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Comunidades indígenas jujeñas batallan contra la megaminería

Integrantes de las comunidades que se encontraban cortando la ruta 52 desde el martes 12 en reclamo contra la minería inconsulta en sus territorios anunciaron el pasado viernes que levantaban el corte tras la visita del presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), Carlos Oheler. Si bien no llevó respuesta, recibió el pedido de las comunidades para reunirse con el Gobernador Gerardo Morales. Por Mario Hernandez para Red Eco Alternativo

 

(Mario Hernadez para Red Eco) Jujuy- Integrantes de unas 20 comunidades indígenas de Jujuy cortaron el cruce de la ruta nacional 52 con la provincial 79, en plena Puna, en contra de las exploraciones de litio en las cuencas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

Unas 150 personas impedían el paso de los vehículos por el corredor vial como medida de fuerza hasta que el gobierno jujeño “anule” los permisos para dos empresas que iniciaron los trabajos de exploración para el desarrollo de emprendimientos mineros.

El reclamo “exige” la presencia en el lugar del gobernador Gerardo Morales, “para que dé respuestas” al reclamo que sumó en los últimos días adhesiones de instituciones académicas internacionales.

“Estamos realizando un corte de ruta definitivo y reclamamos la presencia del gobernador para solucionar el conflicto”, dijo Verónica Chaves, de la comunidad aborigen de Tres Pozos.

La activista refirió que la protesta se debe a que “el gobierno jujeño autorizó el estudio de suelos para la futura explotación del litio en las cuencas de la región sin consulta previa, libre e informada a las comunidades, como lo establece la OIT”.

Detalló que los trabajos que habían iniciado las empresas Ekekos S.A. y Lossi S.A. en medio de la Laguna de Guyatayoc consistían en la excavación de un pozo de 394 metros de profundidad, “destruyendo el medio ambiente y poniendo en peligro los pocos sitios de agua que tenemos en esta zona”. Y agregó que “lo pudimos frenar la semana pasada”.

Phillip Thomas, CEO y presidente de AIS Resources Limited, con sedes en Vancouver, Canadá, y Nassau, Bahamas, confirmó que la compañía abandonó el proyecto minero en la zona, resolución que aún no se vio reflejada en su página web.

“La plataforma de perforación se ha ido y solo estamos haciendo un trabajo de reparación para limpiar el sitio”, dijo Thomas. Al ser consultado sobre la decisión, señaló: “No tenemos comentarios al respecto”.

Por su parte, el secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, Miguel Soler, emitió un comunicado oficial en referencia a los cuatro estudios de impacto ambiental para exploración aprobados durante 2018 para los Salares de Olaroz y Cauchari (dos por litio y uno por otros metales), y el restante para el Salar de Guayatayoc (litio).

Según Soler, todos los proyectos mineros a los que hace referencia en el texto “cumplen con las normas y procedimientos ambientales”, y dice que las comunidades originarias involucrados en cada uno de ellos participaron de una “consulta previa, libre e informada”.

Sobre este último punto, las comunidades kollas indicaron que no aceptarán más como argumento la supuesta aceptación de la consulta (exigencia constitucional para poder avanzar en proyectos de este tipo en sus territorios), ya que alegan que el gobierno utiliza este mecanismo de manera “aparente”, llamando a “mesas chicas” y “reuniones para convencer a dirigentes”. Finalmente, advirtieron: “Si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.

Chaves recordó que “hace tres años que mantenemos nuestra posición en contra de todo tipo de emprendimientos mineros, porque entendemos que el gobierno no entiende la voluntad de las comunidades”.

En el lugar se manifestaron comunidades de San Miguel de los Colorados, Rinconadillas, Alfarcito, Tusaquillas, Sausalito, Casabindo, Queñoalito, Cochagaste, Tambillos, Quera, Agua Caliente, Ayllus Abralaite, Pozo Colorado, Saladillos, El Angosto, El Moreno, Lipán, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, Cianzo, Barrancas y Casa Colorada, entre otras.

El agua, la contaminación, el destrozo no tienen fronteras

El día que se instalaron emitieron este comunicado:

“En el territorio de las Comunidades Indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, a los 12 días del mes de febrero de 2019 reunidos en Asamblea General rechazamos y desmentimos el comunicado oficial difundido con fecha 11/02/19 por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, referente a “proyectos mineros cumplen con normas y procedimientos ambientales”. En el territorio de las Comunidades de San Miguel de Colorados y Rinconadillas no se cumplió ni se realizó el procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Por lo tanto, las comunidades: San Miguel de Colorados, Rinconadillas, Alfarcito, Sausalito, Queñoalito, Tusaquillas, Casabindo, Cochagaste, Tambillos, Quera y Agua Caliente, Ayllus Abralaite (Agua de Castilla, Río Grande y Santa Ana), Pozo Colorado, Saladillos, El Angosto, El Moreno, Lipán, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, Sianzo y Barrancas; Casa Colorada, Rangel y Cerro Negro (Salta) reafirmamos la autodeterminación y el rechazo total y definitivo a todo emprendimiento de megaminería, litio y otros minerales. También la nulidad de todo pedimento minero en toda la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, como así mismo en las Serranías de El Aguilar, el Chañi, Cobres e Incahuasi.

La Asamblea reunida declaramos el territorio Patrimonio Ancestral Cultural y Natural de los Pueblos Originarios Kolla y Atacama”.

Las Comunidades Indígenas vienen manifestándose hace tiempo y remiten al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que establece que sobre pueblos indígenas “los gobiernos deben consultar a las comunidades cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a las comunidades directamente”.

Argumentan que el Estado no cumplió con el procedimiento participativo de obligatoriedad expresado en el protocolo de consulta “Kachi Yupi”, Huellas de Sal, un documento de público conocimiento elaborado por las comunidades. Este documento fue oportunamente elogiado por el propio gobernador Morales en la comunidad Alfarcito apenas asumió la gobernación y que no cumplió con su contenido.

En su oportunidad, han denunciado que el Estado autorizó la etapa de exploración de la Mina Guayatayoc, según expediente Nª 82-L-1998, efectuada por la empresa Luis Losi S.A. y Ekekos S.A., “quienes están trabajando calladamente en la Laguna de Guayatayoc”.

“Estamos preocupados porque no se hace presente el señor Gobernador. Estamos reclamando nuestro derecho. El gobierno provincial hizo una licitación de JEMSE de la exploración y explotación de litio en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. El pedimento minero pedido para esa licitación es donde está el territorio de nuestras comunidades”, expresó Verónica Chávez.

Además contó que han encontrado en medio de la Laguna de Guayatayoc a las empresas Losi S.A. y Ekekos S.A explorando los pozos. “Han perforado un pozo de 396 metros según lo que nos han informado, destruyendo la laguna de Guayatayoc con un terraplén, cavando y dejando agua sucia al frente, teniendo los flamencos en frente”.

“En ese momento estaba el Director de Minería y le preguntamos por qué destruyen así la naturaleza estando los flamencos allí. Por qué dicen Jujuy Verde”, se preguntó Chávez. “No queremos proyectos en ese territorio porque no hay buena voluntad de respetarnos”.

Según la comunera, el 7 de febrero conversaron con el Director de Minería de la provincia y con integrantes de la Secretaria de Asuntos indígenas.

“Si la Secretaría de Asuntos Indígenas dice que nos representa, por qué no hace cumplir el Convenio 169, la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17. Es por esto que digo que no hay gente que tenga la capacidad para hacernos respetar”, lanzó Chávez.

“Cuando le preguntamos al Director de Minería (Waldo Chayle) quién había autorizado el trabajo y el proyecto, dijo que habían sido ‘los más grandes’. Pero nosotros no somos tontos, él es el que autorizó porque es el Director”, aseguró la comunera.

“Estamos molestos porque no hay consultas, sino actas y eso no es consulta porque no hay acuerdo”.

“Si quieren hacer un proyecto puede hacerlo mientras que no dañe a los demás”, dijo Chávez. Y continuó: “Sabemos que el litio deja todo destruido. El agua, la contaminación, el destrozo no tienen fronteras. Esto quiero que escuche el Gobernador, que entienda que el agua no tiene fronteras”, argumentó.

“Nosotros vamos a seguir aquí. Queremos dialogar con el Gobernador. No hay vuelta atrás”, aseguró.

Paralelamente, el 12 de febrero, Ariel Amaranto, empleado del terrateniente Enrique Daniel Verzini, corrió a tiros con arma larga a Néstor Jerez, Cacique del Pueblo Ocloya, gritándole “indio hijo de puta, te voy a cagar matando”, “dejen de joder con la comunidad” y “por aquí no vas a pasar más”. El hecho fue protagonizado a las 16:30 aproximadamente, al regresar en territorio por senda ancestral, en el lugar denominado “el tilo y la mecha”, ubicado al lado de la Escuela primaria 329 de Tilquiza, a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Cabe destacar que Ariel Amaranto y Enrique Daniel Verzini, tienen innumerables denuncias desde el 2010, cuando amenazaron de muerte con arma de fuego a la abogada Marcela Arjona, hoy diputada provincial del oficialista Cambia Jujuy y presidenta de la Comisión de pueblos indígenas en la Legislatura jujeña.

El Pueblo Indígena Ocloya en alerta y asamblea realizó la denuncia correspondiente y se movilizó al Ministerio Publico de la Acusación, para solicitar una audiencia al Fiscal General Dr. Enrique Lello Sánchez.

 

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