Denuncia y acción contra la mega minería

El martes pasado representantes de la asamblea El Algarrobo de la localidad catamarqueña de Andalgalá realizaron una conferencia de prensa en el Congreso Nacional donde reclamaron la destitución del intendente José Perea, la renuncia del ministro de Gobierno de la provincia y la remoción del juez y la fiscal que autorizaron la represión de febrero pasado.
(Analia Rodriguez – Red Eco) Ciudad de Buenos Aires - Catamarca - La conferencia de prensa, realizada en el Salón José Luis Cabezas del Anexo de Diputados, contó con la presencia de integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, junto a intelectuales, ONGs y diputados.
La convocatoria tuvo como fin anunciar públicamente el pedido de juicio político al intendente andagalense, José Perea, "por amenaza de muerte a los pobladores y complicidad en la represión". El pedido será presentado ante el Concejo Deliberante de ese departamento, según informó Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
Además, se exigió el inicio del proceso de remoción a la fiscal Marta Nieva, que ordenó la represión, y a quien la autorizó, el juez de Garantías Rodolfo Cecenarro. El pedido será presentado ante el Tribunal de Enjuiciamento de la provincia junto a un informe que da cuenta de los hechos y del accionar de los funcionarios judiciales. A su vez, se exigirá ante la Cámara de Diputados provincial el inicio del juicio político al ministro de Gobierno y Justicia de Catamarca, Luis Oscar Javier Silva, que tiene a su cargo la policía provincial, incluido el grupo especial Kuntur.
Asimismo el lunes, al cumplirse un mes de la violenta represión miles de vecinos se reunieron en la plaza central de Andalgalá. Allí el abogado Javier Garin denunció irregularidades "judiciales y policiales" y llamó a resistir las "presiones de las multinacionales mineras y sus personeros".
El abogado dijo que existen “muchas demoras” en los procesos judiciales relacionados con el conflicto minero de Andalgalá, como las “dilaciones que viene sufriendo el amparo ambiental para notificar a los demandados” y la lentitud con que tramitan las “más de treinta denuncias por lesiones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público que hicieron los vecinos contra quienes autorizaron o ejecutaron la represión del 15 de febrero”.
Además, denunció que “altos funcionarios policiales cumplen adicionales prestando servicios para la Minera Agua Rica en vez de brindar seguridad a la población, lo cual evidencia el contubernio entre la minera y algunas autoridades”.
Durante la conferencia realizada el martes en el Congreso, los integrantes de la asamblea realizaron un relato de lo sucedido en la represión, anunciaron que se presentó un proyecto de ordenanza para prohibir la minería a cielo abierto en el departamento y expresaron también su satisfacción ante la solidaridad recibida desde diversos ámbitos.
Por su parte, los legisladores aseguraron que darían un nuevo impulso parlamentario a las leyes que buscan prohibir la mega minería a cielo abierto.
Por otro lado, tras conocerse la noticia de la aprobación de un Referendum Vinculante Facultativo para que Andalgalá decida por el sí o por el no al proyecto Agua Rica, trascendió que el Municipio recurriría a la Justicia para que dictamine sobre ésta ordenanza.
Considerando el antecedente que existe sobre una acción similar impulsada por el ex intendente de Tinogasta, donde la Corte de Justicia de la Provincia falló en contra, expresando que no es facultad de un departamento decidir sobre minería que es potestad de la provincia, en lugar de vetar la ordenanza promulgada el Municipio acudiría a la Justicia para que determine sobre la legalidad de éste acto administrativo.
Contrario a lo que tal vez esperaban los ediles de que el Intendente vete la ordenanza, la vía judicial sería el camino adoptado para que se resuelva sobre ésta cuestión.
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