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Corte Suprema a favor de la Ley de Glaciares

El máximo tribunal de justicia desestimó una “acción declarativa” de inconstitucionalidad promovida por las empresas Barrick Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, que contaba con el apoyo de las autoridades de la provincia de San Juan. Con este fallo se frena el avance de otros 44 proyectos mineros. Red Eco Alternativo

(Red Eco) Argentina- La presentación de las mineras se realizó primero ante el Juzgado Federal de San Juan. El magistrado a cargo dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de varios artículos de la ley para el ámbito del emprendimiento "Pascua Lama" al suponer que la norma creaba "un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas actoras que verían afectado su patrimonio y los derechos adquiridos".

Luego, el juez aceptó la intervención de la provincia y se declaró incompetente. La causa llegó a la Corte Suprema que revocó la medida cautelar.

Con el fallo del máximo tribunal se frena el avance de 44 proyectos mineros que se superponen con glaciares o ambientes periglaciares, que fueron reconocidos en un documento de la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Entre los fundamentos, los jueces de la Corte señalaron que el objetivo de la ley es proteger “los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas (…) . Ninguna interpretación es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución”.

Al respecto, Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), afirmó: “Una decisión de este tipo reafirma la importancia estratégica de nuestras fuentes de agua dulce, y respalda el sistema de protección ambiental vigente con leyes de presupuestos mínimos. Es una decisión que vuelve a poner sobre la mesa que los intereses particulares no pueden pasar por alto las necesidades de un país de preservar sus bienes ambientales”.

En igual sentido, Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, expresó: “El fallo es contundente y señala que la responsabilidad en la protección de glaciares es compartida entre Nación y provincias y reafirma que los derechos individuales, como el de propiedad, ceden ante derechos colectivos como el derecho al agua. El derrotero de la Ley de Glaciares parece una carrera con obstáculos donde nos corren permanentemente la línea de llegada. Eso ahora acabó, es el tiempo de aplicar la norma efectivamente y en eso hay una responsabilidad compartida entre el Gobierno Nacional y los provinciales. La decisión era entre defender las ‘fábricas de agua’, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”.

“El fallo de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la Ley de Glaciares es un gran triunfo popular pero fundamentalmente de pueblos como el Jachal (San Juan) que le puso el cuerpo a la lucha”, agregó. 

Cabe recordar que en 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández había vetado un proyecto de protección de glaciares elaborado por la diputada Marta Maffei, y aprobado por el Congreso, que buscaba poner un freno a las empresas del sector. Años más tarde, ese texto fue la base para la ahora ratificada Ley de Glaciares sancionada en 2011. Ese mismo año, las compañías mineras presentaron su acción declarativa; entre los argumentos incluidos señalaban que al aprobar la norma el Congreso había excedido sus funciones avanzando sobre las competencias federales.  Ocho más tarde, la Corte se expidió a favor de los Glaciares.

Actualmente en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Santa Cruz es la provincia con mayor superficie de glaciares del país (3.421 km2 y 2.420 unidades), seguida por Mendoza ((1.239 km2 y 4.172 cuerpos inventariados) y  San Juan.

Fuentes: Asociación por la Justicia Ambiental / Canal Abierto / FARN /  Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

 

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