Presionada y postergada
(Analia Rodriguez - Red Eco) Argentina - Las presiones ejercidas por las corporaciones mineras, y el poder político cercano a sus intereses, lograron una nueva postergación en el tratamiento de la ley de protección de glaciares y ambiente periglaciar. El martes los senadores que conforman la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable acordaron no firmar el dictamen que daría lugar al tratamiento en el recinto para que los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; La Rioja, Beder Herrera; Catamarca, el radical Eduardo Brizuela del Moral; San Juan, José Luis Gioja; Mendoza, Celso Jaque; y Jujuy, Walter Barrionuevo; puedan exponer sus opiniones acerca del proyecto. Dicha convocatoria fue fijada para el 21 de septiembre, mientras que la ley se trataría el 30 de este mes en una sesión especial.
Desde su aprobación en Diputados, el proyecto consensuado entre el aprobado en Senadores y el presentado por el diputado Miguel Bonasso, fue sujeto de muchas críticas por parte de las provincias cordilleranas. Antes de su media sanción, las legislaturas de San Juan, La Rioja y Jujuy promulgaron leyes de protección de glaciares. Catamarca hizo lo mismo poco después y otras provincias se comprometieron a impulsar proyectos similares para restringir el avance de una legislación nacional con el argumento de que las provincias tienen potestad constitucional de regular sus recursos naturales.
Pero si bien la Constitución establece que las provincias tienen la potestad sobre sus recursos naturales, también establece que el Congreso debe dictar los presupuestos mínimos en cuanto a las políticas ambientales. Es decir, el Congreso Nacional debe fijar el piso básico a partir del cual las provincias pueden actuar.
El proyecto en tratamiento establece que en áreas de glaciares y ambiente periglaciar hay actividades que están prohibidas, e instaura al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) como el organismo que realizará el inventario de esas áreas y el monitoreo. Todo aquello que atañe a la administración del recurso queda en manos de las provincias.
Las presiones ejercidas por los gobiernos provinciales y las empresas mineras para evitar la sanción, se basan en argumentar que se trata de una ley antiminera que pone en riesgo las fuentes de trabajo y el desarrollo económico provincial. Pero el proyecto no tiene como objeto la minería sino la protección del agua ya que los glaciares y el ambiente periglaciar constituyen la fuente fundamental de recarga de los ríos cordilleranos que suministran el agua la agricultura y el consumo humano. Su destrucción o contaminación haría peligrar, no ya el sostenimiento del desarrollo económico sino la vida en las provincias.
Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares