parecer también se están llevando a cabo en la localidad entrerriana de Colonia Avellanedas. Allí, Ofelia Citera (ingeniera agrónoma que se encuentra desarrollando un proyecto de agricultura orgánica) denunció que una tarde escuchó ruidos de motores, sintió un olor muy fuerte y luego padeció hormigueo en la lengua y dificultades para respirar. Una de sus vecinas también percibió el olor y se encerró en su casa.
Citera explicó que realizó varias exposiciones judiciales y manifestó: “La legislación vigente es clara: cuando se fumiga cerca de un caserío hay que dejar la receta en la sede del gobierno local. También debería figurar el nombre del responsable técnico que controló la tarea. Pero yo averigüé y no hay nada”.
En base a su última denuncia, un juez pidió muestras de tierra y de agua del arroyo Sauce Grande, cercano a la casa de Citera. Los resultados de estas muestras, que determinarán qué elemento tóxico se arrojó, se conocerán en algunos días. Además, Citera afirmó: “Hay mucho por hacer, y lo primero es exigir que se cumpla la ley de agroquímicos y los decretos reglamentarios”.

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