Sí al agua, NO a San Jorge

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Varias comisiones de la Cámara Baja de Mendoza se encuentran evaluando el proyecto minero San Jorge, luego de que la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente autorizaran, en febrero, la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa.


(Analia Rodriguez – Red Eco) Mendoza - De ser ratificada esta decisión por los diputados, el proyecto San Jorge tendría luz verde para iniciar su explotación.
Por esta razón, cientos de intelectuales, científicos, políticos, y de la comunidad en general, tanto nacionales como internacionales manifestaron con su firma la adhesión a una declaración dirigida a los Legisladores mendocinos, que se opone a la aprobación del proyecto minero San Jorge que se pretende instalar en Uspallata.
La declaración centra su oposición en cuatro ejes. Uno de ellos es la falta de licencia social, evidenciada en octubre pasado cuando se realizó la audiencia pública en Uspallata y donde el 75% le dijo NO a Minera San Jorge. A su vez, en el expediente administrativo hay más de 14.000 firmas en rechazo al mismo, y en febrero unos 2.500 mendocinos marcharon por las calles y más de 7.000 en marzo para expresar su absoluto rechazo a San Jorge.
El rechazo mendocino a la minería quedó evidenciado en 2007, cuando gracias a la movilización y presión ejercida por la comunidad se logró que el congreso de dicha provincia aprobara la Ley 7.722 que prohíbe que la minería utilice sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares.
El proyecto San Jorge utilizará para la extracción de cobre y oro las sustancias tóxicas “xantato” y “acrilamida” que se encuentran alcanzadas por la prohibición establecida en la ley 7.722, este el otro de los ejes en que se centra la declaración.
A su vez, el tercer punto focaliza su atención en el pasivo ambiental que generará este proyecto cuando finalice. La empresa pretende dejar un depósito de colas de 155 millones de toneladas de residuos que cubrirán 800 hectáreas (superficie similar al dique de colas de Minera Alumbrera, y mayor que el proyectado para Pascua Lama), a su vez las escombreras tendrán una extensión de 448 hectáreas y de hasta 90 m de altura con 292 millones de toneladas de residuos potencialmente contaminantes.
El último eje mencionado es la bajísima calidad científica del Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa. Este punto quedó evidenciado en estos días  cuando tres miembros del Consejo Provincial de Ambiente (CPA) presentaron su renuncia a la Secretaría de Medio Ambiente, y también como representantes del mismo ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM). El motivo de su renuncia fue que las opiniones de la Comisión fueron ignoradas y sus recomendaciones no fueron atendidas.
En una carta dirigida al Secretario de Medio Ambiente de la provincia, Guillermo Carmona, los tres miembros de esta comisión Lucrecia Wagner, licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, becaria postdoctoral del Conicet y profesora en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Marcelo Giraud, profesor y licenciado en Geografía de la UNCuyo, y Carlos Achetoni, miembro de la Federación Agraria Argentina de General Alvear; notificaron los motivos de su renuncia. En esta carta concluyen que “el Informe (de Impacto Ambiental) de la empresa reviste falencias que deberían haber dado lugar al rechazo del mismo y a la solicitud de un nuevo Informe”.
A su vez, remarcan: “Consideramos que la falta de información de base suficiente, completa y coherente desde el inicio de la evaluación implicó para la CEIAM un sobre-esfuerzo en su evaluación, pues se vio en la función adicional de indicar a la empresa todos los vacíos e inconsistencias en la documentación presentada, hoy materializados en los más de 100 condicionamientos que posee la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) del proyecto”.
La declaración dirigida a los Legisladores concluye: “Minera San Jorge es el preludio de la llegada de este tipo de emprendimientos a la provincia que cambiaría para siempre la histórica relación de Mendoza con el bien común agua y el ambiente en general. Por ello es que se recordará por siempre a los legisladores que aprueben este proyecto. Los exhortamos a evitar las presiones corporativas y rechazar el proyecto para -de esta manera- honrar la voluntad popular”.

Declaración completa
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