En Argentina, la explotación hidrocarburífera costa afuera se realiza desde hace décadas en aguas frente a las costas de Tierra del Fuego y en el Estrecho de Magallanes. Las actividades de exploración tuvieron un realce desde 2018 y
tienen como antecedente lo sucedido en el Golfo San Jorge en las provincias de Santa Cruz y Chubut. Allí, la campaña de adquisición sísmica de la empresa Pan American Energy en 2009 impactó directamente en las localidades que dependían de la pesca para su sustento al diezmar la población de merluza hubbie en el área. Poco antes, en 2007,
se había producido en el mismo Golfo un derrame de 300 metros cúbicos de petróleo en Caleta Córdova durante las operaciones de carga de un buque de la empresa Antares Naviera. En ambos casos,
las demandas de las comunidades afectadas se mantuvieron durante años para identificar y deslindar responsabilidades e intentar reparar los daños.
Hoy, grandes petroleras como
Equinor, Total, BP, Shell, Tullow, Exxon, Wintershall entre otras, incluída YPF, gozan de autorizaciones para realizar exploración sísmica en aguas profundas y ultraprofundas de la plataforma continental argentina. Este panorama es una preocupación compartida por diversos sectores y es un punto que quedó de manifiesto
en julio de este año cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó a una audiencia pública virtual para presentar el estudio de impacto ambiental llevado a cabo por la noruega Equinor para evaluar la factibilidad de una nueva campaña de exploración sísmica en tres bloques de la Cuenca Argentina Norte, mar adentro, frente a las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Chubut.
El resultado fue una audiencia que duró tres días, con un rotundo rechazo a la actividad y una activa movilización de la
Asamblea por un Mar Libre de petroleras en el palacio municipal de Mar del Plata para informar, dialogar y expresar
la oposición de un enorme número de organizaciones que advierten el riesgo de transformar el mar argentino en un mar petrolero. Todo indica que,
a nivel estatal, ya hay compromiso y consenso para el avance de la actividad pese a las consecuencias ambientales, económicas y culturales.
