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Antes del alud… los desmontes

Organizaciones ambientalistas y vecinos de la ciudad salteña de Tartagal denuncian que las actuales inundaciones ocurridas en la provincia son consecuencia del proceso de destrucción de bosques nativos argentinos por la falta de una política firme contra los desmontes.


(Débora Sayanes - Red Eco) Salta- Según los vecinos autoconvocados de la ciudad salteña,  “el alud no sólo fue de barro sino de troncos secos bajados de los cerros, que todos los ciudadanos observaron que no fueron arrancados por la fuerza de las lluvias sino cortados en la deforestación y apilados en la espera de que los aserraderos del lugar los retiraran”.
La zona inundada en Salta es una de las más afectadas por los desmontes realizados para ampliar la frontera agrícola y, además, sufre los impactos de la explotación maderera sin control. En el año 2007, ante la inminente sanción de la Ley de Bosques, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, con el aval de su entonces gobernador, Juan Carlos Romero, autorizó el desmonte de 400.000 hs de bosques nativos.
Eduardo Piacentini, del Departamento Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que la tala de bosques indiscriminada sin reforestación hace que el ambiente se modifique. “Cuando cae la lluvia, el terreno no tiene absorción porque no tiene las raíces de esos árboles extraídos, entonces el agua drena y recorre libremente sin ser absorbida”.
Piacentini aclaró, además, que la cantidad de agua que cayó en Salta “no es suficiente” para que se produzca una tragedia de estas características: “Si el agua no se consume por la vegetación, se inunda”.
Sin embargo, las autoridades provinciales y nacionales hacen caso omiso a las causas descriptas, niegan que las inundaciones se deban a los desmontes y plantean que el desastre fue consecuencia de las características ambientales y climáticas. 
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, que recorrió Tartagal acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, insistió en que “hay que comprobar” la certeza de las denuncias sobre el desmonte compulsivo porque hay “árboles arrancados desde las raíces, que han formado en el puente ferroviario un dique de contención hasta que la presión del agua llegó y arrancó el puente y ahí desbordó el agua en toda la ciudad”.
Por su parte, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, también atribuyó el desastre a una causa natural sin mencionar que las obras en el Río Tartagal iniciadas en el año 2006 no fueron terminadas: “Lo que ha pasado es que se ha desbarrancado parte del cerro”, sostuvo el gobernador.
Frente a estos argumentos, Gabriel Seguezzo, director de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz), expresó que “las autoridades no se hacen cargo de su parte porque están involucradas”: “Quizás no podemos echarle el ciento por ciento de la culpa a la tala pero es la única variable de todo esto que el hombre puede controlar. Existieron desmontes en la parte alta de la cuenca del río. Si uno ve la cantidad de árboles arrastrados por el alud, se da cuenta de que hubo una tala”, agregó.
Por su parte, Hernán Giardini, integrante de Greenpeace, afirmó que “en 2007 mientras se discutía la Ley de Bosques, el ex gobernador (Juan Carlos) Romero quintuplicó la cantidad de desmontes (…) Si no hubieran deforestado la zona de la manera en que lo hicieron en los últimos 10 años este desastre no habría sucedido”.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas. Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país.
Cabe recordar que la Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.

 

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