Lo que las mineras hacen

Durante el transcurso de esta semana se dieron a conocer una serie de hechos que dan cuenta del accionar de las empresas mineras, en complicidad con funcionarios del gobierno, contra las organizaciones que luchan contra esta industria destructiva y contaminante.


(Analía Rodriguez-Red Eco) Catamarca - La fiscal de Andalgalá Marta Nieva comunicó este mediodía a Aldo Flores, Cesar Rolando Flores, Gabriel Luna y Roberto Luna los cargos por los cuales fueron procesados y permanecieron detenidos desde ayer a las tarde hasta esta madrugada.
La imputación que recibieron estos integrantes de la Asamblea El Algarrobo es violación de propiedad privada, daño agravado y actuación en despoblado y en banda.
Ayer los cuatro salieron a inspeccionar las roturas del mineroducto, cuyos derrames y contaminación niega y oculta minera La Alumbrera y verificar el estado del Rio Villa Vil que se encuentra seco, ya que la empresa consume toda su agua para llevar adelante la explotación minera.
Andando por el camino que comunica a la población de El Arrizal en el interior de los cerros abrieron una tranquera puesta por la empresa que privatiza un camino vecinal y aísla a la gente que vive en los cerros.
Luego la Policía de la provincia de Catamarca los interceptó y detuvo, por orden de la misma fiscal que intervino en la represión del pasado 15 de febrero en Andalgalá, dando lugar a una acusación presentada por Minera Alumbrera Ltd. de violación a la propiedad privada.
Por la noche, cuando los vecinos conocieron la noticia, comenzaron a acercarse a la comisaría de Andalgalá para repudiar la detención y reclamar información. Durante las primeras horas los mantuvieron incomunicados. Luego ante la presión y solidaridad de los vecinos, la fiscal liberó a los detenidos con el compromiso de que se presentaran a declarar al día siguiente, cuando donde se les comunicarían los cargos.
A este hecho podemos agregar la golpiza recibida, también en manos de la policía catamarqueña, por Carina Fuentes en un intento de desalojar la ruta 60 que la Coordinadora de Defensa del Territorio y los Bienes Comunes mantenía cortada a 200 mts de Tinogasta, desde el 18 de marzo.
Esta acción llevada adelante por los vecinos tenía como fin bloquear a los camiones que transportan insumos hacia el emprendimiento minero y respaldar el reclamo contra el atentado a la vida, al territorio, al medio ambiente, a  los derechos ciudadanos y muy especialmente a los derechos humanos de las presentes y futuras generaciones, que están realizando las empresas mineras de la región, con la complicidad de los gobiernos provinciales y Gobierno Nacional.
La policía estaba informada que en pocas horas concluiría el corte, sin embargo decidió avanzar, encabezando la caravana de 12 camiones de La Alumbrera. Ante la reacción de los vecinos, primero el oficial Salas agredió a Carina Fuentes y al acercarse más vecinos decidieron retirarse.
Hechos como estos se enmarcan en un nuevo intento de las mineras por arremeter contra el derecho de las comunidades a negarse a la minería contaminante, buscando a su vez, el apoyo de los gobernantes. Sin ir muy lejos, esta semana los empresarios mineros locales, en el marco de la mesa de diálogo promovida por el Ejecutivo Provincial, solicitaron la intervención de la Justicia cuando sectores identificados como ambientalistas corten rutas obstruyendo el paso de camiones que proveen a las mineras. El gobernador Eduardo Brizuela del Moral encabezó el encuentro y estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Javier Silva, el secretario de Minería, José Sinner, el subsecretario, Jorge Eremchuck, los legisladores nacionales Raúl Paroli, Pedro Molas y Blanca Monllau; los diputados provinciales Juan Pablo Millán y Rubén Herrera; y los senadores Marta Grimaux y Mario Scaltritti. LA solicitud fue fundamentada en que la minería es considerada una política de Estado, y por lo tanto sus funcionarios deben actuar en consecuencia.
A las peticiones formales podemos agregar otras actividades menos regulares, como un curioso atentado del que fuera “victima” la oficina que la minera Agua Rica posee en Andalgalá. Este último martes se conoció la noticia que, por la madrugada, desde una camioneta habrían arrojado una bomba molotov contra el frente de la oficina.
Ante los hechos, la Minera subsidiaria de Yamana Gold, emitió un comunicado para reafirmar su voluntad de diálogo hacia la comunidad de Andalgalá. En el mismo manifestaban: “la actitud hostil con la que se está acosando a la empresa desde hace algún tiempo, da muestras de la intolerancia y la falta de capacidad para poder manifestar las opiniones sin violencia, con mesura y, sobre todo, respetando los derechos básicos de cualquier ciudadano”. A lo que se agrega, asumiendo para si la palabra de todos los vecinos: “La comunidad de Andalgalá entiende que el camino es el diálogo, el intercambio de opiniones y el respeto a la opinión de los demás” cuando claramente, quien no parece oír la opinión de los demás es la propia empresa.
Y como si todo esto fuera poco, un hecho más pinta el cuadro entero de situación en el que se mueven estas empresas: el Gerente de Asuntos Corporativos de Minera Alumbrera, Sergio Gustavo Tomsic, apareció en el listado enviado por el Archivo Nacional de la Memoria, como agente informante afectado a tareas de inteligencia entre 1.976 y 1.980. Tomsic operaba, en su calidad de docente, en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán, reuniendo información para facilitar las tareas de las Fuerzas Armadas, en su derrotero de violación de DDHH.
Para esta tarde fue convocada una movilización en la plaza de Andalgalá para exigir el desprocesamiento de los compañeros de la asamblea “El Algarrobo” y para reafirmar el compromiso del pueblo de defender la tierra contra el saqueo. Fuera La Alumbrera de Catamarca, no a la minería a cielo abierto, no al saqueo de los bienes de todos los argentinos.

Fuentes: Prensa UAC, noalamina, La Colectiva Radio, Barricada TV

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