¿Qué hay detrás de las modificaciones al Código Urbanístico de la Ciudad?
El gobierno porteño pretende modificar la ley de edificación sin antes discutir el Plan Urbano Ambiental. ¿La urgencia? Legalizar proyectos ilegales en curso, construir más, restar espacios verdes y seguir favoreciendo al sector inmobiliario. Por Redacción Canal Abierto.
El 7 y 8 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias públicas –con más de 200 personas inscriptas- que tuvieron por objeto tratar el Proyecto de Ley N° 2850-J-2019 de modificación al Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado en 2018. A fines del 2019 se votó un proyecto de modificación pero la audiencia pública este año no se pudo realizar por la pandemia.
“Este proyecto viene a reproducir y profundizar los lineamientos más cuestionados del Código. Uno de ellos es que continúa aumentando la capacidad constructiva de la Ciudad sin establecer un plan correspondiente de acompañamiento de los servicios públicos, tanto domiciliarios como no domiciliarios, a dicha capacidad constructiva que obviamente lleva una mayor densidad demográfica”, explicó el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.
Cuando se discutió el Código, el gobierno se comprometió a transparentar la cantidad de metros cuadrados que se podrían construir con el Código de Planeamiento y cuál iba a ser la cantidad permitida por el Código Urbanístico para que se pudiera realizar un análisis barrio por barrio del incremento de esta capacidad constructiva. “Esa información que tiene el gobierno nunca la transparentó, y ahora que se continúa aumentando la capacidad constructiva tampoco la hace pública”, indicó Baldiviezo.
Otra de las claves de esta modificación es avanzar con un proceso más de legalización de permisos de obra otorgados en violación al Código Urbanístico y al anterior Código de Planeamiento. Hay dos ejemplos paradigmáticos de esto: uno es el emprendimiento inmobiliario en la calle San Martín de Tours, en Palermo chico, impulsado por la desarrolladora Northbaires que viola la normativa de la zona PH3, y otro en Belgrano en manos del empresario Marcelo Mindlin.
Por otra parte, la plusvalía –el incremento del valor del suelo- generada por el aumento de la capacidad constructiva que autorizarían estas modificaciones sería capturada únicamente por los propietarios y la Ciudad no recibiría ni un peso a cambio porque esta situación no se encontrará alcanzada por la Ley N° 6062 (Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable).
También viene a autorizar que en todas las áreas de protección histórica se puedan realizar enrases, es decir, que se pueda superar la actual altura máxima de la zona si existe un edificio que tenga una altura mayor preestablecida actualmente por el código. En palabras simples, la altura permitida va a ser la del edificio más alto y no la que establece el Código.
“En las Áreas de Protección Histórica (APH) donde se pretende proteger la identidad del barrio era coherente que no se autorizaran estos enrases porque se quería mantener una altura homogénea en esas zonas. Pero ahora se están autorizando los enrases en todas las áreas de protección histórica sin ningún estudio previo de lo que esto implica. Esto es solo para favorecer intereses inmobiliarios y legalizar algunas obras en las que se aplicaron enrases cuando estaba prohibido”, explicó Baldiviezo.
Además, indicó: “Para nosotros, este Código Urbanístico lo que hace es dar un cheque en blanco al Gobierno para que haga lo que quiera con los APH. Constituye una delegación prohibida de facultades, ya que la Constitución prohíbe que la Legislatura pueda delegar facultades al Poder Ejecutivo”.
Otro punto problemático de estas modificaciones es la autorización a cementar los pulmones verdes de manzanas, permitiendo la construcción de estacionamientos subterráneos debajo de estos. “El Gobierno, junto con la Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos (CEDU), presentó un estudio técnico diciendo que esto era una medida que iba a favorecer a la Ciudad de Buenos Aires, pero ese informe se basa en datos desactualizados, de hace más de 20 años, donde manifiestan justamente que no existen estudios de la capacidad de filtración de los suelos”, comentó el titular del ODC.
Y agregó: “Contrario a todo criterio ecológico e hidrológico, esta medida prácticamente está orientada a transformar a la Ciudad en un manto de cemento. La avidez inmobiliaria sin límites. Todo esto en un contexto en donde ya es indiscutible la crisis y el cambio climático que vive el mundo”.
Durante las audiencias se pidió la suspensión del tratamiento de este Código Urbanístico porque actualmente la Ciudad está discutiendo el Plan Urbano Ambiental. En orden metodológico, primero se tiene que discutir la planificación de la Ciudad y luego el Código Urbanístico porque este último es el instrumento jurídico que operativiza el Plan Urbano Ambiental.
“Si no seguimos ese orden, vamos a aprobar un nuevo Código Urbanístico en medio de la discusión de una nueva planificación de la Ciudad, salvo que la discusión del Plan Urbano Ambiental sea una mentira total y sólo estén interesados en seguir estimulando únicamente la capacidad constructiva y los negocios inmobiliarios a través del Código”, finalizó Baldiviezo.