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Se desmorona parte de una casa en Allen

Desde la llegada del fracking al Alto Valle del río Negro, la ciudad de Allen ha sido el epicentro de la extracción de hidrocarburos no convencionales en Río Negro. El yacimiento rionegrino Estación Fernández Oro (EFO) es el mayor proveedor de gas de la provincia y los vecinos que viven en las cercanías conviven con agua contaminada, ruidos constantes y hogares resquebrajados. Las consecuencias de la intensa actividad las sufren quienes conviven en un territorio invadido por torres de perforación, maltratados por las empresas y negadas por el Estado. Por Martín Álvarez Mullally - OPSUR

La calle Ciega 10 de la localidad de Allen es el hogar de Roxana Valverde desde que llegó junto a su padre cuando tenía un año. Tras una etapa de su vida transcurrida en la zona urbana, decidió irse a vivir a la tranquilidad: a la zona de chacras. Pero hace tres semanas se desmoronó una parte de su casa debido a la actividad petrolera cercana, y tuvo que conseguir asilo en casa de un familiar. “Vivo acá desde hace 18 años” nos cuenta tras un fuerte abrazo de su nieto que se acerca corriendo al verla llegar. Su hijo vive en la vivienda colindante. “Hace varios días que no los veo. Desde que se cayó la pared que nos tuvimos que ir” comenta emocionada. La rotura de las viviendas por la actividad petrolera es uno de los tantos problemas generados desde que las torres llegaron. Son muchas casas que padecen fisuras de las que nadie se responsabiliza, y las que resultan muy costosas de rehacer o arreglar. Todavía no hay víctimas de accidentes por derrumbe, pero tampoco existen políticas de prevención por parte del Estado, ni de resarcimiento por parte de YPF,  empresa de bandera que opera en el yacimiento.

Los planes de incentivo a la explotación de gas nuevo impulsados por el gobierno de Cristina Kirchner desde el 2008 significaron un importante subsidio al sector. En 2013 cuando la EFO entra al Plan Gas Plus el impulso para la explotación de tight gas –alojado en arenas compactas- se incrementó considerablemente. A su vez, el ingreso del paquete tecnológico del fracking que trajo Vaca Muerta les permitió en pocos años realizar más de un centenar y medio de pozos, con el esquema de drilling factory. En 2018 el subsidio que mantiene el precio del millón de BTU (unidad de energía que se aplica al gas) a 7.5 dólares, o sea el estado financia la extracción elevando a alrededor del doble de lo que gas puede valer.

Con la llegada de los equipos vinieron también los problemas. Valverde relata que “desde que llegaron las empresas nos trajeron ruidos molestos, enfermedades y daños materiales. Si bien son empresas que pueden traer trabajo, a nosotros nos han perjudicado mucho. La mayoría trabajamos en las chacras y nos cuesta mucho invertir para mejorar nuestras casas que se ven dañadas por las vibraciones. Hemos realizados muchos reclamos, pero siempre queda todo en la nada. Hoy puedo mostrar como quedó mi casa, donde vivo con mis hijos”, dice mientras mira a una habitación donde troncos de madera evitan que se venga abajo el techo. Con la ayuda de sus hijos ha logrado comprar unas bolsas de cemento y unos ladrillos que. sumados a los que recuperaron de los escombros tras el derrumbe, servirán para reconstruir la pared, aunque sea tan solo una parte. Nos señala puntos de la vivienda donde las fisuras pueden ser una alegoría para esa grieta invisible de un pueblo pobre golpeado por el progreso de las planillas excel.

Roxana nos cuenta que en la casa de al lado el vecino “Tiene 65 años y nació en esa casa que también comenzó a partirse después de que las empresas petroleras llegaron. Nosotros vivíamos tranquilos, nadie nos molestaba, hasta que llegaron las empresas y eso hasta el mismo gobierno lo está tapando”. Describe que “en el barrio hay casas de material y de madera, las de material empezaron a tener fisuras, aberturas y empezamos a reclamar y la empresa se hizo presente, nos dijeron que se iban a hacer cargo, pero nos prometían y no cumplían. Empezamos a llamar a los medios, tanto radiales, televisivos y los diarios, aunque notamos que no trascendieron”. Una vez la empresa envió a un arquitecto a ver las casas del vecindario, la conclusión fue que el problema era la precariedad de las casas.

En julio del 2015 una fuerte explosión en el pozo EFO 280 provocó un derrame a una laguna natural que queda a escasos metros de las viviendas de la Calle Ciega 10 donde vive Roxana. Recuerda que “un día tipo dos o tres de la tarde sentimos una fuerte explosión y todos nos asustamos. Recordé que mis hijos estaban en mi casa – yo trabajo a 800 metros de ahí- y pedí permiso y me vine, cuando llegué quedaba todavía un zumbido. Mis vecinos contaban que con la explosión los trabajadores que estaban el pozo salieron corriendo y se resguardaban de la fuga de gas, el humo llegó a las primeras casas y los autos que iban por la Ruta 22 se tiraron a la banquina. Después ellos nos dijeron que fue un simulacro, pero para nosotros no lo fue, vinieron policías, bomberos”. Por esta situación intervino la Defensoría del Pueblo que estaba por entonces a cargo de Nadina Díaz y la causa generó mucha repercusión en toda la provincia. El Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 1, a cargo de la doctora María del Carmen Villalba, dispuso la suspensión y peritaje del mismo. Valverde relata que de las causas iniciadas no hubo respuestas, ni resarcimiento. El pozo fue suspendido, pero hicieron otros a pocos metros de distancia, que incluso también generaron molestias y explosiones con venteos (quema in situ de gases malos). Por esa situación cortaron la ruta y el ingreso a las locaciones en varias oportunidades. El entonces secretario de Energía de Río Negro, Marcelo Echegoyen negó todo lo sucedido en el pozo EFO 280. Para ellos la explosión no existió y al respecto de los habitantes del lugar,  expresó en entrevista a la AM provincial LU19, “estoy viendo en el Google Earth y acá no hay ningún barrio”.

Para septiembre del 2015, con las denuncias ya en marcha, la empresa se preocupó en lograr que el conflicto no genere un efecto contagio que trajera mayores inconvenientes en toda la zona. Para ello buscó cerrar acuerdos de confidencialidad con vecinos. Existieron dos propuestas diferentes: una destinada a aquellos que por la proximidad con el pozo fueron afectados en mayor medida, quienes les ofrecieron un monto por única vez de 27.000 pesos y 3.000 pesos mensuales por doce meses. En cambio, para el resto de las familias el monto era de un pago único de 20.000 pesos y doce meses de 2.000. Las condiciones que YPF puso a los vecinos eran: libre consentimiento a la actividad, compromiso de no llevar adelante futuros reclamos, permitir ingreso irrestricto a la actividad, ser responsable por los daños económicos que padezcan en caso de protestas que ellos realicen, y lo más importe, silencio, no realizar denuncias en los medios de comunicación. Este ofrecimiento descolocó al vecindario, pero según Roxana -quién se negó a firmarlo- la oferta fue rechazada por quienes ella conoce. La empresa nunca cumplió nada de las promesas que le hicieron.

Acuerdo allen fracking 1

Otros de los problemas que trajo el fracking a la población son frecuentes enfermedades. “Las empresas llegaron hace cuatro años y empezamos a notar muchas enfermedades: dolores de cabeza y estómago, vómitos, diarreas. Nos pareció muy extraño y eso motivó que nos empezáramos a comunicar entre vecinos, ya que era muy habitual enfermarse. Primero le echamos la culpa al agua, pero después nos dimos cuenta que si vivimos toda la vida acá y de golpe nos empezamos a enfermar todos en el barrio, no podía ser el agua”. Las emisiones fugitivas a las que están sometidas son muchas: venteos, emisiones de grandes motores de los equipos y los distintos gases que van migrando durante los distintos procesos que requiere hacer que el hidrocarburo fluya. Por tratarse de un paquete tecnológico reciente, las consecuencias de salud a largo plazo todavía no están claras. Sin embargo, organizaciones como la estadounidense Concerned Health Professionals of New York (Profesionales de la Salud de Nueva York) han compilado información sobre los efectos devastadores de salud a corto plazo, demostrando que el panorama solo puede empeorar a medida que los tiempos de exposición se agranden.

El enclave petrolero como política pública

La explotación de los hidrocarburos no convencionales en áreas de viviendas se da con un marco ausencia de los roles que deberían controlarla. Mientras que el gobernador Alberto Weretilneck, férreo defensor de la actividad petrolera en el Alto Valle de Río Negro, ha expresado en más de una ocasión que la “convivencia” entre la actividad petrolera, la producción frutícola y la población es posible. Abrazado al negacionismo como técnica para afrontar el problema, el mandatario ha sostenido en más de una ocasión que no se hace fracking en provincia. “En Río Negro no hay no convencional. ¿Está claro? No hay un solo pozo no convencional, no hay fracking” expresó en Choele Choel mientras era rodeado de pobladores del lugar que buscaban respuestas ante las nuevas áreas petroleras concedidas a la empresa YPF para realizar etapa exploratoria. La convivencia entre la producción frutícola y la extracción de hidrocarburos es también impulsada por el secretario de Fruticultura de la provincia Alberto Diomedi, quién es un reconocido productor de Allen. Otra de las voces garantistas del fracking en la provincia es la propia secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustententable Dina Lina Migani, quién además de ser la responsable del organismo de control, es dueña de la empresa de servicio petroleros Quinpe quién presta servicios a las mismas empresas a que debe controlar.

 

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