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Las megagranjas porcinas en el debate de los estatales

El viernes pasado se realizó el Conversatorio virtual sobre el proyecto de megagranjas porcinas organizado por el Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) Córdoba.

(ATE Córdoba) - La actividad contó con el acompañamiento la Mesa de Organismos Agroalimentarios, la Mesa de Agricultura Familiar Nacional y la asignatura de Estudios de la Realidad Nacional de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Participaron Carina Maloberti (SENASA), Fernando Frank (Agricultura Familiar), Sebastián Fajardo (INTA), entre otros.

En la presentación, Carlos Rang, trabajador de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y miembro del Consejo Directivo Provincial de ATE, explicó que “la iniciativa de la charla surgió a partir de la necesidad de saber cuál es la posición de los trabajadores de organismos del Estado que intervienen en el proceso productivo en el proyecto de MegaGranjas Porcinas, que significan una inversión muy grande de China en Argentina”.

“Como potencia de primer orden, China tiene 1400 millones de habitantes y necesitan proteínas de origen animal, son 20 millones de toneladas de carne de cerdo al año. Además, China viene externalizando su producción, primero al pacífico y ahora a nuestro territorio. También sabemos que tuvo problemas sanitarios como la peste africana que le llevó a sacrificar 100 millones de cabezas de cerdos”, agregó Rang.

En ese marco, “Argentina les brinda por tener territorio y un buen estándar sanitario y por eso se firmó un convenio entre nuestro país y el Ministerio de Asuntos Agrarios chinos para la producción de 12500 madres, de 2.6 partos al año, para la constitución de 25 megagranjas. Esto duplicaría la producción porcina de argentina con una inversión de 3500 millones de u$s que le dejaría un saldo exportable de 250 millones en la actualidad”.

“Sabemos que históricamente, por la división internacional del trabajo, sufrimos proyecto extractivistas de orden concentrado y extranjerizado de la economía y también tenemos un problema permanente de crisis de balanza comercial y restricción externa. Esto permitiría el ingreso de divisas, según los funcionarios que intervienen en el proyecto, y se sumaría valor agregado en origen porque con la extensión de la frontera agrícola la soja y el maíz se fuero para el NEA y NOA. Hay 8 millones de esa producción que se usarían para generar la proteína animal porcina. Así, le estaríamos proveyendo a China un millón de los 20 millones que necesita al año”, dijo Rang y añadió: “Debatieron los productores, los ambientalistas, y por eso creemos conveniente tener la voz de las y los trabajadores”.

Acto seguido, tomó la palabra el ingeniero agrónomo Fernando Frank, recibido en La Pampa, especialista en agroeconología, que es delegado de ATE y trabaja en la Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

Frank abordó el concepto de extractivismo, explicando que “es una forma muy particular de producción que está en los orígenes del capitalismo, del colonialismo y de la modernidad, tres cosas que son una. En Latinoamérica, Potosí en el siglo XVI, el diseño de los trenes argentinos en el siglo XIX, el llamado rey azúcar de Centroamérica que tan bien describió Eduardo Galeano, donde imperó el esclavismo más cruel. Este concepto está relacionado con la explotación intensiva de la naturaleza, centrada en la exportación de materias primas bajo control comercial de actores concentrados de la economía global, estructurada de manera dependiente del mercado global”.

En ese sentido, Frank dijo que “los agronegocios forman parte de esta modalidad” y describió antecedentes de la actividad porcina, y sus consecuencias pandémicas, para después plantear las preguntas que giran alrededor del proyecto: “En cuanto a las políticas públicas, en el marco del cambio de gobierno o la aprobación reciente de un nuevo maíz transgénico, no fueron consultados desde el gobierno nacional ni la masiva comunidad de ciencia y técnica, ni la salud publica, ni investigadores en agricultura, ganadería porcina, en impacto ambiental”.

“Se trata de una profundización del extractivismo. También desde la alimentación podemos evaluar si estamos en camino de la soberania alimentaria o hacia una mayor dependencia. Tenemos actualmente graves problemas de salud a partir de la alimentación industrial”, describió Frank.

Y agregó la problemática de las divisas y de la salud animal. “Surge el interrogante si el gobierno está entregando el buen estatus sanitario que tiene Argentina”, se preguntó.

En materia laboral, el especialista destacó que la agricultura campesina indígena “es arraigo, es diversificación en los territorios, es trabajo sin patrón, y eso hay que defenderlo”: “La cantidad de empleo que dicen dar desde los agronegocios, si les creemos, está muy por debajo de las unidades productiva de la agricultura familiar que perdimos a partir de la expansión de la frontera de los agrícola”.

INTA
A su turno, Sebastián Fajardo, también ingeniero agrónomo y delgado de ATE-INTA de la Experimental AMBA y miembro de la Mesa Nacional de ATE-INTA, comenzó diciendo que “parece una broma de mal gusto en que el marco de la pandemia nos vengan a proponer que nos vamos a salvar con estos proyectos como las Megagranjas Porcinas. Es el momento menos indicado”.

Y acusó a las grandes concentraciones de animales como las que propone el proyecto como “usinas infecciosas”. El rechazo a la iniciativa también se funda “más aun si se plantea que va a facilitar el pago de la deuda externa, y nos ofrecen estos proyectos como vehículo. Estamos cansados ya de la mentira que el agronegocio nos viene a salvar, cada vez más sabemos que ese tipo de argumentos es una mentira muy grande. Respecto al trabajo solo hay que ver la situación de los trabajadores rurales para advertir el impacto del agronegocio en el trabajo en Argentina: es el sector donde los derechos laborales prácticamente no existen, los salarios son bajísimos, la estabilidad y la salud laboral no existen. Entonces es importante cual es la realidad detrás de las promesas que nos hacen”.

Fajardo advirtió que en cuanto a la instalación de las megagranjas “la estrategia de descentralización por provincias es el mismo esquema de la minería a cielo abierto”: “Las provincias definen y pareciera que la Nación no tiene nada que ver en este juego. Se habla de zona marginales y despobladas y me hace acordar también a la megaminería cuando hablan de ‘zonas de sacrificio’, lo escuchamos cuando avanzaron los proyectos mineros”.

Por eso dijo que “claramente las megagranjas van a profundizar el extractivismo, la dependencia y la pérdida de soberanía”.

En ese marco, describió cuál es el rol del INTA. “Fundado durante la dictadura fusiladora en 1957, tiene una estructura militar, como la Gendarmería. Fue creado para implementar la llamada revolución verde de los herbicidas y funguicidas, la modernización del campo que era fundamental para el proyecto de esos años. En la década del ’90 acompañó la transformación radical del campo con la irrupción de los transgénicos. La expansión del modelo sojero que tiene al INTA como brazo ejecutor porque en realidad es una política del Estado”.

Al mismo tiempo Fajardo aclaró que “los trabajadores del INTA no somos responsables de esta línea de trabajo” y definió el papel de las patronales agrarias en la conducción del INTA a través de instituciones como la Sociedad Rural, la Federación Agraria, CREA, etc.

También describió el papel del ministro de Ciencia y Técnica, Roberto Salvarezza, en la persecución del compañero (investigador del CONICET) Andrés Carrasco, y del rol ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, tanto en este proyecto como en la aprobación de la agricultura transgénica en los ’90.

SENASA
Seguidamente tocó la intervención de Carina Maloberti, psicóloga social, analista del Centro Latinoamericano de Estudios Internacionales, de la Unión Latinoamericana de Técnicas Rurales y Agrarias, Secretaria Gremial de la Junta Interna ATE-SENASA y miembra paritaria de ATE Nacional.

“La política del extractivismo viene de hace muchos años y siempre la resistimos”, comenzó Maloberti. “Como dijo Choquehuanca en la asunción como Vicepresidente boliviano, estamos en la etapa de la producción comunitaria, porque ya no hay margen para otra cosa: es la vida o la muerte. Antes había espacio para progresismo, verdades a medias, ong que vienen a explicarnos que hay que comer y cómo pero en realidad son lobistas del coloniaje. También están los políticos lobistas del agronegocio y las trasnacionales”, enfatizó.

Y acusó a las corporaciones del agronegocio y sus personeros porque “quieren hacer desaparecer la última resistencia a este modelo que son los trabajadores estatales de la Nación, para dejar desamparado a nuestro pueblo en la descarnada pelea asimétrica del mundo nuevo que se está diseñando”.

Maloberti explicó que por eso “intentaron hacer desaparecer a nuestro organismo sanitario. Ahora medio de la pandemia se acuerdan hay que preventores sanitarios que intervienen en el control de zoonosis, en prevención de plagas, nos quisieron hacer desaparecer para que terminemos firmando certificados de exportación e importación, para las barreras arancelarias de los grandes mercaderes. Y acá está el SENASA, de pie”.

“Cuando resistimos el vaciamiento del ministro Etchevehere y evitamos 900 despidos, dijimos ‘hay que meter más pueblo en nuestros organismos, en los ministerios’. Este proyecto es una cachetada en medio de la pandemia y del agronegocio contaminante que enferma y mata”.

La dirigente agregó en otro párrafo que “es con las organizaciones libre del pueblo, con mayor unidad, tenemos que reconquistar un Estado al servicio del pueblo y de las mayorías. Hay que abrir los organismos al debate y la discusión, que no es solo lo que plantean algunas ONG de agroecología, es junto a los productores, a los trabajadores del Estado, que tenemos que discutir que políticas públicas necesitamos en forma soberana. Y evidentemente no es la que nos están trayendo”.

 

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