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A 44 años del Golpe Genocida

El macrismo se retiró tras provocar una catástrofe en derechos humanos. Símbolo de ello es que la mayoría de los represores estén libres o en sus casas con domiciliaria. La nueva gestión peronista mostró sus desvaríos al jugar con la reconciliación, el negacionismo y la selectividad punitiva. Por HIJOS La Plata

El filósofo insigne del idealismo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) desarrolló en su obra una de las leyes fundamentales de la dialéctica, la ley de la “negación de la negación”. Desde ese concepto intentó expresar el carácter sucesivo del desarrollo de lo humano, la conexión de lo nuevo con lo viejo en el proceso de la sustitución de unas transformaciones cualitativas por otras.

Una de las aristas más interesantes de esta idea es la que habilita poder pensar que en todo estadio superior de desarrollo se repiten hasta cierto punto algunas de las propiedades del estadio inferior y, yendo al terreno de la política, que la negación de lo viejo por lo nuevo en el proceso del desarrollo no es otra cosa que la solución de las contradicciones.

Ya desde un planteo materialista, en Marx y en Engels el término “negación de la negación” expresa el carácter ascendente de la realidad objetiva misma. Marx muestra en “El Capital” (1867) que la propiedad privada capitalista es la primera negación de la propiedad individual de los medios de producción basada en el trabajo individual. Pero luego, el capitalismo, en razón de leyes propias a su desarrollo prepara él mismo las condiciones de su caída: la expropiación del capital es la negación de la negación, el restablecimiento de la propiedad individual, es decir, la propiedad de los trabajadores mismos sobre los medios de producción, pero a un nivel superior. La dupla alemana realiza ese aporte para poder entender el carácter dialéctico de la negación de lo que es viejo, de lo que muere, y del nacimiento de lo nuevo. En el “Anti-Dühring” (1878) Engels dice que “negar, en dialéctica, no consiste lisa y llanamente en decir no, en declarar que una cosa no existe, o en destruirla caprichosamente”.

El Estado negacionista del genocidio ocurrido en nuestro país intentó con Mauricio Macri, el mejor alumno de la dictadura cívico-militar, enterrar la posibilidad de revisar el pasado reciente de manera completa y extendida. Pero la apelación a la reconciliación con impunidad no se agota en Macri. En febrero pasado y de regreso de una visita a París, el presidente Alberto Fernández quiso seducir a parte de la sociedad y los organismos de Derechos Humanos planteando la necesidad de una ley que penalice las expresiones negacionistas del Terrorismo de Estado, para emular la “Ley Gassot” francesa.

A poco de echada a andar esa idea el mismo Fernández se despachó con nuevos bríos negacionistas en un discurso de despedida a militares que viajaron a Chipre para servir a la ONU. El presidente buscó represtigiar a las Fuerzas Armadas nada menos que en la sede del ex CCD de Campo de Mayo. La presencia de lo viejo en lo nuevo que señala la ley de la “negación de la negación” hizo su aparición.

El hoy presidente y ex militante del cavallismo dijo que las Fuerzas Armadas “han venido en estos años de democracia haciendo un esfuerzo permanente por lograr la integración que todos los argentinos les reclamábamos y hoy tenemos fuerzas absolutamente integradas a las sociedad argentina”. E insistiendo en esa idea Fernández afirmó que “hoy todos los oficiales de nuestras tres fuerzas han salido de la democracia y para nosotros eso es una gran alegría”. Por ello se permite interpretar que “con esto toda la Argentina debe dar vuelta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”.

Las viejas/nuevas recetas de la impunidad a cambio de algunos logros también estuvieron presentes en las propuestas que manifestó públicamente el secretario de Derechos Humanos designado por Fernández. En una nota publicada el 26 de diciembre pasado en Página/12 Horacio Pietragalla Corti dijo que “el ritmo que tomaron los juicios de lesa humanidad se choca de frente con la posibilidad real de hacer justicia”. Como si a la gestión kirchnerista de la que él fue parte, que ocupó 10 de los 15 años que llevan estos juicios y dejó impune el caso Jorge Julio López, no le cupiera ninguna responsabilidad en el fenómeno.

Pero para modificar la situación, y que los juicios vuelvan a ser “política de Estado”, propuso “que la Corte Suprema reponga la Comisión Interpoderes; también necesitaremos que la Procuración General de la Nación instruya a los fiscales y a la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad a priorizar la realización de estos juicios, con un criterio que nos permita dejar de investigar a los genocidas pluricondenados para avanzar con aquellos que aún no fueron juzgados”.

La perplejidad en que nos sume tal oferta a quienes militamos desde querellas independientes estos procesos transforma a una situación catastrófica en poco seria. Porque pretender una selectividad en el juzgamiento ya fue política de Estado en los ’80, leyes de impunidad de por medio, y de implementarse las aspiraciones de Pietragalla la mayoría de los procesos en curso quedarían desiertos. El ex diputado, a la sazón obediente votante de la ley antiterrorista en 2011, parece desconocer que, por ejemplo en lo que conocemos como “Circuito Camps”, las grandes causas por distintos CCD tienden a repetir imputaciones por la pereza investigativa del Estado en su conjunto. En manos de estos supinos desconocedores del paño está, en parte, la posibilidad real de hacer justicia en el país de todos y todas.

Esta forma parcial de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- resulta funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos. 

Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta diciembre de 2019 el Estado argentino efectivizó 238 juicios y como resultado se dictaron 1.354 condenas sobre 975 represores y hubo 240 absoluciones por un universo de 7.848 víctimas. Por lo tanto, tomando como referencia los 200.000 efectivos que actuaron en la represión y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los responsables condenados representan menos de 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.590 represores imputados están en total y completa libertad. 

Los juicios a los genocidas llevan 15 años de debates orales. Y no pueden durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar. EL cuello de botella que el Estado plantea para los juicios se verá con claridad este año en La Plata, donde habrá 3 juicios en simultáneo. Aún sin llegar a sentencia la causa por la Brigada de San Justo tras 1 año y medio de debate, en abril comienza el juicio por el CCD "1 y 60", en mayo la megacausa por los crímenes cometidos en los Pozos de Banfield y Quilmes, y en septiembre el juicio por la brigada de Lanús con sede en Avellaneda, CCD conocido como “El Infierno”. El inicio de estos juicios lleva entre 5 y 8 años de demora, y ahora se pretende realizarlos en simultáneo, con la complejidad que ello genera para todas las partes.

 Antinegacionismo o reconocimeinto pleno del Genocidio 

Desde la querella del espacio Justicia Ya La Plata, que integramos como HIJOS La Plata, conseguimos en 2015 el primer fallo de un tribunal oral federal del país que reconoce la comisión del delito internacional de Genocidio en la causa por los crímenes de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada Argentina en nuestra región. Sucede que esa sentencia NO está confirmada en segunda instancia y su ratificación comporta un importante cambio simbólico y político en el reconocimiento de la magnitud de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura. 

Desde Justicia Ya venimos planteando condenas por Genocidio desde 2006, en el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz donde desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López. En aquel entonces lo hacíamos en soledad, por el rechazo de otros organismos de Derechos Humanos o querellas del propio Estado. Hoy casi ninguna querella, incluido el Ministerio Público Fiscal, esquiva el planteo de llamar a la aniquilación de una parte específica del grupo nacional argentino por su nombre: Genocidio.

Nos preguntamos qué sucede entonces cuando el propio Estado argentino, que aún no ha reconocido plenamente el Genocidio, nos plantea de manera oportunista utilizar la ley penal para castigar el negacionismo. Ni hablar del reconocimiento estatal de sus propios crímenes, otros genocidios silenciados, como la persecución y encarcelamiento a pueblos originarios en lucha por su soberanía, las desapariciones forzadas en democracia, el gatillo fácil, las torturas en cárceles y comisarías, la trata, los femicidios, las muertes por aborto clandestino, o bien el atropello a los derechos Humanos de nueva generación referidos por ejemplo a la protección del medio ambiente.

A 44 años del golpe genocida los juicios a los represores se encuentran asediados por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva. 

En materia represiva actual el panorama destila continuidades. La gestión de Daniel Scioli causó más de 600 muertes a manos de su Policía y su Servicio Penitenciario gracias a las políticas de mano dura de sus ministros Ricardo Casal y Alejandro Granados. Casal llenó las cárceles de pibes pobres, superando los 40 mil internos en el SPB, y uno de cada 2 internos recibió distinto tipo de torturas en ese período. Granados llevó a La Bonaerense a tener más de 100 mil efectivos, como nunca en su historia, creó las policías locales improvisadas, inició la llegada de fuerzas federales al conurbano con los operativos en los trenes, y desplegó cientos de operativos de saturación en los barrios. El kirchenrismo, que se autoproclamó “el gobierno de los derechos humanos” asesinó en sus 3 gestiones nacionales a más de 3600 personas, lo que equivale al 51% de los casos. Esto lo ubica como el gobierno que más personas asesinó en los últimos 35 años.

La gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro Cristian Ritondo vinieron a completar la tarea represiva iniciada por Scioli, y son responsables de más de 800 muertes a manos de su aparato represivo, entre las que se destacan las masacres de San Miguel del Monte, Pergamino y Esteban Echeverría. A nivel nacional la gestión Cambiemos se llevó la vida de más de 1800 personas, más de 1500 en cárceles y comisarías y más de 500 en casos de gatillo fácil. El macrismo bajó la tasa de asesinatos a manos de las fuerzas represivas de 1 cada 28 horas a 1 cada 21 horas. En suma la gestión Macri-Bullrich es responsable de del 26 % de los casos desde 1983 a la fecha.

Así están presentes en nuestro reclamo muchxs de lxs que nos arrebataron esos gobiernos represores: Darián Barzábal, Ezequiel Heredia, Cristian “Rusito” Perez, Víctor González, Damián Corvalán, Mauricio Andrada, Ismael Perusatto, Daniel Migone, Miguel Bru, Andrés Nuñez, Soledad Bowers, Nicolás Vargas, Sebastián Nicora, Braian Mogica, Néstor Canizzo, Rodrigo Simonetti, Maximiliano Campos, Matías Marincovich, Germán Ramón Gomez, Santiago Maldonado, Johana Ramallo y tantxs otrxs.

La tregua esperanzada sobre la represión que promete el Frente de Todos en Nación y Provincia no incluye a nuestros pibes. Porque más allá de las promesas de derogar la “Doctrina Chocobar” nuestros pibes siguen sufriendo el hambre y la marginación y son blanco de la discrecionalidad en el accionar policial. En provincia de Buenos Aires quedó a cargo de la Policía el ex militar carapintada Sergio Berni, espía de los mineros huelguistas de Río Turbio en los ’90, defensor de la mano dura y especialista en la represión a los trabajadores organizados. El seudo-progresismo de la nueva versión del peronismo en el poder se agota cuando personajes como Berni asumen la tarea represiva. Inobjetable presencia de lo viejo en lo nuevo.

A 44 años del golpe genocida desde HIJOS La Plata seguiremos exigiendo, gobierne quien gobierne, y mucho más mientras haya víctimas directas del Terrorismo de Estado entre los funcionarios responsables de impulsar estas políticas, mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.

 LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 NO PUEDE AISLARNOS DE ESTAS REALIDADES DE IMPUNIDAD. 

SON 30 MIL, FUE GENOCIDIO.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.

BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.

NO AL 2X1. NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS EXCARCELACIONES.

BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.

SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN ESTATAL.

 
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