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Ante el desafío de una política energética más allá de Vaca Muerta

Durante el macrismo, todos los cañones apuntaron a Vaca Muerta. Sin embargo el megaproyecto se encuentra virtualmente parado por parte de las empresas que se sientan a negociar mejores condiciones con telegramas de despido en las manos. Las provincias petroleras y los sindicatos, los otros engranajes fundamentales del consenso del fracking, se suman a la puja en un momento clave para la política energética nacional. Se abre así la discusión de una nueva ley de hidrocarburos que, como en 2014, no contempla ni un debate popular, ni alternativas para pensar una transición energética que supere a los hidrocarburos. Por Felipe Gutiérrez – Observatorio Petrolero Sur.

El nuevo gobierno se encontró con una Vaca Muerta funcionando por inercia. Inversiones frenadas desde mediados de 2019, amenazas de dos mil suspensiones y despidos, y los precios de los combustibles pisados tras el resultado de las PASO de agosto. El megaproyecto estrella del fracking en Argentina, se encuentra otra vez en un extremo del vaivén del péndulo de su viabilidad.

Recientemente, el propio Alberto Fernández parecía poner en duda la rentabilidad del megaproyecto. En una entrevista con Horacio Verbitsky señaló que “la Argentina en un momento se enamoró de Vaca Muerta” y esbozó una comparación entre los costos de la producción convencional y los no convencionales. Esto movilizó a los distintos sectores del bloque de poder que se reúnen en torno al consenso del fracking.

Las petroleras, en tanto, comenzaron a hacer lobby para conseguir mejores condiciones para operar, al tiempo que envían telegramas de suspensiones y despidos y paralizan la actividad. Pujan por una serie de mejoras de condiciones arancelarias y giros de utilidades al exterior, un blindaje a sus inversiones y acercar el valor de los combustibles a la cotización internacional del petróleo (actualmente se pagan unos 10 dólares menos que el indicador de referencia Brent) e incentivos a la extracción; demandas por general compartidas con las provincias petroleras.

Las diez provincias petroleras reactivaron la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) para negociar como bloque, lo que marca una evidente diferencia con la era de Cambiemos, donde las negociaciones las protagonizaron directamente Chubut y, fundamentalmente, Neuquén, las principales productoras. Detrás de este debate también se esconde Vaca Muerta. La centralidad que tomó la cuenca neuquina durante el gobierno de Macri, provocó lo que otras provincias denuncian como un abandono de sus áreas. Parte de la crítica situación de Chubut puede explicarse por eso proceso. Por esto la Ofephi pide una ley de hidrocarburos que no esté orientada completamente al desarrollo del megaproyecto.

Por su parte, el poderoso sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa tensiona el ambiente en la Norpatagonia, con una serie de movilizaciones en contra del despido de 685 y la suspensión de 1200 trabajadores, que por el momento se lograron contener. La situación laboral también presiona para que las empresas logren nuevos beneficios. El gobierno nacional como el neuquino buscan frenar la conflictividad, sabiendo que la “paz social” con los trabajadores es una condición necesaria para el desarrollo del fracking.

Tras la entrevista en que el presidente puso en duda la política en Vaca Muerta, el 16 de enero se reunieron con él los directivos de las principales petroleras que operan en el país. Aunque no se descongelaron los precios del combustible, se proyectó el establecimiento de un sendero de aumentos, y a través de la resolución 6869 del BCRA se posibilitó el giro de dólares al exterior por parte de las petroleras, equivalente al 30% de su inversión. Al mismo tiempo Fernández anunció que enviará al Congreso una nueva ley de hidrocarburos antes de marzo.

Aún no se conoce el texto del proyecto de ley y ya surgen una serie de dudas. ¿Será mayoritariamente centrado en Vaca Muerta?, ¿en qué condiciones se dará el tan mentado “blindaje” a la actividad?, ¿cómo dialogará este “blindaje” con los demás sectores productivos del país -como el campo- que exigen una política de incentivos similares?. Y más allá del subsuelo, ¿será esta la oportunidad para dar un debate público de la energía, que no esté solamente encerrado en las paredes de las reuniones de CEOs y ministros? ¿Podrá esta nueva ley de hidrocarburos pensarse en términos de transición? En un contexto crítico de cambio climático y necesidad de reducción de las emisiones, ¿se podrá pensar la política energética más allá del fracking?

Avivando a la Vaca
Hasta el momento Vaca Muerta parece ser una política de estado. Su puesta en valor a comienzos de la década aceleró la toma de control de YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para poder traccionar desde el sector público el incierto desarrollo de esta formación no convencional. Desde entonces se consolidó un modelo de gestión público-privado de la extracción en la cuenca Neuquina, que tuvo en el acuerdo con Chevron su punto más destacado.

El gobierno de Macri fue un paso más allá, al profundizar las medidas de corte liberal en la política del sector. A través de la dolarización de las tarifas y la liberalización de los precios de los combustibles, la flexibilización laboral y la focalización de los subsidios hacia nuevos proyectos de no convencionales; estableció un modelo que pretendía aumentar fuertemente la producción y las ganancias privadas en desmedro tanto de YPF como de las y los usuarios de la energía.

En este sentido, a partir de mediados de 2018 comenzó a promoverse la exportación de gas fundamentalmente a Chile, mediante la infraestructura instalada durante la década menemista. Dicho proceso no fue pensado como un modelo de interconexión o en vías de una mayor integración regional. El modelo de exportación de Vaca Muerta sólo concibe a la energía como una mercancía, en un proceso que está en duda que pueda ser a escala y que es muy inestable dado que depende de precios y otros factores globales. De este modo, el modelo de Vaca Muerta, se aleja del entendimiento de la energía como bien estratégico o de su uso como derecho humano.

En líneas generales el gobierno de Mauricio Macri tuvo más continuidades que rupturas en su política hidrocarburífera en relación con el kirchnerismo, en particular en sus primeros dos años de mandato. A pesar de ciertos discursos supuestamente verdes, focalizó ingentes recursos en subsidios para la explotación de Vaca Muerta, particularmente destinados a Tecpetrol, que en el primer trimestre de 2019 recibió el 54% de los subsidios otorgados a petroleras al tiempo que YPF no recibió nada. Esta focalización determinó que el fracking fuera la única respuesta macrista ante la crisis energética, poniendo en riesgo no solo el desarrollo de otras fuentes de energía sino incluso la explotación convencional de hidrocarburos.

En ese camino Vaca Muerta se ubicó no solo como la única alternativa de la política energética, sino también productiva del país. En el megaproyecto se concentraron las expectativas sobre empleo, inversión y exportaciones. Sin embargo, su panorama sigue siendo incierto. Su desarrollo masivo ha puesto en tensión la situación ambiental y social en la Norpatagonia, debido al masivo uso de agua y químicos; los impactos al subsuelo, a la tierra y el aire; el aumento de la actividad sísmica en algunas zonas; conflictos territoriales con comunidades mapuche y crianceros; y las dificultades para procesar los enormes residuos de la actividad, entre otros.

Aún un análisis económico despojado de la perspectiva social y ambiental, muestra que la viabilidad del proyecto no debe darse por descontada. En un artículo anterior, sosteníamos que Vaca Muerta es un modelo que se mantiene a través de subsidios, debido al alto costo del fracking, lo que se revela como una falla estructural de la explotación de los hidrocarburos no convencionales en todo el mundo en tiempos donde el precio del barril de petróleo es bajo. Al mismo tiempo la inexistencia de infraestructura y mercados potenciales acordes a las grandes proyecciones que algunos sectores cifran en Vaca Muerta, hace inviable que este megaproyecto pueda convertir a la Argentina en potencia exportadora de hidrocarburos en el mediano plazo. Dicha utopía no solo estaba presente en las distintas conducciones energéticas que tuvo el macrismo sino que también se asoma en sectores del gobierno de Alberto Fernández, con el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, a la cabeza.

El articulado de la nueva reforma de la ley de hidrocarburos dará pistas más claras sobre las bases en las que la nueva gestión pretende construir su política energética y si el dilema que plantea Vaca Muerta, que también ronda en la cabeza de Alberto Fernández, permite construir una verdadera transición.

 

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