No es metodológico, es conceptual

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional le respondió a la nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederic, respecto al trabajo sistemático de relevamiento que realiza CORREPI año a año y que su antecesora macrista, Patricia Burllrich, trató de poner en cuestión. Tras esta respuesta la funcionario convocó a los referentes de la Coordinadora a una reunión, en la que le plantearon su agenda urgente.

Del encuentro con Frederic participaron Ismael Jalil y María del Carmen Verdú. “Nuestrxs compañerxs expusieron los principales puntos de la agenda urgente y necesaria que venimos promoviendo, con particular énfasis en la cuestión de las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, la extrema situación carcelaria y los protocolos de lógica bélica para la intervención de las fuerzas en contexto de manifestaciones y movilizaciones”, manifestaron desde Correpi.
“Entregamos a la ministra nuestro pliego de reclamos, que no puede esperar. Sabemos bien que la solución de fondo pasa por otro lado, pero hay mucho que se puede hacer desde el propio estado para evitar que sigamos como en estos últimos cuatro años, con una muerte a manos del aparato represivo estatal cada 19 horas”, sostuvo Jalil tras el encuentro. En el mismo marco, Verdú expresó: “Exigimos que de una vez por todas el estado argentino cumpla con la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio, que ordenó, en 2003, la derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias”

Compartimos a continuación las opiniones que la organización antirrepresiva había efectuado, previo a la reunión, tras las declaraciones de Frederic sobre el relevamiento anual que realiza Correpi:

Hace poco hubo una situación entre CORREPI, que tiene su información sobre violencia institucional, y la gestión anterior del Ministerio de Seguridad que salió a contestarle, y no se termina de entender qué parámetro usa uno y otro”, dijo la ministra de Seguridad Sabina Frederic en la entrevista publicada el lunes 16 de diciembre de 2019 por el diario Página/12.

La nueva titular del área en el gabinete nacional se refiere al “contrainforme”, que publicó su antecesora, Patricia Bullrich, en el tramo final de su gestión, bajo el nada sutil título “Ministerio de Seguridad versus CORREPI”, en el que la gestora de la Doctrina Chocobar trató de poner en cuestión los datos sobre personas asesinadas por el aparato represivo estatal que venimos registrando hace 24 años.

El intento fue un enorme fracaso, como quedó demostrado con las notas que publicamos en ese momento (ver MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN vs CORREPI  y CORREPI vs Bullrich: Algunas precisiones más sobre el “contrainforme”)

Llama la atención que la ministra Frederic afirme que “no se termina de entender” qué parámetro usa CORREPI y cuál usa Bullrich. No se trata de una mera cuestión metodológica, sino que hay una profunda divergencia conceptual, imposible de conciliar.

Para CORREPI, todo hecho en el que un integrante del aparato represivo mate a una persona desarmada, por la espalda, o cuando no generaba peligro real y concreto que no se pudiera neutralizar de otra manera, es responsabilidad del estado.

Para CORREPI, cualquier muerte bajo custodia -en una cárcel, una comisaría, un lugar de detención de niñxs y adolescentes, un patrullero- es responsabilidad del estado.

Para CORREPI, toda muerte o desaparición forzada en contexto de represión a la protesta o el conflicto social, es responsabilidad del estado.

Para CORREPI, todo femicidio cometido por un integrante del aparato represivo, es responsabilidad del estado.

Para CORREPI, toda muerte motivada por otras actividades criminales de las fuerzas en la inmensidad de delitos comunes que comete, es responsabilidad del estado.

Para CORREPI, las muertes intrafuerza (cuando “se matan entre ellos”, como decía Rodolfo Walsh, para resolver internas por caja o poder), son responsabilidad del estado.

Y no tomamos en cuenta ni lo que opinen los represores, ni lo que resuelvan jueces y fiscales. Demasiado bien sabemos que, si ése fuera un parámetro válido, ni Walter Bulacio podría estar incluido en el Archivo, ya que, para la justicia argentina, el comisario Espósito sólo cometió el delito de privación ilegal de la libertad.

Sabemos también que no será posible, ni para éste, ni para ningún gobierno, erradicar definitivamente herramientas represivas que son propias del sistema capitalista, pero también sabemos que hay una enorme cantidad de variables que pueden mejorar sensiblemente la situación crítica, de verdadera excepción, que nos dejó el gobierno saliente.

Por eso, insistimos en la necesidad inmediata de exigir el cumplimiento de la agenda mínima, pero urgente, que planteamos el viernes pasado en Plaza de Mayo.

Con la lucha organizada, con protagonismo popular y siempre en las calles, exigimos:

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