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Proponen nueva audiencia pública para el basurero de Catriel

Lo hizo la Defensoría del Pueblo de la Nación a través de una resolución en la que ratifica que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Crexell Soluciones Ambientales no cumple los requisitos mínimos que exige la Ley General de Ambiente y la Constitución Nacional.

En este sentido, el documento, firmado por el subsecretario General de la Defensoría del Pueblo Juan José Dockel, explica que ante una serie de irregularidades técnicas se debería invalidar todo trámite. Ante esto, el organismo propone que el proceso se realice nuevamente para garantizar el libre acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana.

En 2016, Crexell Soluciones Ambientales inició los trámites para la instalación de una planta de tratamiento de residuos hidrocarburíferos en cercanías de la ciudad rionegrina de Catriel. Con varias irregularidades y algunas dificultades para acceder a información, en marzo del 2017 se realizó la audiencia pública, con críticas muy fuertes al proyecto. La Asamblea Socioambiental de Catriel, junto a otras organizaciones e instituciones, como el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), cuestionaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado.

Durante el 2017 se reformuló la Carta Magna de Catriel, y los convencionales presentaron un proyecto de prohibición de esta actividad por considerarla contaminante, cuya validez comenzaba a regir desde enero de este año. Pero en noviembre de 2017, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Dina Migani, aprobó el proyecto de planta de tratamiento y lo publicó en el Boletín Oficial en diciembre.

Incluso el propio Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó el rechazo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería de Cipolletti, en hacer lugar a lo peticionado por Catriel: “La Cámara puntualizó que la Carta Orgánica Municipal de Catriel ha sido dictada por una Convención Constituyente Municipal, elegida por el pueblo para esos fines y en cuyo seno ha debido debatirse ampliamente la normativa sancionada. Por ello considero que debe presumirse la legitimidad de su convocatoria, elección, actuación, representatividad y en general de sus actos públicos, institucionales y administrativos, en los términos de los artículos 2, 25, 228 y concordantes de la Constitución Provincial; sumado a la explícita garantía a la autonomía municipal que consagra dicho plexo e igualmente la Carta Magna Nacional”.

Sin embargo,  el intendente de Catriel Carlos Johnston insiste en implementar este proyecto de planta tratadora de residuos petroleros prohibida por la Convención Constituyente.

Fuentes: Ejes / Farn

 

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